El IEE cree que son unos Presupuestos poco ambiciosos en la consolidación fiscal
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Según el IEE, es conveniente la presentación de estos Presupuestos en este momento, ante el periodo de incertidumbre que se puede abrir después de las Elecciones Generales de diciembre.
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Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 (PGE-2016) deberían haber sido más ambiciosos.
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De la política fiscal en 2016 y 2017 depende en gran medida que nuestra economía abandone definitivamente la zona de riesgo de la que aún no ha terminado de salir.
Madrid, 25 de septiembre de 2015. El Instituto de Estudios Económicos ha presentado la Nota de Opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2016. José Luis Feito, Presidente del IEE, ha señalado que estos Presupuestos contienen indudablemente medidas determinadas por la proximidad de las elecciones generales. Pero en las circunstancias actuales las ventajas de entrar con un marco presupuestario para 2016 son mayores que los inconvenientes, ya que si su elaboración se pospone hasta la formación de un nuevo Gobierno podría no haber nuevos Presupuestos hasta junio. Incluso, en el peor de los casos, si no pudiera formarse nuevo Gobierno y se convocasen nuevas elecciones, no habría Presupuestos nuevos en todo el año, lo cual enviaría una señal muy peligrosa a los mercados. Otra ventaja es que, al estar ya aprobados, suponen un ancla razonable para orientar las negociaciones para la conformación de un Gobierno, una referencia para atenuar el riesgo de que se disparen algunas partidas de gasto en un momento en el que la política fiscal debe ser extremadamente rigurosa.
La mayor preocupación que generan estas elecciones es un escenario de incapacidad para formar un Gobierno estable, o la formación de un Gobierno que pueda revertir las reformas llevadas a cabo en los últimos años, lo que paralizaría las decisiones de inversión, tanto nacional como extranjera, elevaría la prima de riesgo, provocaría la huida de capitales y constreñiría el acceso a la financiación exterior poniendo en cuestión la solvencia de la economía española.
Actualmente, España se encuentra en una fase de crecimiento que ha superado las expectativas tanto por parte de instituciones públicas como privadas, lo que se ha reflejado en las continuas revisiones al alza de las previsiones. Los indicadores disponibles relativos al tercer trimestre apuntan a una ligera desaceleración, en línea con la mayoría de las previsiones, pese a lo cual el crecimiento, en el conjunto del ejercicio, estará alrededor de un destacable 3,3%. Para 2016 se espera una cierta moderación, con una previsión de crecimiento del PIB del 3,0%. Esta situación va a facilitar el cumplimiento de los objetivos de déficit, pero los PGE-2016 deberían haber aspirado a acelerar el proceso de consolidación fiscal, de la misma manera que los objetivos de déficit se revisaron al alza cuando la economía española se debilitó más de lo previsto.
El objetivo de la política presupuestaria en este momento debe ser alejar a nuestra economía de la zona de riesgo en la que aún se mueve y aumentar la confianza de los mercados internacionales, a fin de reducir definitivamente la mayor vulnerabilidad respecto a los países centrales del euro.
Los PGE-2016 están fundamentados en un escenario macroeconómico creíble y con unas perspectivas de crecimiento de la producción y del empleo sólidas. La coyuntura económica en 2016 va a seguir siendo muy favorable y se debería aprovechar el mayor margen que ofrecerá el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y los bajos tipos de interés para acelerar el proceso de consolidación fiscal manteniendo una política restrictiva desde el lado del gasto. Todo ello con objeto de acelerar la senda descendente de la deuda pública, ganar la confianza de los mercados financieros para mantener bajo control nuestra prima de riesgo, y consolidar y alargar la fase de crecimiento.
Con respecto a los gastos, se observa una cierta relajación, y se echan en falta medidas de calado estructural para aumentar la eficiencia y la sostenibilidad del gasto. Se producen algunos incrementos electoralistas y se sigue echando de menos una política de revisión y replanteamiento de diversos programas, así como una reestructuración de la Administración Pública. Asimismo, sería conveniente bascular la estructura tributaria española hacia una mayor imposición indirecta, en detrimento de la directa y, en especial, mediante reducciones en las cotizaciones sociales. En este sentido, y pese a la promesa del Gobierno de rebajar las cotizaciones empresariales, el proyecto de Presupuesto de la Seguridad Social no contempla su reducción sino todo lo contrario, con la subida de la base máxima de cotización.