"El empleo público en España: Desafíos para un Estado Democrático más eficaz"

  Madrid, 8 de marzo de 2017. El Instituto de Estudios Económicos ha presentado el informe ‘El empleo público en España: desafíos para un Estado Democrático más eficaz’, elaborado por un equipo de investigadores de ESADE formado por Carlos Losada, Adrià Albareda, Manuel Férez y Francisco Longo, participando este último en el acto. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido el encargado de clausurarlo. El libro, editado por el IEE, expone que el sector público español ha mejorado su efectividad en los últimos años, según los índices internacionales, aunque según los autores todavía hay un amplio recorrido de mejora en comparación con los países más avanzados de la UE. Así mismo, la gestión del capital humano del Estado es una variable crucial para mejorar el desempeño de los Gobiernos y de las organizaciones públicas. El empleo público español no presenta un problema de exceso de tamaño. El número de empleados públicos se sitúa en un lugar intermedio entre los países desarrollados, y se halla por debajo de la media de la OCDE. Aunque la comparación debería tener en cuenta que, en otros países, un porcentaje sensiblemente mayor de empleados públicos lo son a tiempo parcial. Las cosas son distintas si analizamos la dinámica subyacente. El número de empleados públicos se ha duplicado en España en los últimos 25 años; incluso en plena crisis los tres niveles de la Administración crecieron en casi un cuarto de millón de puestos. Posteriormente, la recesión impuso dos años de reducción del empleo público, pero se trató de un paréntesis, ya que la recuperación ha supuesto un rápido repunte hasta cifras similares a las de 2008. La peculiaridad apunta a una fuerte tendencia expansiva, difícil de controlar por las Administraciones. En España, el empleo público representa más de la mitad de los costes de producción del Gobierno Central, proporción sensiblemente superior a la de los países centrales de la UE. Consecuentemente, el recurso al sector privado para la provisión de servicios públicos es considerablemente inferior al de estos países. Este dato hace pensar que el desarrollo de la colaboración público-privada podría permitir una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos. El sector público español presenta un bajo índice de cualificación relativa de sus puestos de trabajo, que se evidencia cuando se comparan las categorías profesionales con las de los países de nuestro entorno. En la Administración General del Estado (AGE), cuyas funciones son básicamente reguladoras y planificadoras, los puestos para los que no se exige titulación superior rondan el 70%. En cambio, las posiciones directivas ocupan a un número de personas claramente inferior al de la media de la UE. Paradójicamente, España se caracteriza por tener uno de los porcentajes más elevados de empleados públicos con titulación universitaria. Este fenómeno de sobrecualificación implica, entre otros problemas, un serio desperdicio de talento. Además, las Administraciones Públicas se encuentran con dos problemas: el envejecimiento y la temporalidad. En 2014, el número de empleados de más de 60 años superó al de los menores de 30, y en dos años el diferencial ha aumentado ya tres puntos porcentuales. El empleo público temporal presenta en España las cifras más altas entre los países de la UE, con la única excepción de Polonia. Las retribuciones de los empleados públicos españoles se encuentran, en relación con el PIB, ligeramente por encima de la media de la OCDE. Entre 1999 y 2008 crecieron sensiblemente por encima de las del sector privado y se mantienen, en promedio, 1,5 veces por encima de estas (INE, 2014). Si se analiza por categorías, este diferencial es inversamente proporcional a la cualificación del trabajo: favorece a los segmentos de inferior cualificación pero se sitúa, en cambio, muy por debajo de las retribuciones del sector privado en las categorías técnicas de alta cualificación y en los puestos de carácter directivo. Este desequilibrio de la estructura salarial se ha visto acentuado por la distribución de los recortes durante la crisis, que han penalizado más a las categorías profesionales superiores. Por otra parte, el bajo uso de la evaluación del desempeño impide, en general, vincular una parte de los salarios al rendimiento. La uniformidad y la rigidez son dos patologías graves del sistema de gestión del empleo público español. El estatuto funcionarial, pensado para funciones que implican tareas de autoridad, no se adapta a la gestión de la mayor parte de las actividades de prestación de servicios que constituyen la parcela ampliamente mayoritaria del empleo público. Desarrollar regulaciones diferenciadas y adaptadas a cada sector y atribuir a las organizaciones públicas y a sus gestores mayor autonomía para gestionar sus recursos humanos son dos recomendaciones en las que los expertos coinciden ampliamente. Uno de los déficits más notables del sector público español es que no dispone, ni en la AGE, ni en las CC.AA. ni en el nivel local, de regulaciones de directivos públicos que garanticen la profesionalidad e idoneidad de los cargos de alta dirección. La consecuencia más generalizada es la politización de estos cargos y la colonización de la gerencia pública por los partidos. Urge la creación, en los diferentes niveles de la Administración, de un régimen diferenciado de directivos públicos que, como en otros países de nuestro entorno, aleje la provisión de estos cargos del ciclo electoral, garantice su profesionalidad, vincule su gestión a los resultados y establezca mecanismos adecuados de rendición de cuentas.

Ver galería