Unos PGE-2023 que siguen penalizando impositivamente a la empresa

Madrid, 24 de octubre de 2022. El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado el informe “Los Presupuestos Generales del Estado para 2023”, que se enmarcan en un contexto de desaceleración económica, elevada incertidumbre, endurecimiento de las condiciones financieras y elevado desequilibrio fiscal y financiero de nuestro sector público.

Ausencia de una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo

En el conjunto del periodo 2018-2023 se han acentuado significativamente nuestros desequilibrios en el ámbito del saldo presupuestario estructural y del endeudamiento público.  En el contexto europeo España sigue siendo uno de los países cuyo sector público lleva más retraso en el proceso de consolidación fiscal, tiene un mayor déficit estructural y está entre los más endeudados de Europa.

Con máximos históricos de gasto e ingresos apenas se reconduce este desequilibrio fiscal, que sigue siendo uno de los grandes retos pendientes de la economía española. Se manifiesta, pues, una falta de estrategia de consolidación de las cuentas públicas a medio y largo plazo, que es la mejor herramienta para establecer una orientación fiscal y garantizar de manera creíble y realista la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por estas razones, el IEE considera que estos Presupuestos Generales no son adecuados para la economía española. En un momento especialmente incierto de ralentización económica y endurecimiento de las condiciones financieras, es importante poner el foco en la consolidación presupuestaria vía eficiencia del gasto público y atenuar la desaceleración.

Esto resulta incompatible con las subidas tributarias sobre las empresas, en un contexto de fuertes incrementos de costes empresariales, tanto por las tensiones en los precios de las materias primas y la energía, como por los incrementos de costes laborales, derivados de los aumentos del salario mínimo y de las cotizaciones sociales. Para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico y nuestra credibilidad hacia el exterior es importante que los Presupuestos sean prudentes en la estimación de los ingresos y en los compromisos de gastos. Unos requisitos que, como se puede ver en el análisis que hacemos en este informe, el proyecto de Presupuestos no cumple.

Unas previsiones optimistas en un contexto de incertidumbre extrema con riesgos claramente a la baja

El escenario actual es de extrema incertidumbre, con un contexto internacional que viene marcado por la elevada inflación y por la aceleración en el endurecimiento de la política monetaria. A ello se unen fuertes tensiones geopolíticas, con la guerra en Ucrania como principal preocupación, y el problema del suministro del gas en Europa. A estos factores hay que sumar los problemas en las cadenas de suministro, que todavía continúan, lo que está derivando en una sensible ralentización de la economía mundial.

Por todo ello, y a la luz de las últimas revisiones de la mayoría de las instituciones nacionales e internacionales, las previsiones presentadas por el Ejecutivo en los PGE, con un crecimiento del PIB del 2,1% en 2023, lejos de poder calificarse como conservadoras, se posicionan, más bien, en un rango optimista. De este modo, el crecimiento económico de España para el año que viene va a ser, de manera muy probable, inferior al previsto en los presupuestos. En concreto, la OCDE prevé un avance del PIB en 2023 del 1,5% y el FMI del 1,2%. También desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE), anticipamos un crecimiento del PIB del 1,2% para el año que viene, y los riesgos son claramente a la baja.

Además, de la compleja coyuntura económica descrita, hay que tener en cuenta que la economía española se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido al elevado nivel de déficit y de endeudamiento del sector público. Según previsiones del Ejecutivo, la economía española finalizará 2022 con una ratio de deuda pública sobre PIB del 115,2%, una de las más altas de la UE, y las perspectivas de reducción en años venideros, son a todas luces insuficientes.

A su vez, y según las previsiones incluidas en los PGE, la ratio de déficit público sobre PIB cerraría en el -5% del PIB este año, y en el -3,9% del PIB el próximo ejercicio. Estos niveles están todavía muy alejados de los estándares requeridos por Europa sobre estabilidad presupuestaria (-3% del PIB) y son mucho más abultados que los registrados en 2019, a pesar de que se superan los niveles de PIB nominal prepandemia. La situación en términos de déficit estructural es aún peor, no solo por la magnitud del saldo (por encima del -4% del PIB), uno de los más elevados de toda la UE, sino porque se ha empeorado claramente respecto a los niveles precrisis.

Todo ello en un contexto en el que la política monetaria ha comenzado a normalizarse, de modo que las condiciones de financiación se están endureciendo y seguirán haciéndolo progresivamente, aumentando el coste de financiación de nuestros déficits. Ello, a su vez, deteriora las perspectivas de crecimiento económico y reduce el volumen de financiación disponible para el sector privado, condicionando negativamente la inversión empresarial y el crecimiento potencial de la economía.

Este escenario macroeconómico y la situación de las finanzas públicas deberían haber sido motivo suficiente para presentar unas cuentas públicas donde se manifestara un claro compromiso por la consolidación fiscal. Sin embargo, no es así. El gasto vuelve a marcar un máximo histórico, principalmente el gasto corriente, y se sigue confiando en una fortaleza excepcional de los ingresos, que aumentan, no solo por el efecto de la inflación, sino también por medidas discrecionales de aumentos impositivos.

Se incrementa sensiblemente el gasto público estructural

De este modo, el gasto total del Presupuesto consolidado de los presupuestos aumenta en un 10,7% con respecto al ejercicio anterior. Incluso excluyendo el gasto proveniente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el total del Presupuesto consolidado se incrementa en cuantía similar mientras que el total de operaciones no financieras presenta un crecimiento del 6,2%, lo que muestra el carácter fuertemente expansivo de este Presupuesto independientemente de la aportación de los fondos comunitarios.

La evolución del Gasto Público planteada en los PGE-2023 refuerza la dinámica de la inflación de la economía española, puesto que algunas de las partidas de gasto corriente (pensiones y sueldos de los funcionarios) que mayor contribución tienen al crecimiento del gasto presupuestado en 2023 están indexadas a la evolución del IPC del periodo anterior. Ello traslada, no solo una necesidad de mayores ingresos futuros, sino que ejerce una mayor presión sobre la inflación a través de los efectos de segunda ronda y restan eficacia a las medidas adoptadas para la contención de los precios que están incluidas en estos PGE-2023.

Aumenta significativamente la presión fiscal, y, sobre todo, la presión fiscal empresarial

Los ingresos tributarios presupuestados para 2023, por importe de 262.781 millones de euros, son los máximos de la historia de España y superan las cifras de 2019, anteriores a la pandemia, en casi 50 mil millones de euros. O lo que es lo mismo, ante un incremento del PIB nominal del desde 2019 del 11,5% (si se cumple las previsiones para 2023), la recaudación se incrementa en un 23,4%, es decir, más del doble. Ello supone un aumento muy significativo de la presión fiscal que alcanza un 42,1% para 2022, con una subida estimada de más de una décima en 2023, hasta el 42,3% en un momento de gran incertidumbre económica.

La recaudación sube en todos los impuestos principales. Por ejemplo, en IRPF se prevé un incremento de recaudación del 7,7% y en el IVA del 5,9%. Pero llama especialmente la atención el aumento de recaudación y la carga fiscal adicional que se aplica al tejido empresarial. Por el Impuesto sobre Sociedades, la recaudación estimada se incrementaría en un 7,7%, con una subida acumulada de un 20% desde la situación anterior a la pandemia, tras una situación de crisis económica que ha llevado a muchas empresas a acumular pérdidas. A lo que se suma también el aumento de la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social en un 11,54%, debido fundamentalmente a la subida de las bases máximas de cotización en un 8,6%.

Estas subidas del Impuesto sobre Sociedades (IS) y de las cotizaciones sociales hace que la presión fiscal empresarial (en su expresión de Impuesto de Sociedades más cotizaciones) haya pasado de un 10,3% en 2019 a un 10,7% en 2022 y llegará a una cifra superior al 11% para 2023, alejándonos cada vez más de la media de la UE que se sitúa por debajo del 10%.

De las medidas fiscales anunciadas para 2023, son las empresas las que soportan en su mayor parte el incremento de impuestos. En concreto, recae sobre las empresas tres cuartas partes del total, 4.235 millones. En un contexto de desaceleración económica, en el que están aumentando los costes para las empresas por diversas vías (tanto materias primas, como energía, como laborales), es un error añadir aún más cargas a nuestras empresas mediante el incremento, también, de los costes fiscales. Esta penalización de la actividad de nuestro tejido empresarial irá en detrimento de la generación de riqueza y de empleo, y supone una pérdida de competitividad muy preocupante en un mundo cada vez más globalizado, con una creciente movilidad de capitales y de personas.

La mejor manera de incrementar la recaudación tributaria es recuperar la actividad económica pérdida, lo que no se producirá, o requerirá más tiempo, si se incrementa la presión fiscal a las empresas. Las subidas de impuestos buscando la recaudación a corto plazo, sin una suficiente evaluación previa de sus efectos, se apartan del diseño de un sistema fiscal óptimo, que favorezca el crecimiento económico, a la altura de la gravedad de nuestra situación.