El hándicap del empleo en España

[highlight style="light"]Artículo publicado por Joaquín Trigo, Director General del IEE, el 21 de diciembre en Dossier Empresarial [/highlight]   El número de personas ocupadas en España en el tercer trimestre de 2012 ascendía a 14,3 millones en el sector privado y a 2,9 millones en el público, teniendo su punto álgido este último sector en el tercer trimestre de 2011, con 3,1 millones, a pesar de la obvia reducción del empleo. El paro de larga duración en 2007 representaba un 1,7%, y en 2011 un 8,3%, lo que evidencia la posibilidad real de soportar largos períodos por debajo de la capacidad de ocupación y crecimiento. Según Eurostat, las tasas de desempleo juvenil en la UE-27 se sitúan en una media del 21,4%, aunque España cuenta con una tasa del 46,6%, posicionándose en el primero del ranking de la UE. Dentro del territorio español, el abanico está entre el 65% en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, seguidas del 54,4% de Andalucía y con un mínimo de 29,1%, en la Comunidad Foral de Navarra. Según el INE, las tendencias demográficas sugieren que, de mantenerse en el futuro las actuales tendencias demográficas, en el año 2018 habría más defunciones que nacimientos y la población, de 46,2 millones de 2012, bajaría hasta llegar a los 41,4 millones en 2052. Si esta tendencia no cambiase, las tasas de dependencia (menores de 16 años y mayores de 64) exigirían un volumen de recursos tal que excedería, con mucho, lo que pueda permitir un PIB como el actual. Obviamente las tendencias cambiarán, para mejor y para peor, de un ciclo a otro, pero siempre impulsadas por buenas o malas políticas económicas, que son las determinantes del aumento del empleo o de su hundimiento. A este respecto, en el tercer trimestre de 2012 se puede pasar de una tasa de ocupación mínima de 45,63% en Zamora y una máxima del 69,14% en las Islas Baleares. Entre las causas de la tan elevada tasa de paro, y de su larga duración, deriva del hecho de que la dimensión de la mayor parte de las empresas españolas es muy pequeña -un 93,11% en 2008, según la OCDE-, además de contar con poco acceso al crédito. Otro de los efectos es el aumento de la población en riesgo de pobreza o exclusión social que, con datos de Eurostat, llegaba en 2010, al 25,5% de la población total, con unos máximos de 42,1%, en la ciudad autónoma de Ceuta, y del 41,5% en Extremadura, y con un mínimo de la Comunidad Foral de Navarra del 9,7%. Otro hándicap son los costes laborales en las situaciones de fuerte crecimiento, como en los años que siguieron a la entrada en uso del euro. Según “Industrielle Arbeitskosten im internationalen Vergleich”, en los años 2005/2011, la tasa de variación anual de los costes laborales por hora trabajada en la industria manufacturera fue de un 3,5%, superando a todos los países de la UE, excepto a los provenientes del este. Las situaciones económicas adversas, como la actual, tienden a reforzarse y a retrasar la recuperación. Así, el gasto en I + D, que tiene ventajas fiscales, registró una reducción global de este gasto del 2,8%, con la peculiaridad de que las comunidades de mayor caída fueron Aragón (13,9%) y Baleares (13,2%), mientras que Navarra y el País Vasco aumentaron sus gastos en un 5% y 7%, respectivamente. Por otra parte, estas situaciones empujan a buscar nuevas salidas para la producción realizada por la vía de la exportación. España, según las cifras de “Previsiones de otoño” de la Comisión Europea del pasado noviembre, tenía un déficit del 3,7% del PIB en 2011 y se espera que, para 2013, se sitúe en un 0,5%. Es una esperanza plausible porque las exportaciones de bienes y servicios, según estas previsiones, se espera que aumenten un 7,6% en 2011, en torno a un 2,1% en 2012 y un 4,2% en 2013. Por otro lado, en los dos últimos años, las familias y las empresas han soportado importantes cargas fiscales que han mermado su capacidad de compra e inversión. Además se ha constatado el aumento del paro, han debido de adaptarse a nuevas leyes y ordenanzas, han visto la marcha de inmigrantes y la de personas cualificadas que se han ido a buscar empleo a países con más y mejores posibilidades de mejora. Al tiempo, las empresas, carentes de financiación, con una morosidad creciente, apremiadas por los proveedores, obligadas por sus contratos con clientes y acosadas por los competidores se ven en la tesitura de encontrarse en un proceso concursal. En 2010 fueron 4.990 las empresas concursadas; en 2011 subieron a 5.910 y en los tres primeros trimestres de 2012 ya estaban en 5.450. Llegar a una situación así es, siempre, lamentable, pero ahora la falta de financiación dificulta tanto la salida como la venta de modo que son muy pocas las que pueden superar una situación de esta índole. Por otra parte, las empresas se están topando con serias dificultades de tipo financiero y administrativas que requieren, en el mejor de los casos, 28 días para la apertura de un negocio.