España pierde competitividad fiscal y se sitúa entre los países con peor diseño tributario de la OCDE

Madrid, 13 de julio de 2026. El presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, han presentado el informe “Competitividad Fiscal 2025. Una reflexión sobre la imposición en el turismo”, y mostrado los datos de la nueva edición en español del Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025 (International Tax Competitiveness Index 2025) elaborado por la Tax Foundation.

Los resultados del Índice muestran que España ocupa el puesto 34 entre los 38 países de la OCDE, con una puntuación de 57,9 puntos sobre 100, situándose en la parte baja de la clasificación y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea y 12,2 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE. Además, nuestro país ha perdido cinco posiciones desde 2018, lo que refleja un deterioro continuado de su competitividad fiscal relativa. Los países que lideran la clasificación (Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza o Luxemburgo), destacan por la existencia de sistemas tributarios más simples, neutrales y orientados a favorecer la inversión y el crecimiento económico. Por el contrario, las economías peor posicionadas suelen caracterizarse por una mayor complejidad normativa, una carga fiscal más elevada sobre la inversión y la presencia de impuestos que generan mayores distorsiones económicas.

Presión fiscal normativa total en las principales economías desarrolladas

Media UE=100. Año 2025

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos a partir de los datos del «Índice de Competitividad Fiscal 2025» de la Tax Foundation. *La media de la OCDE se ha obtenido como el promedio de los países que pertenecen a la OCDE. **La media de la UE se elabora a partir del promedio de los países de la UE que pertenecen a la OCDE.

A partir del Índice de Competitividad Fiscal, el IEE desarrolla el indicador de presión fiscal normativa, que aproxima la carga derivada del diseño legal del sistema tributario, y sitúa a España con una presión un 17% superior a la media de los países de la Unión Europea y un 18% por encima de la OCDE, evidencia del carácter estructural de la brecha de competitividad fiscal en España. La presión fiscal en términos de recaudación ha aumentado entre 2018 y 2024 en 2,3 puntos de PIB, mientras que la media europea descendió en 0,6 puntos. Además, parte de esta diferencia responde a factores estructurales, como el mayor desempleo y la economía sumergida, por lo que la convergencia con los niveles medios europeos en estos ámbitos podría elevar la recaudación en más de 39.000 millones de euros sin necesidad de aumentar los impuestos.

El esfuerzo fiscal confirma que la carga tributaria soportada por los contribuyentes españoles es elevada en relación con su capacidad económica. En 2024, España presenta un esfuerzo fiscal un 14,1% superior al promedio de la Unión Europea. Este resultado empeora si analizamos el esfuerzo fiscal directo, esto es, derivado de la imposición directa (fundamentalmente IRPF e IS), donde España soporta un esfuerzo 16,5% superior a la media de la Unión Europea.

Empresas más gravadas que en la mayoría de Europa

La fiscalidad empresarial ocupa un lugar central en este informe y constituye uno de los aspectos más preocupantes del diagnóstico porque influye, directamente, en las decisiones de inversión, contratación, ampliación de capacidad productiva, innovación y localización de proyectos. Para las empresas, la competitividad fiscal no depende únicamente del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, sino de la carga fiscal efectiva que soporta una inversión, de las cotizaciones sociales empresariales, de la complejidad normativa y de la estabilidad del marco tributario.

Los datos reflejan que España soporta una presión fiscal empresarial superior a la media europea, tanto en términos de recaudación como de PIB. En 2024, las empresas aportaron el 33,9% de los ingresos públicos, frente al 26% de la UE-27, y su carga fiscal equivalió al 12,5% del PIB, por encima del promedio europeo del 10,3%. Además, entre 2018 y 2024 esta presión aumentó con más intensidad en España que en la UE. Esta evolución confirma un endurecimiento relativo de la fiscalidad empresarial, con posibles efectos sobre la inversión, la competitividad y la capacidad de crecimiento de las empresas.

Como parte del sistema fiscal, el Impuesto sobre Sociedades y la tributación del capital sitúan a España en una posición relativamente desfavorable frente a su entorno europeo. El tipo nominal del impuesto alcanza el 25%, por encima de la media de la UE, y la carga combinada sobre beneficios distribuidos (al sumar el impuesto sobre sociedades y dividendos) llega al 47,5%, frente al 38,8% europeo. A ello se añaden unas cotizaciones sociales empresariales elevadas, equivalentes al 9,5% del PIB, frente al 7,1% de la UE.

La complejidad normativa agrava el problema

La complejidad fiscal es un factor clave de competitividad, ya que las empresas no solo soportan el coste de los impuestos que pagan, sino también el esfuerzo administrativo necesario para cumplir con sus obligaciones. En España, este problema resulta especialmente relevante para las pymes, con menor capacidad para asumir costes de asesoramiento, adaptación normativa y gestión. Según el Índice de Complejidad Fiscal, España registra un valor de 114,8, por encima de la media de la UE, situada en 100, y de la OCDE, en 103,4. Esta mayor complejidad se refleja, asimismo, en los costes de cumplimiento tributario: la mediana de horas que las empresas españolas dedican, anualmente, a preparar, presentar y pagar impuestos asciende a 150 horas, frente a las 113 horas en la Unión Europea y 92 horas en la OCDE. Esto confirma que la desventaja fiscal española también es regulatoria y administrativa.

El turismo, amenazado por una posible subida del IVA

El informe incorpora además un análisis específico del profesor Fernando Pinto Hernández sobre la propuesta de la Comisión Europea de elevar el IVA reducido aplicado a hoteles y restaurantes hasta el tipo general del 21%. Su conclusión es que, frente al argumento recaudatorio y al supuesto limitado efecto redistributivo del tipo reducido, elevar el tipo al 21% supondría un error de política económica, al encarecer una actividad altamente sensible al precio, con márgenes estrechos y en directa competencia internacional como es la exportación de servicios.

Así mismo, el análisis subraya que el turismo constituye un sector estratégico para la economía española, con un peso en el PIB del 12,6% según la información de las Cuentas Satélite del Turismo para el año 2024. Además, da empleo a casi 2,8 millones de trabajadores y es el principal exportador de servicios del país, con un saldo turístico de 68.400 millones en el año 2024. En el año 2025 nuestro país recibió 96,8 millones de turistas, que gastaron casi 135.000 millones de euros.

Entre los argumentos que se destacan para que no se lleve a cabo esta subida cabe señalar los siguientes:

• El IVA del turismo grava, en la práctica, una exportación. Encarecerla mediante impuestos indirectos equivale a aplicar un arancel a nuestras propias ventas al exterior.
• La demanda turística es muy sensible al precio. Por lo que una subida de precios desplazaría visitantes hacia nuestros principales competidores como son Grecia, Italia, Croacia, Turquía, o el norte de África, entre otros.
• Los márgenes del sector son estrechos. Así que el aumento de once puntos de IVA no podría absorberse sin trasladar precios, cerrar establecimientos o destruir empleo.
• El precedente histórico es claro. Portugal subió el IVA de la restauración del 13% al 23% en 2012. El resultado fue el cierre de establecimientos, la destrucción de empleo y un descenso de la recaudación. En 2016 el Estado luso revertió la medida, devolviendo el IVA al 13%. Irlanda repitió el mismo patrón con su tipo del 9% y Alemania, ha rebajado el IVA de la restauración hasta el 7% desde enero de 2026.
• Además, el sector es intensivo en empleo. Penalizar fiscalmente al sector tiene un coste laboral y recaudatorio indirecto que los análisis estáticos rara vez contabilizan.

Por tanto, se incide en que el tipo reducido no es un privilegio fiscal injustificado, sino un instrumento coherente con la naturaleza exportadora, intensiva en empleo y muy sujeta a competencia exterior como es el turismo español. Su eliminación desplazaría demanda hacia otros destinos, pondría en riesgo empleos y actividad y los precedentes históricos muestran que el esperado aumento en la recaudación no llegaría a materializarse. Es muy necesario señalar la necesidad de evaluar las decisiones tributarias no solo por su impacto recaudatorio inmediato, sino también por sus efectos sobre la competitividad, la actividad económica y la capacidad de generación de bases imponibles a medio y largo plazo.

Una reforma orientada al crecimiento

Como resultado del informe se destaca que es necesario avanzar hacia una reforma fiscal que reduzca distorsiones, simplifique las obligaciones tributarias y refuerce la seguridad jurídica y la estabilidad normativa. En un contexto de economía abierta y creciente competencia internacional por atraer inversión, talento y proyectos empresariales, España necesita un marco tributario más favorable a la actividad productiva, la contratación, la innovación y el crecimiento empresarial. Mejorar la competitividad fiscal no implica renunciar a la suficiencia recaudatoria, sino construir un sistema capaz de generar bases imponibles más amplias y sostenibles, apoyado en una economía más dinámica, productiva y creadora de empleo.

ANEXO

Clasificación por puntuación del Índice de Competitividad Fiscal. Año 2025

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos a partir de datos del «Índice de Competitividad Fiscal 2025» de la Tax Foundation. Los colores se han fijado en función de su puntuación y posición en la tabla. Menos de 50, rojo; entre 50 y 70, amarillo; entre 70 y 100, verde.