Más contudencia contra la deuda

[highlight style="light"]Artículo publicado por Joaquín Trigo, director general del IEE, el 29 de junio en el suplemento Dinero de La Vanguardia. [/highlight]   El gobierno lleva siete meses adecuando leyes a las exigencias de la situación. Por una parte busca reducir el gasto de las Administraciones Públicas (AA. PP.) y, por otra parte, trata de conseguir, a la vez, un aumento de los ingresos fiscales sin perjudicar el empleo y la competitividad. Las 90 páginas del BOE del 13 de julio son una compilación de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, con más de lo primero que de lo segundo. Lo hecho hasta ahora está en el buen camino, pero la velocidad de su implantación y, especialmente, el logro de resultados, exige un tiempo que es ajeno a la prisa necesaria para frenar el aumento del principal de la deuda pendiente y los vaivenes de su coste, por lo que convendrían actuaciones adicionales para allegar recursos con los que dar certeza a la recomposición de las AA. PP. y frenar excesos.   En los países más afectados por la deuda soberana el temor al corralito y las prevenciones ancestrales, dieron lugar a una estampida del dinero en efectivo, que se dobló  con fuga de otros capitales. La recuperación de estos recursos es difícil, pero necesaria y siempre sujeta a certeza de mantenimiento de la titularidad. Una vía sería la emisión de bonos nacionales con un interés superior al IPC e inferior al que se requiere para la renovación de la deuda. El atractivo lo aportaría la posibilidad de endosarlo, la de ser aceptado para el pago de impuestos y venir arropado por no requerir exigencia de origen.   Las viviendas propiedad de extranjeros pagan algunas tasas e impuestos. Una parte de éstas viviendas las usan solo los propietarios, otras se alquilan o alternan los dos usos. Las dos últimas podrían soportar una tasa específica, que sería suave para las que son propiedad de residentes en países transparentes en cuestiones financieras. Las que pertenezcan a residentes en paraísos fiscales deberían pagar algo más y las registradas en paraísos fiscales no reconocidos en España les correspondería una más elevada.   Las residencias públicas para personas mayores gestionadas por las AA. PP.  son más costosas que las particulares que trabajan para las mismas instituciones que, sin embargo, no les van a la zaga en cuando a calidad. Esas instalaciones públicas pueden venderse a las entidades especializadas que han acreditado su calidad, con lo que, por un lado se obtienen ingresos y se reducen los costes de atención y mantenimiento.   Las AA. PP. de todos los niveles del país tienen tendencia a crear emisoras de radio y televisiones que gestionan con pérdidas. Las privadas deben financiarse con anuncios, mientras las públicas prescinden de las obligadas interferencias de las privadas y reciben ingresos de éstas. Acotar el número de las primeras ahorra dinero público y da lugar a más competencia y, ésta, aporta más calidad.   El número de Ayuntamientos en España casi dobla al de Alemania que, a su vez, casi dobla la población de España, (el número de Comunidades Autónomas también se acerca al doble de los Landers alemanes), sin que eso signifique una peor atención para sus ciudadanos. Convendría facilitar la agrupación de Ayuntamientos, especialmente los pequeños que no pueden tener, por ejemplo, un parque de bomberos, que sin embargo sería viable con la agrupación de cinco o siete, según los casos. Un consejo comarcal, dada la proximidad y la mayor población, sería más útil y barato que el conjunto de las entidades menores, podría ampliar y mejorar las prestaciones, especialmente en casos de insolvencia y cuando se acuerda voluntariamente por las partes implicadas.   Muchas infracciones de tráfico se detectan con sensores fijos que captan la matrícula de los vehículos y permiten cobrar la multa, pero sólo funciona con los vehículos del país que están debidamente registrados, porque los extranjeros sólo pagan cuando han sido vistos in fraganti. Es factible ubicar en cada frontera terrestre un detector de matriculas que, con la debida información, permita decir a los infractores cuándo, dónde y cuál fue la incorrección por la que se le multa. La recaudación, la disuasión y la equidad son las ganancias que justifican una inversión que se recupera en corto plazo.