La necesidad de colaboración-publico privada en la sanidad

Artículo de opinión de Almudena Semur, Coordinadora del Servicio de Estudios del IEE, en el diario Expansión, el 3 de mayo de 2017 Nadie duda de que disfrutamos de un gran sistema sanitario, no solo por los recursos asignados o por la cobertura ofrecida, sino también  por la calidad asistencial, así como por la gran capacitación de sus profesionales. Sin embargo, esta sanidad de la que tan orgullosos nos sentimos, exige a los gobiernos regionales dedicar un alto porcentaje de su presupuesto, con tal de poder prestar un servicio público integral y universal en un país, como el nuestro, cuya esperanza de vida se sitúa en 83,3 años, muy por encima del resto de los países de la OCDE. Así, podemos encontrarnos, tal y como reseña el estudio “La sanidad española en cifras”, que desde el punto de vista de reparto porcentual,  el gasto sanitario en atención primaria aumentó en España, en promedio, un 44,24%; el de los servicios de atención especializada un 11,42%; el de farmacia, muy levemente (0,12%); el de remuneración de personal un 6,24% y el dedicado a formación de residentes un 12,88%, entre los años 2012 y 2014, todo ello  sin contar la brecha de gasto entre las Comunidades Autónomas  cuyo porcentaje ascendió al 54% entre las que más gastan y las que menos, hecho que  pone de manifiesto los fallos del sistema. La OMS considera que para el 2050 España será el país más envejecido del planeta y más de uno se preguntará de dónde saldrán los recursos para atender tamaña demanda y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Bien, si repasamos la estructura de nuestra sanidad nos encontramos  con que el artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho de protección de la salud de los ciudadanos y establece que la competencia para organizar y tutelar la salud pública es de los poderes públicos. Pero las dificultades de la gestión sanitaria, así como su eficiencia, fueron una de las principales preocupaciones en nuestro país durante los años 1990-1995. Ante la crisis del Estado gestor, fue tomando forma la idea de que había que mantener el nivel asistencial de la población e incluso mejorarlo, pero que no necesariamente tenía que ser un organismo público quien prestara el servicio. Fue entonces cuando la Ley  15/1997 dio la posibilidad de que los servicios sanitarios pudiesen ser prestados por personas jurídicas privadas, siempre y cuando se mantuviera la titularidad del servicio público asistencial, así como la naturaleza pública en cuanto a la responsabilidad última de la protección del servicio sanitario. Hablando “en plata”: la Administración mantenía la titularidad del servicio. Con esta ley se abría la puerta a la colaboración público-privada en materia de sanidad y a que los hospitales públicos pudieran ser gestionados privadamente bajo el régimen de concesión, concierto, etc. ¿Quiere decirse que con este modelo se ha privatizado la sanidad y que el paciente no tendrá derecho a la asistencia sanitaria gratuita? En absoluto: el hospital sigue y seguirá siendo público, aunque sea la empresa privada la que se haya encargado de su construcción; el control, a su vez, es público, pero el servicio sanitario  es gestionado por la entidad adjudicataria de la concesión que, a cambio, recibe un pago capitativo de la Administración Pública por paciente atendido, no por la actividad realizada. Desafortunadamente, vivimos tiempos confusos en los que la música propia de determinados intereses grupales, pretende primar sobre el bien colectivo propagando todo tipo de soflamas y llamamientos contrarios a este tipo de colaboraciones con tal de abolirlas o  revertirlas. Poco importa que este modelo facilite la equidad en el acceso de la población a los servicios sanitarios, como tampoco se valora  la eficiencia, la calidad asistencial, el ahorro que supone, o el grado de satisfacción del paciente. Como  insignificante también parece el futuro de los trabajadores de los centros gestionados bajo este tipo de colaboración. Ahora que estamos en un ciclo expansivo de nuestra economía es el momento de pararse a pensar en que habrá un día en que llegarán las “vacas flacas” y que, a su vez, el gasto público en sanidad seguirá creciendo a un ritmo insostenible a menos que se habiliten nuevas fórmulas de financiación. El envejecimiento de la población, los desafíos globales y la cronicidad de las enfermedades, serán, entre otros, desafíos a los que se tendrá que enfrentar nuestro sistema sanitario. Las experiencias de colaboración público-privadas en el mundo demuestran que a través de este modelo se facilita la equidad en el acceso de la población a los servicios sanitarios desmintiendo la noción tradicional de que lo privado es para ricos. Dejemos a la sanidad al margen de cuestiones ideológicas y políticas