El IEE presenta el informe de Coyuntura Económica “No se puede salir de la crisis sin reformas ambiciosas”

[highlight style="color"] El IEE ha presentado un informe de coyuntura económica, tras la reunión celebrada el pasado mes de noviembre. Bajo el título de “No se puede salir de la crisis sin reformas ambiciosas”, el informe insiste en la necesidad de acometer reformas serias y profundas. Entre las medidas que se deben tomar destacan las reformas estructurales del sistema financiero, del mercado laboral y del sistema de pensiones. [/highlight] Madrid, 16 de diciembre de 2010. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado su informe de coyuntura número 53, elaborado a partir de las conclusiones obtenidas en la reunión celebrada el 26 de noviembre, en la que han participado destacados economistas del sector privado y de la Universidad. En el acto han intervenido José Luis Feito, Presidente del IEE, Juan E. Iranzo, Director General, y Gregorio Izquierdo, Director del Servicio de Estudios de dicha institución, los cuales han analizado la evolución económica nacional e internacional así como las perspectivas para los próximos meses. El informe destaca la incertidumbre, la desconfianza, la crisis financiera, la crisis fiscal de algunos estados y la ‘guerra de divisas’ que están ensombreciendo el panorama económico mundial en el tramo final de 2010, del que sólo las economías emergentes y Alemania han logrado escapar. Por ello es necesario diseñar un nuevo orden económico mundial, con el fin de coordinar las estrategias económicas y evitar las guerras de divisas y las políticas de empobrecimiento del vecino. En España, aunque se han abandonado las tasas negativas de crecimiento del PIB, persiste un grado de incertidumbre más elevado aún, si cabe. Apenas se ha avanzado en la corrección de nuestros desequilibrios, el potencial de crecimiento es muy débil, el recorrido de las medidas para reducir el déficit público no va más allá de 2011, las reformas estructurales son insuficientes y a todo esto hay que añadir los ataques sufridos por nuestra deuda en los mercados internacionales durante las últimas semanas. Previsiones macroeconómicas La tenue recuperación de la economía española perdió intensidad en el tercer trimestre del año por la compensación del efecto adelanto sobre el consumo de los hogares, derivado del aumento del IVA el 1 de julio y de la eliminación de los estímulos a la compra de automóviles. Dicho efecto adelanto impulsó el consumo y, por tanto, el crecimiento del PIB, por encima de su tendencia en el trimestre anterior, efecto que se ha visto compensado, como ya se esperaba, en el tercer cuarto del año. La previsión del IEE sobre el PIB para el año próximo es de 0,5%, lo que indica que se producirá un crecimiento muy modesto, por lo que sería más apropiado hablar de estancamiento económico que de recuperación. En relación con el mercado laboral, según la EPA, en el tercer trimestre del año creció el número de ocupados casi en 70.000, por el incremento del empleo público y por motivos estacionales. Si eliminamos la estacionalidad de las cifras anteriores, el resultado es un descenso en el número de ocupados de unos 50.000 en el segundo trimestre y de unos 30.000 en el tercero. La mejoría del tercer trimestre, no obstante, responde únicamente al incremento del empleo en el sector servicios, puesto que el empleo en la industria y en los servicios presentó una evolución peor que en el periodo anterior. Dicha caída, junto con el aumento de la población activa, ha dado lugar a un nuevo incremento en el número de desempleados que ha colocado la tasa de paro en el 20,2%. Para 2011 se prevé una nueva reducción en el empleo, si bien más moderada que la esperada para el conjunto de 2010: un -0,5% frente a un -2,2%, respectivamente. La tasa de paro se elevaría unas décimas, desde el 20,1% previsto para 2010 hasta un 20,3% para 2011. Por otro lado, la tasa general de inflación mantuvo una trayectoria alcista desde el mes de marzo, situándose en el tramo final del año en niveles de en torno al 2,3%, tasa que podría situarse en 2011, al igual que en 2010, en el 1,6%, si bien este resultado está condicionado por la evolución del precio del petróleo y por la cotización del euro. Reformas estructurales Actualmente, nos encontramos en un clima de incertidumbre que, en parte, ha creado nuestra clase política, ya que aunque algunas medidas recientes están bien orientadas, se quedan demasiado cortas. Nuestra economía se va a enfrentar a riesgos muy importantes, procedentes, en primer lugar, de la delicada situación de las entidades financieras españolas, especialmente las cajas de ahorros, en un contexto de acceso cada vez más difícil y caro a la financiación privada internacional, por lo que se debería continuar con la reestructuración del sistema financiero español. Los test de estrés confirmaron la robustez de nuestro sistema financiero salvo contadas excepciones. Un paso atrás en este campo son las propuestas planteadas de aplicar impuestos o tasas específicas al sector financiero, ya que las mismas incidirían directamente de forma negativa en sus recursos propios con la consiguiente carga añadida para la recuperación y el coste del crédito. Aunque se inició tarde, la reestructuración de las Cajas de Ahorro está avanzando razonablemente bien, mediante la mejora de las estructuras de funcionamiento e incentivos y la desvinculación de la obra social del negocio bancario propiamente dicho. Además, otro importante motivo de inquietud es el riesgo de que la crisis de la deuda soberana siga trasladándose a la deuda española. España se mueve en el filo de la navaja y cualquier indicio de relajación en el cumplimiento del compromiso de reducción de déficit o en el avance en las políticas de reformas estructurales. Así que para impulsar y garantizar el crecimiento económico también es imprescindible una reestructuración del gasto que obligue a recortar el mismo, eliminando todas las partidas improductivas y adoptando medidas orientadas a maximizar la eficiencia en la gestión y en la actuación de las diferentes Administraciones Públicas. Se ha de recuperar la confianza de los inversores internacionales, sobre todo tras los capítulos vividos en los últimos meses, con las intervenciones de Grecia e Irlanda, estando ahora en el ojo de mira Portugal y España. Y ya se ha empezada con la reducción del déficit público, cuyo saldo negativo acumulado hasta septiembre de 2010 fue inferior en un 47% al alcanzado en el mismo mes de 2009. Los ingresos públicos han crecido de forma considerable. A esto hay que sumarle la supresión de la desgravación de 400 euros, la subida del IVA y la modesta recuperación de la economía. El aumento de los ingresos se ha conjugado, a partir de julio, con una reducción del gasto público, debido a la disminución de los salarios de los empleados públicos y al fuerte recorte de la inversión pública. En cualquier caso, la previsión de déficit para el conjunto de las AA.PP. en 2010 es ligeramente superior al objetivo del gobierno, un 9,5% del PIB. También lo es en el caso de la previsión para 2011,  un 6,5% del PIB.  Solo un impulso rotundo en el camino de las reformas estructurales, entre ellas la reforma de la Administración Pública, que permitiría un avance significativo en el camino de la corrección del déficit público, sobre todo de cara, no ya a 2011, sino a los años posteriores. Por otro lado, se tendrían que reducir los impuestos empresariales, ya que es la vía más efectiva para recuperar la competitividad y, por ende, el crecimiento y el empleo, sin olvidar que el tipo del Impuesto sobre Sociedades sigue siendo de los más altos de Europa, por lo que habría que replantearse el mismo, y recuperar los incentivos que funcionaron en la anterior crisis, como la exención por reinversión o la deducción por nuevos activos fijos. Además, para compensar el incremento del IVA se deberían reducir las cotizaciones sociales empresariales que gravan la contratación y aumentan los costes de nuestras empresas con relación a las foráneas. Otro de los problemas en España, es la sanidad, por lo que habría que hacer una reforma de ese gasto público a través del copago que disuadiría la demanda excesiva, reduciría el gasto sanitario y aliviaría las ineficiencias. Otra medida que se debería de abordar con urgencia es la reforma del mercado de trabajo, mediante la modernización de las relaciones laborales. El problema en España es la rigidez. No es admisible que, con una estructura productiva como la nuestra, con múltiples actividades de naturaleza estacional y en la que se pretende el mantenimiento de unas excesivamente elevadas indemnizaciones por despido, se plantee endurecer las fórmulas de contratación temporal, limitándolas a dos años y encareciendo la cuantía de su indemnización. La consecuencia inevitable será una pérdida de la parte de los contratos que hasta ahora se hacían bajo esta fórmula, como si nos sobraran empleos. Si se quiere fomentar la contratación indefinida es un avance limitar el coste de su despido a 33 días, pero mejor hubiera sido disminuirlo más para incitar a la contratación en un momento de crisis como el actual. Tampoco es aplazable el debate del sistema contributivo de pensiones, ya que corremos el riesgo de quiebra del sistema por el envejecimiento demográfico, así como por el aumento de desempleo. También se agrava por la acumulación de deuda pública que reduce los márgenes para financiar el futuro desequilibrio de las pensiones al aumentar el peso fiscal que tendrán que soportar las futuras generaciones. En definitiva, cualquier proceso de cambio genera incertidumbre y, normalmente, requiere realizar sacrificios. La sociedad española, agotada de sufrir las consecuencias de la crisis, no sólo exige estos cambios sino que, además, está suficientemente preparada para afrontarlos. Es hora de dejar de lado los prejuicios y las ideologías, comenzar a recorrer la senda que culmine en una sociedad en la que el bienestar y la libertad de todos los agentes estén garantizados. No está de más recordar que la mejor vía para recuperar el crecimiento es la de apostar por la libertad de empresa en un contexto de libre mercado en el que se garanticen, adecuadamente, los derechos de propiedad.