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[highlight style="light"]Artículo publicado por Almudena Semur, coordinadora del Servicio de Estudios, el 10 de septiembre en Expansión [/highlight]
Durante la fase alcista del ciclo económico, nuestro país hizo una gran inversión en infraestructuras. Incluso se achaca que hasta hubo un exceso de inversión. Todavía estará en la memoria de todos, la célebre frase del ministro Blanco apuntando que la fiesta de la sobreinversion había acabado. Sorprenderá a más de uno, pero frente a la opinión generalizada, el ratio de inversión pública en nuestro país entre 1995 / 2012 en términos reales de euros invertidos por Km2 y millón de habitantes, iguala al de Alemania y es inferior al de Francia , Reino Unido o Italia
Se achaca que se cometieron errores, dejándose para el final infraestructuras prioritarias que se tenían que haber acometido desde el principio, como es el caso del transporte de mercancías por ferrocarril, que desafortunadamente no constituye una alternativa real, ni un medio competitivo para el transporte de mercancías a lo largo de nuestra geografía. Primaron los intereses partidistas tanto a nivel estatal, como autonómico y local, a sabiendas de que las infraestructuras por sí mismas son capaces de incidir en el potencial económico de una región. En cualquier caso, dejando de lado la posible oportunidad política. Es un hecho que en estos momentos contamos con unas magnificas infraestructuras que nos colocan entre los diez primeros países de la Unión Europea.
Al llegar la fase bajista del ciclo económico, la dotación de infraestructuras fue una de las partidas más damnificadas por el proceso de consolidación fiscal. Los 5.968 millones de euros asignados en los presupuestos de 2013, apenas suponían el 40% de la partida del 2010. Y considerando la inversión en infraestructuras en su conjunto, es decir lo que realiza el Estado y lo que desarrolla el Sector Público empresarial, la dotación ascendería a 9.645 millones de euros, lo que representa un 15,3% menos que en el 2012.
Poco dinero queda para la ejecución de nuevas infraestructuras. Acabar las ya iniciadas, resulta prioritario, así como su mantenimiento y conservación, lo que no deja de ser menos importante. Hay que buscar nuevos caminos que impulsen la inversión pública con el objeto de mitigar los efectos que tiene su caída sobre la actividad de las empresas y sobre la generación de empleo. Incrementar la inversión en el 1% del PIB, aumenta el empleo entre 180mil y 197mil puestos de trabajo. Sabemos que la prioridad del Estado es la consolidación fiscal, de ahí que el nuevo impulso inversor tenga que venir necesariamente de la colaboración público-privada. Los errores del pasado nos tienen que servir para aprender. Infraestructuras solo las justas y necesarias.