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Artículo de opinión de Íñigo Fernández de Mesa, Presidente del IEE, en el diario Expansión el 19 de septiembre de 2019
Desde que a finales del año 2008 se desatara la crisis que puso en jaque al sistema financiero a nivel global, el sector financiero español ha venido realizando un esfuerzo encomiable de saneamiento, recapitalización, transparencia y optimización de recursos. Tal es así, que la reforma y reestructuración del sector financiero español, en la que tuve el privilegio de participar en mis anteriores responsabilidades públicas, ha sido alabada y puesto de ejemplo en multitud de ocasiones por los principales organismos internacionales, y señalada, además, como uno de los principales logros en la agenda reformista de la economía española, que ha permitido una recuperación y un crecimiento económico sobresaliente en el contexto europeo. Se puede decir, por tanto, que el sector financiero español ha estado a la altura de la situación, además de realizar los deberes como un alumno aplicado, frente a otros sistemas bancarios a los que les queda mucho por hacer.
Hoy la banca española se sitúa a la cabeza de entre las principales economías europeas en cuanto a sus niveles de eficiencia. El ratio de eficiencia para el sector financiero español (mejor ratio cuanto más bajos niveles arroje) se sitúa en torno al 52%, mientras que en la media de la UE es del 64%, en Alemania de más del 80%, en Francia del 73%, y en Italia del 63%. También en el ámbito de los activos dudosos el avance para su reducción ha sido patente, hasta el punto de converger prácticamente con el promedio de la UE, algo impensable solo unos años atrás. Además, en los últimos test de estrés realizados, el sistema bancario español se mostró como uno de los más resistentes, dicho de otra forma, como uno de los que menos capitalización cedería en caso de un escenario adverso para la economía.
La normalización del crédito en España solo se produjo tras la reforma financiera abordada y fue clave para la recuperación económica que todavía disfrutamos. De hecho, gracias a la solvencia de las entidades financieras españolas la financiación a la pequeña y mediana empresa es mucho mas intensa y barata en nuestro país que en la mayoría de estados de la Eurozona. Sin duda alguna, el diferencial de crecimiento económico positivo de nuestro país con relación a la eurozona se explica, en gran parte, por el correcto funcionamiento de nuestro sector bancario en su actividad crediticia.
Dicho todo lo anterior, nuestras entidades tendrán que hacer frente a importantes retos de los que cabe destacar los siguientes. En primer lugar, las diferencias regulatorias de la entidades bancarias respecto de nuevos operadores que realizan las mismas funciones. Esto no solo supone un agravio comparativo, sino que puede generar una concentración del riesgo en estos nuevos actores pudiendo ser una fuente de inestabilidad financiera en el futuro.
En segundo lugar, la actual política monetaria del BCE, que tras el reciente anuncio de su Presidente pretende intensificar y prolongar en el tiempo esta situación de tipos de interés negativos, puede perjudicar la solvencia del sector financiero, precisamente por quien, en principio, tenía la responsabilidad de garantizarla. Además, este entorno anómalo de tipos de interés, donde los gobiernos cobran por pedir prestado, otorga un incentivo a los mismos para postergar las políticas fiscales necesarias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Adicionalmente, la política de liquidez fácil del BCE también retrasa, en ocasiones, las reformas estructurales que permiten el crecimiento a largo plazo.
El bajo crecimiento en Europa no está provocado por un problema de insuficiencia de crédito bancario, sino debido a la falta de reformas estructurales por el lado de la oferta que aumenten nuestro PIB potencial permitiendo compensar los frenos del envejecimiento demográfico y la baja productividad.
La persistencia en el tiempo de tipos de interés negativos presiona sobremanera la cuenta de resultados del sector bancario. A este respecto, el anuncio de la implementación de un sistema de remuneración en tramos para las reservas que mantienen los bancos comerciales en el BCE, posibilitará que una parte de estas no se someta a tipos negativos. Se trata de una medida, aunque insuficiente, a valorar por el potencial impacto positivo en el sector. De cualquier modo, los tipos de interés negativos para las posiciones de liquidez de la banca son, en esencia, un impuesto encubierto, que esta soporta directamente sobre su exceso de reservas en el banco central, e indirectamente en el margen de intermediación. Este contexto no parece el mejor para sugerir también, desde el ámbito fiscal, un aumento de los impuestos a la banca.
El problema de los tipos negativos de la facilidad marginal de depósito del BCE es que presionan artificialmente a la baja los tipos del activo en unas proporciones que resulta imposible trasladar a la remuneración del pasivo. Entre otras razones porque llegados a una situación de tipos negativos, algunos clientes podrían plantearse desbancarizar su liquidez, es decir, mantener sus saldos en dinero físico. En todo caso, el coste de pasivo no solo tiene que ver con las fuentes de financiación, sino que también debe asumir los gastos de explotación (redes comerciales) necesarios para su captación. Ante esta situación las entidades podrían justificar el aumento de los ingresos por servicios, pero parece un escenario poco probable ya que la banca española es comparativamente con la europea de las que menos cobran por estos conceptos.
La reducción de los tipos de interés pudo ser necesaria para reactivar la economía, pero una vez superada la crisis, profundizar en este entorno genera riesgos, como la inflación de activos, e inestabilidad en el sector bancario. Todo ello impacta sobre la cuenta de resultados y la rentabilidad de las entidades, con el consecuente entorpecimiento de su capacidad para reforzar su solvencia, actividad que tanto le reclaman.
Por todo ello, un entorno de tipos negativos puede terminar teniendo el efecto contrario al deseado, esto es, en lugar de un aumento del crédito, una contracción del mismo derivado del impacto de esta medida sobre márgenes, rentabilidad y capital.
Finalmente, no quiero terminar sin recordar la necesidad de avanzar en la Unión Bancaria mediante la creación de un fondo de garantía común para los depósitos de todas las entidades de la Eurozona, camino del que queda todavía mucho por recorrer. Entre otras razones porque no todos los países han sido capaces de completar el proceso de reestructuración financiera como lo ha hecho España. El mejor indicador de que la Unión Bancaria se ha alcanzado será cuando desaparezca la actual fragmentación financiera en la Eurozona y se rompa definitivamente el vínculo entre el riesgo soberano y el riesgo bancario, cuya existencia se puso claramente de manifiesto hace unos meses en Italia, lo que nos recuerda también la necesidad de no olvidar la consolidación presupuestaria a la vista del monto acumulado de deuda en nuestro país. Sin duda alguna la Unión Bancaria será el acicate para las operaciones bancarias transfronterizas, que romperán el vínculo banco-soberano ya que el balance de los bancos resultantes tendrá un porfolio más diversificado de bonos soberanos y del resto de sus activos.