Un problema político

[highlight style="light"]Artículo publicado por Manuel Sánchez, Economista del Servicio de Estudios del IEE, el 21 de abril en El Mundo (Mercados) [/highlight]   El sistema político de nuestro país ha condicionado, en gran medida, los sucesivos sistemas de financiación autonómica, hasta el punto de que se ha primado el criterio político sobre el económico, produciendo ineficiencias importantes que afectan al conjunto de los ciudadanos. Esto se debe a que los sucesivos modelos se han visto influenciados por la propia realidad política de España, pues muchas han sido las veces en las que el Gobierno central ha tenido que hacer cesiones a ciertas Comunidades Autónomas cuando ha necesitado a un determinado partido político regional para lograr sacar adelante su programa de gobierno. Asimismo, las Comunidades Autónomas suelen exigir, cada vez más a menudo, la revisión del sistema establecido en aras de solicitar más recursos sin una contrapartida clara, a la vez que reclaman recaudar más impuestos, junto con una mayor capacidad normativa, y esto a pesar de que incluso el modelo anterior, vigente desde el año 2002 hasta 2010, se determinó que fuera permanente. Quiero destacar dos problemas del actual sistema de entre los muchos que se podrían enumerar. El primero de ellos es que, por razones históricas, tenemos un sistema foral que se aplica en el País Vasco y en Navarra, y un sistema de financiación de Régimen Común que engloba al resto de las Comunidades Autónomas. El primero introduce un elemento de inestabilidad en el segundo, puesto que ambas Comunidades Forales disponen de mayor financiación per cápita (entre un 40% y un 60% más) que las demás. Así, las Comunidades más ricas pertenecientes al régimen común han señalado este referente para cuestionar el sistema de financiación y solicitar modificaciones. El segundo aspecto que se debe cambiar es que el modelo de financiación de Régimen Común parte de una importante restricción inicial en el sentido de que con cada reforma debe mantenerse elstatu quo. Esto quiere decir, que cada Comunidad no puede perder recursos respecto al modelo anterior (en este caso, del modelo vigente desde 2010), con independencia de que esta cifra sea igual, o no, a su necesidad estimada, que es la variable correcta que debe utilizarse a la hora de determinar la financiación que debe recibir una Comunidad Autónoma de Régimen Común. Esto ha hecho que existan una proliferación de fondos (que engloban transferencias del Estado o de otras Comunidades) poco claros respecto a la lógica económica de los mismos –más allá de mantener el statu quo- que sesgan los resultados del sistema, produciendo diferencias importantes entre algunas Comunidades en términos de financiación recibida, que puede alcanzar hasta un 25%, sin ninguna justificación económica. Así, el nuevo modelo de 2014 debe garantizar mejor la máxima de que todos los individuos, si pagan los mismos impuestos, tienen derecho a una similar provisión de bienes y servicios públicos.