¿Dónde está y adónde va la economía española?

[highlight style="light"]Artículo publicado por Joaquín Trigo, Director General del IEE, el 25 de noviembre en La Vanguardia [/highlight]   La producción depende de las personas con ocupación, que trabajan para sí mismas, sus familias y las personas atendidas por las administraciones. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales del año 2005 se llegó a una cifra de 19,3 millones de ocupados, de los que 16,4millones trabajaban en el sector privado y 2,8 millones en el público. La ocupación total alcanzó un punto máximo a finales del 2007, con 20,4 millones, de los que 17,5 estaban en el sector privado y 2,91 en las administraciones públicas. Desde ese hito se llegó, en el tercer trimestre del 2012, a cifras respectivas de 14,3 y 2,9 millones. Conviene tener presente que el punto álgido del empleo público se logró en el tercer trimestre del 2011, con 3,1millones, pues sus efectivos continuaron creciendo a pesar de (o quizá para intentar contrarrestar, pero sin éxito) la obvia reducción del empleo. Las tendencias demográficas proyectadas por el INE (19 noviembre del 2012) sugieren que, de mantenerse en el futuro las actuales tendencias demográficas, en el 2018 habría más defunciones que nacimientos y que la actual población de 46,2 millones bajaría en torno a un millón por año hasta llegar a 41,4millones en el 2052. En ese año, el 37% de la población sería mayor de 64 años, con una esperanza de vida adicional a esa edad de 24 años para los hombres y de 27,3 para las mujeres. Los nacimientos serían un 9% menores que el promedio de los últimos 20 años. La esperanza de vida al nacer, que en el 2011 era de 79,08 para los hombres y 84,92 para las mujeres, llegaría a unas medias de 86,88 y 90,75 respectivamente. La inmigración sería menor que la emigración hasta el 2042 y desde ahí cambiaría de signo en la siguiente década. Lo expuesto indica que, de no cambiar las tendencias mencionadas, las tasas de dependencia (menores de 16 años y mayores de 64) exigirán un volumen de recursos que excedería, con mucho, lo que pueda permitir un PIB como el actual. Obviamente, las tendencias cambiarán, para mejor y para peor de un ciclo a otro, pero siempre impulsadas por buenas o malas políticas económicas y sustentadas en su estructura productiva, que son las determinantes del aumento del empleo o su hundimiento. A este respecto, con datos solventes y considerando conjuntamente los dos sexos, en el tercer trimestre del 2012 se puede pasar de una tasa de ocupación mínima del 5,63% en Zamora y de una máxima del 69,14% en las Baleares. Acerca de la tendencia mencionada, Eurostat aporta datos adicionales del paro de larga duración en los países de la Unión Europea en los años 2007 y 2011. En el primer año, el país con una mayor tasa de paro de larga duración fue Eslovaquia, con un 8,3% de la población activa en paro de larga duración en el primero de los mismos años y 9,2% en el último. España, en el primero de estos años, tenía para este dato, en las mismas fechas, el 1,7% y el 8,3%, lo que evidencia la posibilidad real de soportar largos periodos por debajo de la capacidad de ocupación y crecimiento. Las situaciones económicas adversas como la actual tienden a reforzarse y retrasar la recuperación. Así un componente relevante a este respecto, el gasto en I+D que tiene ventajas fiscales, registró una reducción global de este gasto del 2,8%, con la peculiaridad de que las comunidades de mayor caída fueron Aragón (13,9%) y Baleares (13,2%), mientras Navarra y el País Vasco aumentaron sus gastos en un 5% y un 7% respectivamente. Por otra parte, estas situaciones empujan a buscar nuevas salidas para la producción realizada por la vía de la exportación. España, según las cifras de Previsiones de otoño de la Comisión Europea (noviembre del 2012), tenía un déficit del 3,7% del PIB en el 2011 y se espera que para el 2013 lo deje en un 0,5%. Es una esperanza plausible porque las exportaciones de bienes y servicios, según las del informe de la Comisión Europea, se espera que aumenten un 7,6% en el 2011, en torno a 2,1% en el 2012 y 4,2% en el 2013. En los dos últimos años, las familias y empresas han soportado importantes cargas fiscales que han mermado su capacidad de compra e inversión, han constatado el aumento del paro, han debido de adaptarse a nuevas leyes y ordenanzas, han visto la marcha de inmigrantes, la de personas cualificadas y la de sus propios hijos y sobrinos que fueron a buscar empleo en otros países. Al tiempo, las empresas, carentes de financiación, con una morosidad creciente, apremiadas por los proveedores, obligadas por sus contratos con clientes y acosadas por los competidores, se ven, de forma creciente, en la tesitura de verse en un proceso concursal. Las cifras son elocuentes. En el 2010 fueron 4.990 las empresas concursadas, en el 2011 subieron a 5.910 y en los tres primeros trimestres del 2012 ya estaban en 5.450. Llegar a una situación así es siempre lamentable, pero ahora la falta de financiación dificulta tanto la salida como la venta, de modo que son muy pocas las compañías que pueden superar una situación de esta índole. El exceso de deuda exige esfuerzos, incluso a las administraciones que, de modo desigual, también han reducido costes, pero lentamente. Han de ser ejemplo de eficiencia, rebajar costes, simplificar exigencias, aumentar la calidad de sus prestaciones, hacer atractivo el país y que sus funcionarios y empleados sean modelos de diligencia y eficacia.