Volviendo a la ortodoxia

[highlight style="light"]Artículo de Joaquín Trigo, director general del IEE, publicado el 4 de abril en La Vanguardia. [/highlight]   Tras los primeros cien días de Rajoy, 'The Economist' anticipaba que, tras la huelga, se presentaría uno de los más severos presupuestos vistos en Europa desde la erupción de la crisis del euro. Así fue, demoró su presentación hasta después de las elecciones parciales convocadas. Mencionaba los 20.000 millones de euros en recortes que se le pedían desde la UE, pero que, llegaría al doble, si el país entrase en una espiral de paro, recesión y caída de los ingresos fiscales.Señalaba también que la credibilidad de España estaba en entredicho, dando a entender que su recuperación dependía del resultado que se consiguiera.   Los portavoces del Gobierno han sido categóricos. El objetivo de dejar el déficit en el 5,3% era intocable aunque, comparado con la situación inicial del 8,5%, suponía unos 34.000 millones de euros. La cantidad es enorme y los presupuestos generales del Estado dan el primer y más largo paso de ajuste eliminando algo más de 27.000 millones, que suponen un descenso medio cercano al 17% para los ministerios, quedando la mayor parte del resto para las autonomías, ayuntamientos y otros. Son los presupuestos más ajustados desde hace cuarenta años, están dominados por los pagos por desempleo y el coste de la deuda pública, que absorben recursos que se detraen de otros rublos.   La oposición, básicamente la de izquierdas, se limitó a descalificaciones globales, imputa la tasa de paro al actual Gobierno, le acusa de mentir, anticipa más problemas y cuestiona la amnistía fiscal. La opinión de la UE, a través de Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos, destaca la decisión del Gobierno en cuanto al control del gasto, las reformas en curso y su voluntad de cumplir con el compromiso de déficit, pero también quiere más precisiones sobre lo que hagan las comunidades autónomas. Los presupuestos del Estado sirven para garantizar servicios de enseñanza, sanidad, justicia, policía, ejército, transportes y un etcétera largo pero limitado. Algunos programas se han reducido significativamente por inútiles, por caros o ambas cosas. Por otro lado se han buscado nuevos filones de ingresos con la tributación del tabaco y el copago en justicia, se actualiza el coste a pagar por la electricidad, se espera la repatriación o la afloración de unos 25.000 millones ocultos que, con un gravamen fiscal del 10% y otras alzas fiscales, aportarán más de 8.000 millones. Por otra parte se hacen recortes significativos, especialmente los 1.157 millones de las políticas activas de empleo y se preparan planes contra el fraude.   El continuismo llevaría a más deuda y paro, con descrédito del país. Los presupuestos no cambian el mundo ni la nación. Los cambios que persisten provienen de iniciativas personales útiles para la sociedad, del aumento del conocimiento y de la eliminación de trabas a la innovación y el acceso al crédito. Las administraciones están para facilitar la vida y la seguridad -física y legal- de los ciudadanos, no para suplirlos.