Las balanzas fiscales personales

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Páginas
292
Año
2007
Referencia
90
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El cálculo de las balanzas fiscales territoriales, entendidas como el saldo entre lo que cada Comunidad Autónoma aporta al Estado y lo que recibe del mismo, es una cuestión controvertida que ha despertado gran interés en tiempos recientes, aunque las motivaciones de dicho interés puede que sean más políticas que estrictamente académicas. Se entiende que dicho saldo es un indicador del esfuerzo redistributivo del sector público en el ámbito territorial, y, por tanto, de la aportación que realiza cada Comunidad Autónoma o de los beneficios que recibe de la solidaridad interterritorial. Sin embargo, la elaboración de estas balanzas se enfrenta a enormes problemas técnicos y metodológicos, cuya solución no siempre goza del suficiente consenso, y que obliga a hacer numerosos supuestos que implican un elevado grado de arbitrariedad. Como resultado de ello, los intentos de cuantificar los saldos fiscales territoriales llevados a cabo por diferentes autores a lo largo de las últimas décadas han ofrecido resultados numéricos muy dispares. Esto pone de manifiesto la escasa fiabilidad y la enorme cautela con la que debemos analizar las cifras de las balanzas fiscales territoriales, que en ningún caso pueden tomarse como valores exactos, ni siquiera como aproximaciones, sino tan solo como indicaciones orientativas, lo que, en opinión de muchos autores, reduce la utilidad de estas construcciones.

En lo que sí existe un amplio consenso es en que se debe trasladar el enfoque del estudio de las balanzas fiscales desde el ámbito territorial al personal. El concepto de equidad solo tiene sentido si se refiere a la equidad entre personas, y no entre regiones, puesto que son los individuos, y no los territorios, los que pagan impuestos y reciben prestaciones. La equidad interpersonal supone que los individuos que tienen más renta aportan al Estado más de lo que reciben, y los de menor renta reciben más de lo que aportan, y es en esto en lo que consiste la función redistributiva del Estado ejercida a través del sistema fiscal y de los Presupuestos públicos. El hecho de que algunos territorios presenten saldos fiscales negativos significa, simplemente, que sus individuos en conjunto son contribuyentes netos, lo que quiere decir que su nivel de renta es superior a la media. Lo que sucede con las balanzas fiscales de los territorios no es más que el reflejo de lo que ocurre en términos agregados con las balanzas fiscales personales de los individuos que residen en cada región, por lo que si el Estado redistribuye la renta entre los individuos a través de los instrumentos fiscales y presupuestarios de que dispone, también se producirá una redistribución de la renta entre las regiones como subproducto de aquella.
El objetivo de este trabajo es servir de aproximación al estudio de los saldos fiscales personales, y, por consiguiente, del papel del sector público en la redistribución personal de la renta. Se analiza, para ello, el efecto redistributivo de las principales figuras impositivas, así como de los gastos del Estado, pero también su impacto sobre la eficiencia económica. En este punto es oportuno precisar que la redistribución de la renta ha de tener límites, puesto que existe un conflicto entre eficiencia y equidad. Esto se debe al efecto desincentivador sobre el trabajo, el ahorro y la asunción de riesgos derivado de la imposición sobre la renta y de la progresividad de la escala impositiva, así como de ciertos gastos públicos, como las prestaciones por desempleo e incluso las pensiones. Lo  importante, desde el punto de vista de la equidad, no es que no existan diferencias de renta –la completa igualdad eliminaría los incentivos para educarse, trabajar o invertir–, sino que no existan personas con unas condiciones de vida por debajo de lo considerado como digno. La delimitación del concepto de justicia redistributiva nos puede ayudar a valorar de manera racional la importancia de alcanzar mayores niveles de equidad, y a responder a la cuestión de a cuánta eficiencia estamos dispuestos a renunciar a cambio de más redistribución.
En este sentido, las modificaciones que han sufrido nuestras principales figuras impositivas a lo largo de los años pueden haber tenido el efecto de reducir su capacidad redistributiva, aunque a cambio se ha logrado un impuesto más eficiente y que ha mejorado sensiblemente los incentivos sobre los agentes económicos. Con ello se ha logrado un mayor equilibrio entre eficiencia y equidad en comparación con los primeros diseños de dichos impuestos, además de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en la última década, que es el principal instrumento de redistribución de la renta en España.
En suma, los estudios contenidos en este número ponen de relieve que los efectos redistributivos de la actividad financiera del Estado son muy limitados y que no se produce de forma clara un trasvase neto de renta desde los individuos situados en los estratos superiores hacia los situados en los niveles inferiores. Es más, el sistema fiscal y el Presupuesto público, no solo producen fuertes distorsiones sobre el funcionamiento de la economía en el vano intento de transferir renta desde los grupos de más ingresos hacia los de menos ingresos, sino que además han generado un sistema perverso en el que se produce una redistribución dentro de las clases medias, y donde son los buscadores de rentas quienes obtienen los mayores rendimientos, además de fomentar el fraude fiscal.

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