Una contrarreforma laboral y una subida de impuestos directos acortarían la expansión
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El IEE prevé un crecimiento de la economía española del 2,1% para el próximo año.
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El informe señala que la inercia expansiva de nuestra economía se va debilitando.
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Desde el IEE se indica que es imprescindible acometer reformas en la política fiscal y en la estructura tributaria.
Madrid, 17 de diciembre de 2018. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado su informe de Coyuntura Económica número 69, elaborado a partir de las conclusiones obtenidas en la reunión celebrada el 28 de noviembre, en la que participaron destacados economistas del sector privado y de la Universidad. El informe presentado por José Luis Feito, Presidente del IEE, bajo el título ‘Una contrarreforma laboral y una subida de impuestos directos acortarían la expansión’, indica que España ha seguido creciendo de forma relativamente vigorosa en comparación con las grandes economías europeas, aunque a menor ritmo que el año pasado. En 2019 se espera que crezca un 2,1%. Sin embargo, las medidas propuestas para los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, que incluyen un incremento significativo del gasto público y de los impuestos directos, si se llegan a implementar, serían un riesgo para el crecimiento de España a medio plazo. La previsión para el crecimiento del empleo en 2019 es del 1,9%, lo que dejará la tasa de desempleo media anual en el 14,2%. Mientras que para la inflación se espera un descenso de la tasa general, siempre que el precio del petróleo se estabilice. En el año 2019, la dinámica de crecimiento de la economía española, aunque desacelerándose, seguirá siendo positiva. Pese a ello, dependiendo del Gobierno que se vaticine en las próximas elecciones generales o del que efectivamente se acabe conformando y dependiendo de las políticas económicas que se acaben implementando, el crecimiento puede verse afectado. La posibilidad de que se reviertan las reformas de los últimos años, entre otros ámbitos, en el mercado laboral, puede afectar negativamente a las expectativas de los agentes económicos, y, entre otros factores, la inversión empresarial se vería perjudicada, reduciendo la capacidad de crecimiento de la economía española, con especial intensidad en el año 2020. La principal vulnerabilidad de la economía española la constituyen el elevado nivel de endeudamiento y el déficit públicos. Por definición, unos niveles elevados de deuda y de déficit públicos indican que el gasto público actual es superior al que se puede garantizar con los actuales niveles impositivos. Para situarnos en una senda de consolidación presupuestaria es imprescindible, ante todo, que no se incremente el gasto público no comprometido y que se acometan reformas que potencien la capacidad productiva de nuestra economía. En un horizonte de corto plazo es imprescindible acometer reformas en la política fiscal y en la estructura tributaria, o, en su defecto, no llevar a cabo medidas que vayan en contra del crecimiento de la economía española. Más a largo plazo sería necesario continuar con reformas, por el lado de la oferta y en la regulación tanto del mercado laboral como del sistema de pensiones, que vayan en la dirección de aumentar nuestro crecimiento potencial y aseguren la sostenibilidad de las cuentas públicas. En este sentido, las propuestas de aumento de gasto público, de subida de impuestos, así como la contrarreforma del mercado de trabajo, con medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, dificultan la senda de consolidación necesaria de la economía española y, al mismo tiempo, perjudican nuestro crecimiento potencial y a los colectivos de trabajadores más vulnerables. Este incremento ralentizaría la creación de empleo a tiempo completo, fomentaría la contratación a tiempo parcial y la economía sumergida y elevaría el paro estructural de los jóvenes y de los que tienen un menor nivel de cualificación. Por otro lado, la indiciación de las pensiones de jubilación durante los años 2018 y 2019, así como el incremento del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, generan un aumento a corto plazo del déficit del sistema de Seguridad Social. Sin reformas profundas en el sistema de pensiones español, no existe ninguna combinación de impuestos que consiga hacer frente al incremento del gasto público que se derivará del envejecimiento poblacional. En la propuesta de Presupuestos para 2019 se propone el incremento de los principales tributos directos, como son el Impuesto sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como el destope de las cotizaciones sociales. Pero para reducir nuestra elevada deuda externa neta, la política impositiva adecuada sería reducir la carga impositiva sobre sociedades, reducir las cotizaciones a la Seguridad Social y rebajar la tributación del ahorro. Para que la disminución de las cotizaciones sociales, y la de los impuestos sobre el ahorro, sean compatibles con la reducción del déficit y del endeudamiento públicos es necesario acompañarlas de una subida de algunos precios públicos, y de impuestos indirectos. Hay una inercia expansiva que va a continuar como consecuencia, en primer lugar, de las reformas estructurales acometidas en los últimos años, entre las que cabe destacar la reforma laboral y la reforma de las pensiones; y, en segundo lugar, por distintos factores exógenos, que están contribuyendo a impulsar el crecimiento de nuestra economía. Entre ellos, el descenso de los tipos de interés y la bajada del precio de las materias primas han contribuido positivamente al crecimiento de la demanda nacional, a través tanto del consumo privado de los hogares como mediante una mayor inversión empresarial. Sin embargo, si en lugar de llevar a cabo políticas de ajuste que ayuden a reducir las todavía abultadas deuda pública y exterior de nuestra economía, se ponen en práctica políticas fiscales peores que las que se han aplicado en el pasado, la situación puede empeorar bruscamente a partir del año 2020. Si además de no realizar las reformas adicionales necesarias, se acometen contrarreformas, la confianza de los agentes económicos se deteriorará y, con ello, las expectativas de crecimiento, configurándose así una situación económica complicada y preocupante.