Retos y oportunidades del mercado laboral: la integración sociolaboral

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Páginas
512
Año
2008
Referencia
94
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El baby boom que marcó el período comprendido entre los últimos años de la década de los 50 hasta finales de los años 70, junto con el aumento de la esperanza de vida, explican el progresivo envejecimiento de la población española, cuyas proyecciones estiman que la población mayor de 65 años superará el 35 por 100 en los próximos cuarenta años, siendo mujeres el 20 por 100 de esta población. Ante las dificultades para mantener el actual sistema de pensiones, al evolucionar hacia un marco en el que el número de trabajadores será inferior al de jubilados beneficiarios de las pensiones, se convierte en una prioridad la adopción, por parte de los poderes públicos, de una serie de medidas destinadas a reactivar el mercado de trabajo -que compensen este desequilibrio en el sistema de reparto-, entre las que destacan aquellas que incentivan el retraso de la edad de jubilación, facilitan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo o atraen a la población inmigrante.

El envejecimiento de la población -junto con la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la limitada cobertura social y la internacionalización del mercado de trabajo- ha generado la aparición de nuevas posibilidades de empleo, sobre todo para ciertos colectivos con mayor peligro de exclusión social, como son los inmigrantes y los parados de larga duración. El desempeño de las labores como cuidador de personas dependientes, carece, en la actualidad, de un marco legislativo claro y estable que impide el buen funcionamiento de este mercado, pues, por un lado, la mayoría de los trabajadores no poseen un contrato legal –por lo que forman parte de la economía sumergida- y existe, por otro lado, la inminente necesidad de formación específica para el personal no cualificado, sobre todo en relación con el trabajo físico que exige el cuidado de personas mayores afectadas por determinadas enfermedades que requieren cuidados muy especializados. Sería conveniente, por lo tanto, introducir cursos formativos que doten al personal de los conocimientos necesarios para que se produzca una labor de cuidado adecuada y para que la situación de convivencia en el hogar sea favorable para las tres partes implicadas: el anciano y la familia, el empleador y el cuidador.

La economía española está, actualmente, sumida en un proceso de desaceleración. Esta moderación del crecimiento está repercutiendo ya en los niveles de empleo cuyo dinamismo se está deteriorando peligrosamente. La destrucción de empleo está afectando, en mayor medida, a ciertos sectores de la economía, como son la construcción y los servicios -actividades intensivas en mano de obra- que, a su vez, emplean a buen número de población inmigrante y a mujeres. El deterioro de la coyuntura repercute, por lo tanto, de manera desigual en los distintos segmentos poblacionales, con lo que se incrementa el riesgo de exclusión laboral, y por extensión, también social, al considerarse el trabajo como una actividad integradora a través de la participación en la vida activa de un país de ciertos colectivos de por sí susceptibles de experimentar cierto grado de discriminación por motivos de raza, sexo, edad, origen, etc. Apremia, por lo tanto, la necesidad de reforzar las políticas de integración en vigor y de acometer nuevas medidas que favorezcan y faciliten el acceso al empleo de los colectivos con riesgo de exclusión por medio de los cambios legislativos y formativos adecuados.

La mayoría de las políticas activas aspiran a dinamizar el mercado de trabajo como parte integrante de los planes de inserción y erradicar las situaciones de precariedad en dicho mercado. En este contexto, la formación se constituye en herramienta complementaria de los planes de integración, que, además de dotar de los conocimientos técnicos necesarios, ejercita las habilidades y las capacidades adecuadas para la adaptación a los continuos cambios del mercado de trabajo. La diversidad de los colectivos con riesgo de exclusión como los inmigrantes, las mujeres, los discapacitados, etc., cuyas características y necesidades son diversas, pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan las instituciones responsables de establecer los planes formativos sobre la base de criterios generales. Las políticas de integración laboral deberían incorporar proyectos formativos afines a la realidad económica del país y adaptados a las demandas empresariales con el objeto de aumentar las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo, sobre todo en aquellos grupos con mayor riesgo de exclusión sociolaboral. Es imprescindible incluir en el diseño y en la aplicación de los itinerarios formativos programas especializados e individualizados que tengan en cuenta las carencias educativas y formativas que caracterizan no sólo al colectivo de riesgo sino también al individuo, de modo que la formación se constituya en herramienta que otorgue los conocimientos y explote las aptitudes y las habilidades de cada uno y que facilite el acceso a un puesto de trabajo estable. Pero la formación no sólo ha de dirigirse a estos grupos de riesgo sino que, además, deberían ser educados, conforme al criterio de diversidad, los educadores y demás ciudadanos con el fin de desarrollar una sociedad tolerante, capaz de aprovechar todas las ventajas que se pueden obtener de una sociedad multicultural.

Cerca del 9 por 100 de la población española presenta cierto grado de discapacidad permanente. La normativa que trata de favorecer la integración de este colectivo a través de la inserción laboral ha evolucionado de manera muy favorable desde la entrada en vigor de la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982, que, por primera vez, contemplaba la inserción laboral de personas con minusvalías. Una de las medidas más recientes aprobadas para fomentar el empleo de personas con discapacidad es el empleo con apoyo en el mercado ordinario de trabajo, regulado por el RD 870/2007. Con ella se pretende facilitar la integración sociolaboral de este colectivo a través de su incorporación a las empresas del mercado ordinario. En el caso de la inmigración, el nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, identifica los objetivos que se deben alcanzar en materia de integración laboral para cuya consecución se proyectan diversas medidas entre las que destacan la evaluación de la normativa laboral y de Seguridad Social, la automatización de las renovaciones y solicitudes de autorización de residencia y de trabajo, la ampliación de los Convenios Bilaterales sobre la Gestión de Flujos Migratorios, etc.

En definitiva, son numerosas las reformas y las nuevas medidas que se han acometido de cara a facilitar el acceso al mercado de trabajo de ciertos grupos con riesgo de exclusión, aunque siguen existiendo cuantiosas diferencias en las tasas de desempleo de estos colectivos y el resto de la población. Es preciso establecer nuevas líneas de actuación que insistan en la inversión en la mejora de los recursos humanos o en las prácticas de contratación no discriminatoria. No hay que olvidar que la mejor política social es el empleo. De poco sirve un sistema de bienestar o una regulación laboral que, al encarecer en exceso el empleo, a la postre acaba excluyendo del mismo a los colectivos más vulnerables. Por ello se deben diseñar incentivos para que a los que puedan trabajar no les compense el no hacerlo y quienes quieran trabajar encuentren las oportunidades de empleo que les permita materializar sus proyectos de realización personal por la vía de la inclusión sociolaboral.

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