El IEE presenta el informe de coyuntura económica "El problema del riesgo soberano"

Madrid 8 de julio 2010. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado su informe de coyuntura número 52 correspondiente a julio de 2010, elaborado a partir de las conclusiones obtenidas en la reunión celebrada el 28 de mayo, en la que participaron destacados economistas del sector privado y de la Universidad. Durante el acto celebrado esta mañana en su sede, han intervenido José Luís Feito, Presidente del IEE, Juan E. Iranzo, Director General, y Gregorio Izquierdo, Director del Servicio de Estudios de dicha institución, los cuales han analizado la evolución económica nacional e internacional y las perspectivas para los próximos meses. Cuando el sistema financiero internacional todavía no se había recuperado de la crisis iniciada en 2007, ha estallado un nuevo episodio de turbulencias en Europa, con origen en el riesgo soberano derivado del fuerte incremento de los déficit y de los niveles de endeudamiento públicos. Esta nueva crisis, que ha llegado a poner en serio peligro la supervivencia misma del euro, ha servido para evidenciar las enormes deficiencias estructurales sobre las que se ha asentado el proceso de creación de la Unión Económica y Monetaria. Por ello, ha surgido un dilema: si se reducen los déficit públicos de carácter estructural demasiado deprisa, la recuperación económica podría sufrir un frenazo; pero si, por el contrario, la consolidación presupuestaria no se planifica con determinación y coherencia, y se pone en marcha ya, la confianza de los agentes económicos caerá y los tipos de interés, a medio y a largo plazo, subirán. Ésta es la razón por la que se ha producido una quiebra de la confianza en la economía europea y en la moneda común. Por primera vez en la historia del euro, un Estado miembro estuvo a punto de quebrar y otros cuatro, entre ellos España, se situaron en el punto de mira de los mercados de capitales. Es urgente restablecer la confianza en el buen funcionamiento de la zona del euro, lo que exige políticas contundentes de estabilidad macroeconómica -sanear las Cuentas Públicas y controlar la inflación- y de eficiencia microeconómica -reformas estructurales que eleven el potencial de crecimiento de la economía-. Ésta debería ser la principal tarea del Gobierno español. La crítica situación de la economía española justifica la urgencia de acometer un programa de consolidación presupuestaria que sea creíble y orientado a sentar las bases del crecimiento. El saneamiento de las finanzas públicas debería comenzar fijando los límites al crecimiento tanto del gasto como de las posibilidades de endeudamiento, no sólo del Estado sino también de las Administraciones Territoriales. Por otro lado, los sacrificios en partidas que hasta ahora se consideraban intocables, ha de interpretarse en clave de señal. La contención salarial tendría el efecto añadido de servir de anclaje a la negociación colectiva, con el consiguiente freno a la destrucción de empleo. Aun asumiendo que las medidas son insuficientes para la magnitud de la consolidación necesaria y que se han dejado de lado las reformas estructurales que deben acompañar a un proceso de este tipo, es una buena noticia que se haya empezado a tomar en serio la necesidad de controlar el gasto. Si acometiéramos una reducción sustancial del déficit público a través de la contracción del gasto público, el crecimiento no se resentiría ni siquiera en el corto plazo en la misma proporción. El denominado gasto social no puede ser intocable, entre otras razones porque explica la llamada deuda implícita y el envejecimiento demográfico añade tensiones para el futuro, por lo que se debería reforzar la proporcionalidad entre lo aportado y lo percibido retrasando la edad de jubilación y aumentando el número de años de cálculo. Estas dos últimas medidas, junto con la posibilidad de limitar las jubilaciones anticipadas, parecen formar parte de la propuesta de reforma del sistema de pensiones por parte del Ejecutivo, sujeta a la aprobación del Pacto de Toledo. Otra de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, es la subida de impuestos; y según Juan E. Iranzo “no hay nada peor, en medio de una crisis, que subirlos”. De hecho, se ha planteado la posibilidad de aumentar la presión fiscal a partir de la mal llamada “tributación de los ricos”, a través del gravamen progresivo de las rentas de capital, del ataque a las SICAV o de la resurrección del derogado Impuesto sobre el Patrimonio, lo que no es más que una fórmula demagógica y populista de denominar a la imposición del capital, tanto en su vertiente de ahorro como de inversión.

El mercado de trabajo

A pesar de que ya ha comenzado el proceso de consolidación, el restablecimiento de la confianza no tendrá éxito si no se acomete una reforma del mercado de trabajo para poder incrementar el potencial de crecimiento. Es necesario flexibilizar el mercado de trabajo, ya que la elevadísima tasa de paro y los reiterados fracasos en el diálogo social para alcanzar un acuerdo sobre la reforma, han culminado en un nuevo documento que regulará el marco de las relaciones laborales. Las reformas deberían pretender reducir la dualidad y la temporalidad; favorecer la flexibilidad interna; facilitar el acceso al mercado de los jóvenes y de los desempleados; mejorar la intermediación laboral y la actuación de las empresas de trabajo temporal y promover la igualdad entre las mujeres y los hombres en el trabajo. Para acabar con la brecha en la contratación, se ha incurrido en el error de desincentivar la contratación temporal limitándose la duración de la misma a dos años. En esta línea, la indemnización por extinción de este tipo de contratación pretende incrementarse hasta doce días de salario por cada año de servicio a partir de 2014. Estas medidas no harán más que “ampliar la dualidad del mercado de trabajo en la medida en que los incentivos a la conversión de temporales en fijos son totalmente insuficientes”, ha añadido el Director General del IEE. Para fomentar la contratación indefinida, se amplía el grupo de trabajadores al que se puede aplicar un contrato indefinido para fomento del empleo, y se reduce a treinta y tres días de salario por año de servicio la indemnización por despido de este tipo de conciertos. El problema de fondo por el que la mayor parte de los despidos, a la postre, son considerados improcedentes y condenados a pagar 45 días por la extinción de la relación laboral, se pretende aliviar parcialmente concretando las razones que justifican el despido objetivo. También hay que reconvertir el sistema financiero español, ya que, a pesar de su significativa solvencia, está siendo fuertemente penalizado en los mercados mayoristas de capitales por la espiral en nuestro riesgo-país tanto a través de restricciones como de pago de mayores diferenciales. Por ello es obligado acelerar y culminar los procesos de integración de entidades desarrollados al amparo del FROB. Los sistemas institucionales de protección (SIP) han sido la opción más utilizada, por encima del proceso de fusión directo, para los retos que representan la resolución de los problemas de exceso de capacidad, la mejora de la eficiencia, el aprovechamiento de las economías de escala, de alcance y sinergias, así como el impulso del fortalecimiento de los recursos propios de las entidades. En este sentido, la estructura institucional de las cajas de ahorro no puede convertirse en un obstáculo para la apelación al mercado de capitales. Existen diversas alternativas que pueden favorecer la operativa, la disciplina y los incentivos de las entidades, como sería desligar la obra social del negocio bancario, o la de apostar por cuotas participativas con potenciales derechos políticos. Toda iniciativa debe tener la mirada puesta en que la función última del sistema financiero es canalizar el ahorro hacia la inversión a través del crédito; responsabilidad que no se está pudiendo desarrollar con normalidad en tanto en cuanto el sector no termine de adaptarse a las nuevas condiciones del entorno económico y regulatorio.

La recesión se acaba pero la crisis continúa

En el primer trimestre de 2010, la economía española registró la primera tasa de crecimiento positiva después de siete trimestres en negativo, un 0,1%, con lo que la caída interanual del PIB desciende hasta el 1,3%. En el mismo periodo, las exportaciones mantuvieron la tendencia a crecer más que las importaciones, y para este año se prevé que crezcan un 5%, mientras que el ascenso de las importaciones será nulo. Con respecto a la evolución del mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa, la ocupación se redujo en dicho trimestre a un ritmo muy similar al del período anterior, con lo que se interrumpe la tendencia a la moderación de las caídas que se había manifestado a lo largo del pasado año. Esto se debería al empeoramiento del empleo en dos sectores: la industria y la construcción. Según las cifras de Contabilidad Nacional, el descenso en el número de empleos equivalentes a tiempo completo ha mantenido la trayectoria a la desaceleración, también con un notable empeoramiento en los mismos sectores en la construcción y en la industria, pero con una mejoría importante en los servicios. La tasa de desempleo ha escalado hasta el 20% en el primer trimestre de este año. La fuerte concentración del ajuste del empleo en el colectivo de los trabajadores temporales hace que la tasa de temporalidad haya descendido de forma constante desde el inicio de la crisis, situándose, en el primer trimestre, en el 25,1%, frente a más del 30% anterior a la misma. Con respecto a las previsiones para este año, el empleo descenderá en torno al 2,2% y la tasa de paro media anual se situará en el 20,1%.