El espectro del socialismo antifinanciero se cierne sobre España

Artículo de opinión de José Luis Feito, Presidente del Instituto de Estudios Económicos, en el diario El Economista el 21 de junio de 2018 “Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo…”Así comenzaban Marx y Engels su manifiesto comunista con el que querían“…expresar a la luz del mundo y al mundo entero las ideas, las tendencias y las aspiraciones del partido”. Mutatis mutandi, no es exagerado decir que un espectro antifinanciero de subidas de impuestos a la banca, a las transacciones financieras y a los rendimientos del ahorro se cierne hoy sobre España. Un programa que, especialmente en el caso de nuestro país, no tiene lógica económica ni justificación moral alguna. Empecemos por esta última, por la denominada justificación “moral” (sería más correcto hablar de justificación política) en la que habitualmente se amparan estas propuestas. Se suele expresar mediante una u otra variación de la siguiente frase memética: “Los españoles contribuyeron al rescate de la banca con sus impuestos y por eso hoy es justo que la banca contribuya a las necesidades de los españoles”. Para clarificar la discusión, es importante distinguir entre objetivos intermedios y objetivos finales del rescate. Impedir la quiebra y desaparición desordenada de algunas entidades de depósito (en su mayoría cajas de ahorro) era el objetivo intermedio del rescate pero no el objetivo final. El objetivo final del rescate, al igual que en otros países, fue impedir que la Gran Recesión iniciada en el 2007 se convirtiera en otra Gran Depresión como la de los años 30 del pasado siglo. Por aquel entonces no se rescataron los bancos y los depositantes perdieron por completo sus ahorros en las entidades quebradas, ocasionándose con ello, no sólo pérdidas de riqueza financiera, sino de producción y empleo incomparablemente más cuantiosas que las acaecidas durante estos últimos años. De lo anterior se colige que los españoles, al rescatar los bancos mediante nuestros impuestos presentes y futuros, nos hemos rescatado realmente a nosotros mismos, a nuestros depósitos en las entidades rescatadas y en las restantes que sin esos rescates se habrían tambaleado por las llamas del miedo y la irreversible pérdida de confianza en su capacidad de honrar sus pasivos. Con ello, también hemos rescatado a muchas de nuestras empresas y empleos que se hubieran destruido por las brutales consecuencias económicas de esa crisis de confianza. Esto implica que, de hecho, hemos rescatado también el sector público ya que los aumentos del déficit y de la deuda pública habrían sido muy superiores a los provocados por dicho rescate. Así pues, la ayuda concedida a los bancos ha evitado a los contribuyentes una pérdida de renta muy superior a los impuestos presentes y futuros que pueda costar dicha ayuda y no hay argumento moral alguno para penalizar fiscalmente el sistema financiero. Un corolario de esto es que, en sentido económico, las ayudas al rescate ya se han recuperado con creces. Esto es, aunque el valor bursátil o de venta de las participaciones públicas en entidades y activos rescatados fuera inferior al importe de las ayudas, los beneficios económicos de los mismos superan en mucho dicho importe. Dicho esto y limitándonos estrictamente a la recuperación contable, la experiencia internacional muestra que los países que inyectaron antes y en mayor cuantía ayudas a las entidades insolventes tienden a recuperar una mayor proporción de las ayudas concedidas. Por otro lado, la imputación de responsabilidades por una situación que exige el rescate de una serie de entidades financieras para impedir una crisis del conjunto del sistema no se debe circunscribir al ámbito estricto de unas u otras entidades de depósito. Es menester indagar las causas de que los bancos pudieran prestar mucho a muchos durante mucho tiempo, creando un volumen de deuda excesiva por impagable. Esta indagación nos conduce a las políticas monetarias y fiscales expansivas aplicadas en los años anteriores a la crisis. A la vista de esas políticas, se puede concluir que los bancos prestaron mucho porque a ellos les prestaron mucho los Bancos Centrales y porque, al aliento de los impulsos fiscales expansivos y de los bajos tipos de interés de desequilibrio fijados por la Autoridad Monetaria, las familias y empresas demandaban mucho crédito. En cuanto a la lógica económica de las propuestas antifinancieras, es conveniente ante todo afirmar un hecho tan incontrovertible como desgraciadamente ignorado por la opinión pública: las empresas no pagan impuestos, los pagan los individuos. El impuesto sobre los beneficios de las sociedades lo pagan sus accionistas en la medida que no se lo trasladan a sus clientes, proveedores y trabajadores, que siempre terminan pagando una parte del impuesto mediante mayores precios por los productos de la empresa o menores por los que les venden a ellas y menor empleo o salarios. Así, ante una subida del impuesto sobre sus beneficios, los bancos intentarían aumentar las comisiones y reducir las remuneraciones a sus depositantes, así como encarecer los precios del crédito a sus prestatarios y ajustar a la baja el importe de sus nóminas. Si un sobreimpuesto de este tipo es siempre contraproducente, lo es aún más en la coyuntura actual de tipos de interés anormalmente bajos, en que la tasa de retorno del capital en el sector bancario es inferior a la de otros sectores que se están beneficiando de los extremadamente bajos tipos de interés. Por cierto, mientras que las críticas inflamadas a la banca en la etapa ascendente de los tipos del Euribor llenaban todos los medios de comunicación, la opinión pública apenas se ha hecho eco de la transferencia de alrededor de quince mil millones de euros desde los ingresos netos de los bancos a la renta de familias y empresas que ha tenido lugar durante la etapa descendente de dichos tipos. Se ha de hacer notar también que los principales accionistas de los bancos no son “los ricos” sino los pequeños ahorradores y partícipes de fondos de inversión y fondos de pensiones cuyas rentas no se alejan mucho de la renta media del país. Por otro lado, mermar los beneficios después de impuestos de los bancos entrañaría reducir el crecimiento de su capital. Como es sabido, la regulación bancaria supedita severamente la creación de crédito al montante de capital de las entidades por lo que si se merma el crecimiento de esto último ipso facto se limita el avance de la financiación a las empresas y familias dependientes del crédito bancario. La inversión de cualquier empresa guarda proporción con sus beneficios después de impuestos pero esta relación es menos automática que en el caso de los bancos por la ausencia de regulación al respecto. Para defender la propuesta, a veces se aduce que algún otro país, el Reino Unido en concreto, ha establecido el sobreimpuesto a la banca (así como un impuesto a las operaciones bursátiles). Si bien el que otros países lo hagan no implica que la medida no sea dañina conviene señalar algunas diferencias fundamentales entre el Reino Unido y nuestro país (aparte de que el impuesto de sociedades allí es casi 10 puntos inferior al nuestro). En primer lugar, en dicho país se intervinieron los dos principales bancos (HSBC y Lloyd), que representaban más de la mitad del sistema bancario, lo que exigió una inyección de fondos públicos muy por encima de la nuestra. Pero, sobre todo, el Reino Unido es un centro financiero internacional, de manera que la traslación del impuesto sobre la banca (así como del impuesto a las operaciones bursátiles) a los accionistas, prestatarios y depositantes residentes en dicho país es muy inferior a lo que sería en el caso de España. Las empresas británicas, además, son mucho menos dependientes que las españolas de la financiación crediticia. En suma, el sobreimpuesto a los beneficios bancarios penalizaría el crédito y, por ende, la inversión, especialmente la de las PYMES que son las empresas más dependientes de la financiación bancaria. Penalizaría de forma especial el ahorro, mediante la subida de comisiones y la reducción de remuneraciones ya que los saldos bancarios siguen siendo uno de los principales vehículos de ahorro en nuestro país. El ahorro se vería seriamente desincentivado si la medida se acompaña de la subida de la tributación de las rentas del capital y de una tasa a las operaciones bursátiles. Con esto, además, se desanimaría el ahorro en acciones y en fondos de inversión en favor de la adquisición de vivienda. Todo ello tendería a erosionar la inversión en equipo y aún más el ahorro, disminuyendo el superávit exterior y, por estas vías, se limitaría la intensidad y la duración del ciclo expansivo de nuestra economía.