IEE en los medios
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[highlight style="light"]Artículo publicado por Joaquín Trigo, Director General del IEE, el 28 de noviembre en El Periódico de Cataluña [/highlight]
Gran parte de las familias españolas han conseguido ser propietarias de su vivienda. Han concentrado en ella buena parte de sus ahorros y han ayudado, los que han podido, a sus hijos para que consiguieran lo mismo. El recurso al alquiler solía ser transitorio hasta que hubiera seguridad en cuanto a ingresos. Las familias de clase media, con el tiempo y si todo iba bien, se atrevían con la segunda residencia.
Según el INE, en el 2010, el 83% de la población española había conseguido tener una vivienda habitual en propiedad. En Alemania es más habitual el arrendamiento. En Portugal, por el contrario, se recurre más a la compra. Las preferencias por una u otra opción dependen de las normas y la oferta.
Con el euro se contó con una moneda sólida, fácil acceso al crédito y baja tasa de interés. La oferta trataba de colocar viviendas y créditos con cifras tentadoras que, en algún caso, llegaban a incluir mobiliario y/o la financiación de la compra de un coche. Las promotoras confiaban en la continuidad de la racha y el empujón de la inmigración y obtenían permisos de construcción.
Cuando cambió la marea no todo se convirtió en lo contrario. Las viviendas menos apalancadas (según la Asociación Española de Banca, el 97% de las familias con hipoteca responde a sus obligaciones de pago) mantienen su apreciación mientras que, una parte de las otras, tiene algunas dificultades que pueden llevar a la ejecución hipotecaria.
En el segundo caso, tanto los inquilinos como las entidades financiadoras tienen problemas que, en general, se han arreglado por vía de reestructuración o refinanciación de las hipotecas de modo que, según datos de Ministerio de Economía Competitividad entre el 2009 y septiembre del 2012, el número de desahucios de primera vivienda estaría cifrado entre 4.000 y 15.000.
El número de ejecuciones totales es superior a estas cifras, porque incluye locales comerciales, naves, segundas viviendas… o desahucios instados por las administraciones públicas o el sector privado.
La situación económica del país es delicada y eso afecta a muchas familias y también a la banca. Para todos ellos es importante mantener en lo posible el valor de las viviendas. En esta línea, el Gobierno aprobó el 16 de noviembre el RDL 27/1012 que menciona las situaciones de especial vulnerabilidad que permiten acogerse a la suspensión de los lanzamientos durante dos años. Y la banca propone ampliar el ámbito de aplicación del código de buenas prácticas y facilitar que los deudores con dificultades financieras puedan reordenar su crédito. Son buenas noticias porque buena parte del patrimonio del país está en el parque de viviendas. Si se deteriora todos saldremos perdiendo.