Valoración de la actualización del Programa de Estabilidad y Programa Nacional de Reformas 2020

El Gobierno ha presentado la actualización del Programa de Estabilidad 2020 y el Programa Nacional de Reformas 2020 (PNR 2020). La crisis sanitaria del Covid19 y su repercusión sobre la actividad económica centran el análisis, las previsiones y las actuaciones aquí contempladas.

El Gobierno reconoce en su cuadro de previsiones un impacto negativo de la actividad para los próximos años, que está teniendo sus primeros efectos recogidos en la caída del PIB del primer trimestre del 5,2%, pudiendo alcanzar hasta un 20% en el segundo. Se reconoce, también, el importante impacto que va a tener esta crisis sobre las cuentas públicas, pasando el déficit público del 2,8% al 10,3% en el periodo 2019 -2020. Este punto de partida presenta, aunque con retraso, un nuevo escenario de previsiones para el 2020 que resulta bastante compatible con las grandes instituciones nacionales e internacionales (FMI, Banco de España, CEOE, etc) y debe valorarse positivamente.

El problema es que, si bien es cierto que, la pandemia puede servir de justificación material al deterioro de la actividad y las finanzas públicas, es posible que algunas acciones planteadas han podido agravar y no amortiguar su impacto económico y presupuestario. De partida, la duración de las restricciones a la movilidad y a la actividad empresarial, que se están llevando a cabo como medidas sanitarias, van inexorablemente a un deterioro económico superior, que en la medida que se traduzca en una mayor destrucción de empresas, más tarde y dificultosa será la recuperación.

En principio, este es un choque transitorio pero especialmente intenso, ya que combina oferta y demanda que, sólo debería ocasionar, salvo excepciones muy limitadas, aumentos cíclicos (temporales) del gasto público y no del gasto estructural. Pues bien, según el Programa de Estabilidad la mayor variación del gasto debida al Covid que es la de los Erte -y que consideramos necesario prolongar en el tiempo más allá del estado de alarma- es de cuantía inferior a los aumentos pasados y no corregidos del gasto corriente estructural en el último año.  De cualquier modo, con un aumento tan intenso del peso del gasto público en términos de PIB, cifrado en diez puntos porcentuales entre 2019 y 2020, se echan en falta más medidas directas de apoyo a la actividad productiva, porque las medidas de avales que son hasta ahora la otra pata de apoyo, aunque insuficientes, han resultado muy positivas y no tienen efecto sobre el déficit ya que son sólo un pasivo contingente.

Los ingresos públicos, que no dejan de ser la contribución o carga que soporta la actividad productiva para financiar las necesidades públicas, no van a tener el comportamiento que uno esperaría en esta situación. Al no haber apenas acometido reducciones de impuestos sobre las empresas, para ayudarlas a compartir las pérdidas de esta crisis, las medidas de aplazamiento de liquidaciones resultan por si solas insuficientes para aliviar esta carga. De hecho, a pesar del juego de los estabilizadores automáticos, se plantea una subida de la presión fiscal nominal recaudatoria (peso de los ingresos públicos respecto al PIB) de dos puntos porcentuales entre 2019 y 2020. Esta disfunción retrasará y dificultará el escenario de salida. El plantear un déficit superior al 10% para este año sin acompañar de un plan integral y contundente de la mejora de la eficiencia del gasto público multiplica el riesgo de subida de impuestos a futuro, cuyos efectos negativos se manifiestan ya por la vía del deterioro de las expectativas. Un compromiso creíble de que no se van a subir los impuestos ni cotizaciones sociales sobre las empresas puede ser una importante e inmediata medida de oferta sin efectos sobre el déficit.

Por otra parte, debe mantenerse el impulso de las reformas estructurales que forman parte del PNR 2020, sin que en ningún momento se produzca un retroceso de las reformas ya realizadas o comprometidas. Ésta es la garantía del aumento del crecimiento potencial de la economía y, por lo tanto, de sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. De esta forma, se echa en falta que este Programa Nacional de Reformas asuma una mayor responsabilidad en reformas estructurales que garanticen un entorno que permita una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de las empresas ante situaciones adversas como las actuales. Es importante, actuar a corto plazo, pero ello no es incompatible con planificar las acciones para que nuestra salida de la situación no sólo sea lo más rápida posible, sino también encaminada a hacer un país más moderno y competitivo para afrontar, entre otros, los retos de la digitalización, transición energética y envejecimiento demográfico. 

Una línea prioritaria y esencial en la estrategia de normalización y reactivación es configurar un clima y entorno que genere expectativas positivas para la inversión y la actividad empresarial, ya que cada semana cuenta. Esta es la garantía para promover la actividad empresarial y para que los efectos coyunturalmente negativos que la crisis ha tenido sobre el empleo no tengan un carácter permanente en una economía, como la española, que ya presentaba elevadas y persistentes tasas de paro. Como la presente crisis sanitaria ha evidenciado, es mucho más fácil y menos costoso prevenir que curar, es decir, evitar la desaparición de empresas, reduce y limita el desempleo y sus cuantiosos costes sociales, esto es, un efecto neto menor y por lo tanto, más sostenible, sobre las cuentas públicas.  

Los desafíos planteados por su importancia son del país en su conjunto, ya que nos jugamos mucho. Por ello, el Gobierno debe utilizar obligadamente palancas de consenso como el dialogo social y plantear medidas técnicas bien enfocadas y ortodoxas, ya que esto facilitaría los consensos políticos y sociales y aceleraría la implementación y eficacia de los obligados planes de normalización e impulso de la actividad económica.