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Artículo de opinión del Director de Estudios del IEE, Carlos Ruiz, publicado el 18 de marzo en el diario El Economista
La economía española avanzó durante el último trimestre del pasado año por una fase de desaceleración de la actividad, condicionada tanto por la peor evolución del sector exterior, como por el agotamiento de los factores que habían impulsado el crecimiento del consumo de las familias y de la inversión empresarial. No obstante, el registro de las menores tasas de crecimiento de la producción desde el inicio del periodo de recuperación económica se habría contenido durante el segundo semestre del pasado año, previendo la mayor parte de instituciones económicas y servicios de estudios un perfil suave de crecimiento ajustado a tasas próximas a las de su potencial durante los próximos dos años para el conjunto de la economía. En febrero, las previsiones del Instituto de Estudios Económicos sobre el crecimiento del PIB fueron del 1,3% y del 1,2% para 2020 y 2021, respectivamente.
Pero el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19 y la consecuente regulación del estado de alarma decretado por el gobierno han alterado sustancialmente dicho escenario. Sin que aún se pueda constatar, con datos a febrero, un impacto directo y negativo sobre la actividad y el empleo, este choque simultáneo sobre la oferta y la demanda va a tener como consecuencia una retracción de los niveles actuales de la actividad fundamentalmente durante el segundo y tercer trimestre del año.
No obstante, la medición de la cuantía y duración del impacto económico de este riesgo no previsto sobre nuestra economía es de difícil determinación. Si bien el choque inicial está siendo sobre la oferta vía parálisis de la producción por falta de efectivos laborales o suministros, esta crisis sanitaria está teniendo efectos también sobre la demanda vía contención del gasto y empeoramiento de las expectativas de los agentes. Las economías de mercado desarrolladas presentan elevados niveles de productividad gracias a la especialización de cada uno de los componentes de la cadena de valor y su interrelación como determinantes de una mayor aportación de valor a la demanda de bienes y servicios. Este factor diferencial que genera una mayor especialización y eficiencia de los procesos de asignación en los mercados presenta, ante este escenario adverso, una cierta fragilidad al no ser posible prever con cierta antelación el alcance de los efectos indirectos que podría tener la paralización de una determinada actividad productiva sobre el resto de la economía.
De esta forma, lo principal en estos momentos es dirigir los mayores esfuerzos hacia la contención de la emergencia sanitaria, regulando el ejercicio de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y empresas y orientando los mayores recursos posibles tanto humanos como materiales y financieros hacia las necesidades del sistema sanitario. Complementariamente, es preciso que se minimicen los efectos de esta crisis a través de la implementación de un conjunto de medidas que eviten que una situación temporal de restricción de la liquidez se transforme en un compromiso de viabilidad económica y solvencia de los agentes, situación que retroalimentaría los efectos económicos negativos de la crisis sanitaria, ampliándolos y prolongándonos en el tiempo.
La movilización de recursos anunciada por el gobierno en el paquete de medidas aprobado por importe de unos doscientos mil millones de euros, esto es, el 16,1% del PIB, resalta la magnitud del problema que se ha de afrontar por parte de la economía española. En este sentido, destacan las líneas de avales y garantías puestas a disposición para las empresas, así como los mecanismos de flexibilidad en el ámbito laboral para éstas puedan ajustar sus restricciones de circulante derivadas de la caída de la demanda y preserven el empleo. De igual forma, sería necesario que se ampliasen y flexibilicen los requisitos para los aplazamientos de los pagos de impuestos de las empresas afectadas por tiempo suficiente y sin intereses ni recargos, acelerando de la misma forma las devoluciones tributarias correspondientes, así como de aquellas deudas de las AA.PP. que estén en mora y debieran ser pagadas a sus respectivos proveedores.
Ahora bien, la respuesta a la crisis de esta pandemia debería estar coordinada a nivel comunitario, más aún cuando nuestro margen presupuestario y de endeudamiento es limitado. En este sentido, las reglas fiscales de la UE no deberían limitar la capacidad de respuesta presupuestaria o fiscal específica por parte de los estados miembros a esta emergencia sanitaria. De igual forma, existen instrumentos presupuestarios que podrían proporcionar bien ayudas directas o bien mecanismos de financiación y garantías (Fondos Estructurales, Fondo de Solidaridad, Mecanismo Europeo de Estabilidad, Banco Europeo de Inversiones, etc.) a los países o regiones más afectadas reforzando las actuaciones nacionales. Por último, se ha de preservar el mecanismo de transmisión de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo, de tal forma, que no se fragmenten los mercados de capitales de la UE y se proporcionen los necesarios recursos financieros tanto a las instituciones financieras como a las empresas.
La economía española presenta unos componentes estructurales sólidos y no ha acumulado desequilibrios económicos y financieros significativos durante la actual fase de crecimiento, como para que el impacto temporal sobre el tejido productivo de una crisis de esta magnitud tenga unos efectos permanentes similares al de otros periodos de crisis anteriores. Una respuesta ambiciosa, rápida y coordinada de nuestras autoridades es la mejor garantía para reestablecer lo antes posible las condiciones del ciclo previas a la aparición del Covid-19.