La pérdida de pymes en España

[highlight style="light"]Artículo publicado por Joaquín Trigo, Director General del IEE, el 8 de mayo en El Economista [/highlight]   Todo parece conjurarse en contra de ellas. Doing Business dice que España es el país en que se necesita más tiempo para crearlas. Era el tercer lugar de Europa en cuanto a carga fiscal -tras Francia y Bélgica-; ahora es la primera. Se entiende que España tenga la mayor tasa de paro del mundo, pues aquí el índice de precios y los tipos de interés suben más que la media de la UE. Hace años que se disparó la deuda pública y subieron los impuestos que gravan a empresas y familias, lo que, por una parte, contribuye a expulsar del mercado de crédito a muchas empresas pequeñas y a aumentar el coste de la financiación y, por otra parte, reducir la capacidad de compra de las familias y arriesgar la supervivencia de las empresas, especialmente las pequeñas. Las empresas operan en un entorno modelado por las Administraciones Públicas que regulan, supervisan y penalizan cuando procede. El cumplimiento de las normas y leyes es difícil porque son muchas. El número de Diarios y Boletines Oficiales es de 19, y añadiendo el BOE, 20. La conjunción de estas exigencias, máxime cuando hay crisis, lleva a que muchas empresas no puedan atender a sus obligaciones y entren en un proceso concursal. En el conjunto español, en el año 2004, el número de estos procesos fue de 19. Desde entonces se llegó a superar el millar en 2007, en 2009 se pasó por encima de cinco mil y en 1012 fueron 8.726. El número de procesos concursales en 2012 multiplicó por 45,21 la cifra de 2004.  Estas cifras no son acumulativas, cada una corresponde a un año nuevo y, cada vez es más difícil recuperar a las empresas que suspenden pagos porque no hay financiación para compradores potenciales. La debilidad de las pymes es también la del país, porque se reduce el empleo y con él la demanda y la recaudación de las Administraciones Públicas (AA.PP.). Éstas buscan recursos creando tasas y potenciando sus recursos para imponer multas y recaudar lo que se les adeuda. Las pymes y el conjunto de las empresas trataron de vender más en otros países y consiguieron aumentar las exportaciones, pero la reducción de las importaciones de los países del sur de Europa ha frenado la demanda de los países del centro y norte de Europa. ¿Qué hacer en esta situación? Los Gobiernos tienen mucho por hacer. Las empresas públicas han proliferado en exceso y deberían venderse o eliminarse, especialmente las que acumulan deuda, las que se solapan con las privadas y las que viven del fisco. Se debe impulsar que los Organismos Públicos puedan unir sus actividades con otros y considerar la eliminación de los que pueden cerrar sin perjudicar la actividad productiva. Una buena idea que está en marcha es la de agrupar las agencias públicas y otra, que facilita la vida de las empresas pequeñas y los autónomos, es la compensación de deudas con las administraciones  que, siendo legal, es menos útil de lo que sería posible. Las AA.PP. deberían tener una paridad de plazos y gestiones con las empresas y los ciudadanos. El número de niveles de administración se debería reducir, la movilidad de los expedientes debería ser rápida, para que se recibiesen los trámites en el mismo lugar en los que se entregó la información inicial. Las asimetrías entre los ciudadanos y las administraciones deberían eliminarse. En varios países de la UE, el número de organismos públicos es inferior a los de España, incluso donde su población y la renta superan las nuestras. Dada la facilidad de acceso entre pueblos y capitales, se puede agrupar, a efectos administrativos, a los Ayuntamientos. Los organismos públicos no deberían gastar por encima de sus presupuestos y éstos estar validados previamente por la instancia superior, que debería asignar una regla de gasto acorde a las peculiaridades de cada caso. La multiplicación de entidades públicas lleva a la de normas y éstas a la dedicación de tiempo, a la búsqueda necesaria de información y orientación, lo que requiere tiempo y gasto que se restan de la actividad productiva. Una situación extrema obliga a grandes sacrificios. Debe ser de corta duración. Si el conjunto de la población está en situaciones indeseadas, parte de la juventud y las personas muy formadas se irán con sus conocimientos y capacidad a otros países que demanden sus cualidades, de modo que su experiencia productiva los hará más competitivos y menos capaz al país que los pierde. Por eso las actuaciones deben ser profundas y rápidas, afectando a todas las instancias.