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Artículo de opinión publicado por Carlos Ruiz, Director de Estudios del Instituto de Estudios Económicos, en La Voz de Galicia el 31 de mayo
El contexto económico actual, marcado por una severa caída de la actividad, ocasionada por la crisis de la epidemia del coronavirus, plantea con mayor profusión una evaluación sobre la suficiencia de los mecanismos de protección social existentes para minimizar los efectos de dicha crisis sobre la renta de los hogares y, en particular, sobre aquéllos dirigidos a colectivos que carecen de recursos.
En el caso de la economía española, este planteamiento adquiere una mayor relevancia, primero por la posición relativamente desfavorable que registra nuestro país en relación con sus principales socios comunitarios. España cuenta con un elevado porcentaje de población situado por debajo del umbral de riesgo de pobreza, un 21,5%, además de una altísima tasa de desempleo que afecta, en mayor medida, a parados de larga duración con baja cualificación y formación. En segundo lugar, la elevada dispersión de los regímenes de prestaciones asistenciales, en cuanto a requerimientos de acceso y cuantías se refiere, con respecto a los distintos niveles de la Administración, dificulta, entre otras cuestiones, la evaluación de la eficacia y eficiencia de las prestaciones existentes como garantes de una cobertura óptima para este riesgo definido. Y, por último, el margen presupuestario actual y, en particular, futuro para el encaje de una nueva prestación social es muy reducido, debido a nuestros ya elevados compromisos de financiación del saldo estructural y abultado endeudamiento.
Las experiencias europeas en cuanto a la introducción de este tipo de medidas sobre el aseguramiento de unos niveles de ingresos mínimos no son concluyentes en cuanto a una reducción significativa de las tasas de riesgo de pobreza tras la crisis de 2008, si bien sí que se habría producido cierta amortiguación de éstas durante este periodo. La evolución de esta ratio para el periodo 2008-2018 es la siguiente: UE 28 (16,6%-17,0%); Alemania (15,2%-16,0%); Francia (12,5%-13,4%); Italia (18,9%-20,3%); Portugal (18,5-17,3%). Si bien los sistemas son muy heterogéneos entre los países, presentan rasgos comunes como el distanciamiento de las cuantías de estas prestaciones sociales con respecto el umbral de la pobreza, así como la asociación existente entre la obtención de estas ayudas y los incentivos para la activación laboral de sus perceptores.
Sin duda, las claves para mejorar la eficacia de esta prestación asistencial en España residen tanto en la generación de un marco favorable para la generación de empleo como en la mejora de las condiciones de empleabilidad de la población en edad de trabajar. Cuestiones tales como el establecimiento y desarrollo de un marco regulatorio que permita la adaptabilidad de las empresas ante los desafíos que marca la evolución de la actividad, la lucha contra la economía sumergida y el desarrollo de políticas activas de empleo e intermediación laboral complementarias son algunas de las mismas.
Por lo tanto, el diseño óptimo del Ingreso Mínimo Vital en la situación de crisis actual, debe incluir, por una parte, el aseguramiento temporal y en el corto plazo de un determinado ingreso mínimo, sin que repercuta sobre el componente estructural de nuestro saldo presupuestario y, por otra, la introducción de medidas estructurales de carácter económico y laboral que, entre otras, estén relacionadas con la empleabilidad, la lucha contra la economía sumergida y la mejora de la formación del capital humano de estos hogares con menores recursos.