Un modelo que perdure

[highlight style="light"]Artículo publicado por Almudena Semur, coordinadora del Servicio de Estudios, el 15 de octubre en Expansión  [/highlight]   A pesar de que el modelo de financiación de la CCAA constituye un pilar importante de nuestro marco legal cuyo correcto diseño es vital para garantizar en buen funcionamiento del Estado Autonómico, es uno de los asuntos que más controversia ha generado en nuestro país desde el inicio del proceso de descentralización, y con la llegada de la crisis, el debate se ha ido agudizando. Rara vez  las regiones  acaban de estar  contentas  con las sucesivas reformas. El hecho de que no todos los ingresos aportados por  una  Comunidad a las arcas del Estado reviertan después en la misma proporción sigue siendo objeto de polémica entre las distintas Comunidades de nuestra geografía. Ya se sabe, en tiempos de bonanza económica, las posibles desigualdades de financiación suelen ser más llevaderas por parte de los gobiernos regionales, pero cuando amenaza invierno económico, las desigualdades saltan a la palestra. A lo largo de distintos artículos he comentado que determinar si una comunidad está bien o mal financiada resulta harto complicado, y desde luego todavía resulta mucho más en estos momentos en los  que todas las Comunidades deberán realizar un fuerte ajuste para lograr la senda de consolidación fiscal a la que no hemos comprometido. En el 2014 tendrán que realizar un gran esfuerzo con una caída del 23,1 por 100 con respecto al déficit del año 2013. Digo que resulta complicado porque para analizar si una comunidad está bien o mal  financiada, no solo hay que tener en cuanta como revierte en la comunidad lo que esta misma aporta, sino que resulta de vital importancia tener en cuenta que no todas las comunidades necesitan los mismos recursos para ofrecer los mismos servicios con los que garantizar el Estado del Bienestar. Ya sea porque  la región tiene una mayor fracción de población joven, lo que repercutirá en un mayor gasto educativo, o ya sea porque la región tiene una población más envejecida lo que lógicamente repercutirá en un mayor gasto en sanidad. De ahí que para saber si una comunidad está bien o mal financiada sea imprescindible homogeneizar los datos,  a iguales competencias y esfuerzo fiscal por habitante ajustado. Si se analizan los datos homogeneizados del año 2011 y se normalizan a la media de 100 en el conjunto de comunidades no forales, nos encontramos  que Madrid se sitúa en la media con un índice de 100,2  por lo tanto está bien financiada, y Cataluña se sitúa solo unas decimas por debajo de la media con un índice de un 99,6. Claro que  uno enseguida se dirá que estas dos comunidades se ven enormemente perjudicadas con el actual sistema de reparto  al  verse obligadas a descender puestos en el ranking en cuanto a la reversión de los ingresos  aportados por el desigual y arbitrario reparto de ingresos que genera nuestro modelo, hecho que provoca que regiones que aportan menos recursos, como es el caso de Extremadura escalen en el ranking y se lleven el mejor trozo de la tarta al pasar   de la decimo cuarta posición en cuanto a la aportación de recursos al en tercer lugar en cuanto la recepción de recursos por habitante . El gran abanico que se extiende entorno a la media  tiene que ser limado, desde luego. ¿Quiere decir esto que con la reforma del modelo  Madrid o Barcelona volverían a situarse en las primeras filas del ranking en cuanto a la recepción de recursos por parte del Estado por ser las CCAA que más esfuerzo fiscal realizan? No, con la reforma del modelo todas las comunidades deberían situarse  en torno a la media si respetamos el principio de igualdad que  emana de nuestra constitución en lo que concierne al acceso de servicios públicos de titularidad autonómica. Como se liman las enormes diferencias y se sitúan todas  las CCAA en torno a la media de 100? Suprimiendo la maraña de fondos que reparten las transferencias del actual modelo sustituyéndolas por un único  Fondo de nivelación vertical que no sea esclavo del actual statuo quo, repartiendo a su vez  los recursos disponibles entre las regiones de una forma gradual para facilitar el ajuste de las CCAA que salgan perdiendo. En definitiva, nuestro modelo necesita una reforma que sea estable en el tiempo, y sobre todo que sus aspectos principales no sean modificados por presiones interesadas de las partes .De ahí que las prisas no sean buenas consejeras si lo que queremos  es de una vez por todas cerrar el modelo.