Mayoría de edad para las autonomías

[highlight style="light"]Artículo publicado por Almudena Semur, coordinadora del Servicio de Estudios, el 12 de abril en Expansión [/highlight]   Se presenta un nuevo escenario a la hora de abordar la reforma del modelo de financiación autonómica. La novedad  de asumir un debate sobre si se instaura un reparto del déficit “a la carta”  para cada una de las Comunidades Autónomas, así como  el tener que pactar el volumen de recursos que se tienen que destinar a la prestación de servicios cuya competencia está en manos de las Autonomías, serán parte de las cuestiones que afrontara el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Conocer cómo se financia un gobierno regional, sus necesidades de gasto, qué mecanismos se pueden introducir para aproximar resultados entre las Comunidades de Régimen Común y las Haciendas Forales o, como se puede aumentar  el grado de  corresponsabilidad  fiscal para que  nuestras Autonomías adquieran la mayoría de edad a la hora de obtener sus recursos tributarios, serán cuestiones con las que nos tendremos que familiarizar. Hasta ahora, cada vez que se reformaba el modelo, las negociaciones  entre el Gobierno Central y las Comunidades concluían con una inyección de dinero por parte del  Estado, pero  esta vez que nadie se llame a engaño: ante la necesidad de recursos que necesitan las Comunidades, y teniendo  en cuenta que  durante el año 2010 la cesta tributaria les aportó el 80,3% de recursos, el debate  se centrará en exprimir el poco  hueco  que queda en nuestro mapa impositivo en cuanto a  figuras tributarias susceptibles de ser cedidas. La descentralización existente del gasto a día de hoy en nuestro país es muy superior a la de cualquier Estado Federal lo que implica  que la descentralización impositiva  debería de ser mucho mayor. Partiendo de la premisa de que el Impuesto sobre Sociedades queda descartado por la dificultad que supondría su cesión  y ante la imposibilidad de  traspasar el Impuesto sobre el Valor Añadido por exigencias comunitarias, el único que tendría  todas las papeletas para ser cedido dada su elevada capacidad recaudatoria sería el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pese a tratarse de un impuesto cuyo obligado tributario puede residir en Cataluña, por ejemplo, pero obtener rendimientos susceptibles de tributación por toda nuestra geografía, hecho que lógicamente dificulta la cesión total del impuesto a no ser que las Haciendas implicadas (central y regional) compartieran  una única Agencia Tributaria lo que evitaría la proliferación de Agencias  por todas las Autonomías. ¿Quiere esto decir  que las Comunidades que tienen mayor capacidad fiscal, como pueden ser Madrid cuya capacidad fiscal se situaba en el año 2010 en un 41% por encima de la media, Baleares en un  23%, o Cataluña en un 20%,  saldrían más favorecidas? Sí, saldrían más favorecidas, aunque no mucho más, ya que verían reducidas determinadas transferencias por parte del Estado. ¿Significa esto que  las que tienen menor capacidad fiscal como puede ser  Extremadura cuya capacidad fiscal se situó en un 28% por debajo de la media no podrían atender las competencias que les han sido transferidas? No, en absoluto, ya que nuestro modelo cuenta con una serie de Fondos destinados a cubrir las diferencias que se puedan dar entre las necesidades de gasto de una Comunidad y su capacidad fiscal. Además, conviene recordar que el artículo dos de nuestra Constitución vela por  que en el Estado de las Autonomías no se quiebre el principio de solidaridad,  y para hacer efectivo tal principio el texto señala que el Estado garantizara el establecimiento de un equilibrio económico a lo largo de todo nuestro territorio especificando que las diferencias entre Estados no podrá implicar privilegios económicos o sociales. Podría ocurrir que en el caso de  que se cediera totalmente el IRPF, los gobiernos regionales hicieran de su capa un sayo y se lanzaran   a competir fiscalmente bajando las tarifas con el objeto de atraer contribuyentes que les hicieran  engordar su cesta tributaria. Lo lógico sería que no ocurriera,  además, existen suficientes mecanismos para evitarlo. Una menor aportación de transferencias por parte del Estado a las Comunidades que así actuaran junto con la fijación de unos mínimos estándares, podría ser una posible solución. Tal y como se ha pronunciado el Consejo Asesor para la Reactivación Económica de Cataluña (CAREC) en su último informe, la descentralización competitiva llevada al extremo puede tener efectos negativos en términos de pérdida de eficiencia en la asignación de recursos o de equidad en la distribución de la renta y la riqueza. En definitiva, sería un buen momento para que nuestros gobiernos regionales adquirieran la mayoría de edad en lo que se refiere al principio de  corresponsabilidad fiscal. A priori, tal y como señala Weingast “Los gobiernos subcentrales  que obtienen por si mismos una parte substancial de sus recursos tienden a ser mas responsables ante los ciudadanos, a promover servicios que la gente desea, a ofrecer bienes que fortalecen la operatividad del mercado y a ser menos corruptos”.