Artículo de opinión de Almudena Semur, Coordinadora del Servicio de Estudios del IEE, en el diario digital El Empresario, el 22 de diciembre de 2016
España es un país de contrastes, y más desde que tenemos nuevos tiempos políticos. Son tiempos, como señala Felix Ovejero en
Democracia para niños, en los que “La miopía es solo una variante de la irresponsabilidad más general, esa misma que nos lleva a realizar acciones que condenamos: reclamamos medidas contra el cambio climático con nuestros radiadores a todo trapo”. En fin, son tiempos en que los acuerdos entre partidos son inevitables, y en los que los claroscuros se han acentuado.
Así las cosas, mientras que el paquete de medidas fiscales, y sociales, recientemente aprobado con el objetivo de recaudar ingresos para cumplir con los objetivos de déficit, embestía cual toro Miura a las empresas, al ser el mayor incremento desde la Transición hasta la Democracia -subida del salario mínimo un 8%, subida de los costes laborales con incremento de las bases mínimas y máximas de cotización entre un 3% y un 8% y aumento del tipo efectivo del impuesto sobre sociedades-. El ministro Guindos a modo de bálsamo para curar las heridas, señalaba que se estaban
analizando todos los obstáculos que existen en nuestro país y que impiden que las pymes aumenten su tamaño, a la vez que enumeraba las dificultades fiscales, laborales, regulatorias y de auditoría que llevan a que, de alguna forma, compense ser pequeño. Como bien sabe el lector, la tasa de supervivencia empresarial está íntimamente relacionada con el tamaño, a mayor número de trabajadores, mayor tasa de supervivencia empresarial.
Varias son las causas que en nuestro país dificultan la creación y el crecimiento empresarial, motor esencial para la creación de empleo. Avanzábamos tímidamente con el objetivo de ser una economía en un entorno atractivo para hacer negocios. Incluso en 2015, y a lo largo de 2016, se consiguió por primera vez y desde el inicio de la crisis que el número de empresas creadas con asalariados superara al número de desaparecidas. Pero tras el “decretazo”, no sólo se frenara la competitividad de las empresas en un país como el nuestro en el que la economia se ha caracterizado por un incremento de la base exportadora, una evolución positiva de las ventas al exterior y una corrección del desequilibrio externo, sino que también afectaran negativamente a la inversión empresarial, a la creación de empleo y a la tasa de desempleo estructural, incidiendo específicamente en los parados de larga duración y con menor nivel de cualificación. Tal es así, que las medidas restarán en el año 2017, dos decimas al crecimiento (de 2,5 a 2,3) y 4 decimas a la creación de empleo (2,2 a 1,8), según nuestras previsiones. Todo ello sin contar con el frenazo que supondrá para la creación de empleo en el 2018, ya que las mismas coincidirán con la subida de tipos, el aumento del precio del petróleo y el repunte del proteccionismo en el ámbito internacional.
Desafortunadamente, también ha sido vulnerado el marco institucional en que se mueven las empresas, pilar importantísimo para el crecimiento y la atracción de inversiones. La reversión con efecto retroactivo de determinadas deducciones en el IS como ha sido la de pérdidas en cartera, lleva consigo la exigencia a las empresas que se aplicaron esta deducción a que reviertan la misma a razón de un 20% cada año, con indiferencia de si la empresa registró pérdidas y por tanto, no se pudo beneficiar de la deducción.
Conseguiremos cumplir con el objetivo de déficit ante Bruselas, pero a costa de que empresario al sufra la mayor parte del ajuste. Se ha hecho por el lado incorrecto al subir el coste del trabajo, en vez de ajustar el gasto público corriente o de finalizar la restructuración del Sector Publico con el fin de evitar deficiencias y duplicidades. Las cotizaciones sociales son, en última instancia, un impuesto sobre el factor trabajo que penaliza la contratación al incrementar los costes no salariales en los que incurre el empresario.
