La unidad de mercado en la España actual

24,00

Páginas
272
Año
2010
Referencia
659
Autor
Lorenzo Bernaldo de Quirós, Francisco Cabrillo, Antonio Calonge, Antonio Cidoncha Martín, Juan F. Corona Ramón, Donato Fernández Navarrete, Leopoldo Gonzalo y González y Helena Villarejo
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Son numerosas las ventajas, desde el punto de vista económico, de la descentralización territorial del poder público. El federalismo fiscal, es decir, el reparto de las competencias y de las responsabilidades económicas entre las diferentes escalas territoriales de gobierno (estatal, regional y local), y los principios económicos por los que debe regirse dicho reparto para que sea eficiente, es un campo de estudio ampliamente investigado y debatido por la ciencia económica. No obstante, existe un límite a la descentralización: la preservación de la unidad de mercado.
Varios de los autores de este volumen repasan las ventajas que se derivan de un mercado integrado amplio y los perjuicios que puede ocasionar la ruptura de dicha unidad. En un mercado amplio es mayor el aprovechamiento de las economías de escala, la división del trabajo y la intensidad de la competencia (esto último, al ser mayor el número de competidores), lo que conduce a menores costes de producción, a mejorar la productividad y la eficiencia, y, por consiguiente, a incrementar la competitividad y a mayores niveles de empleo y de bienestar para los ciudadanos.
Este es, precisamente, el motivo que dio origen, hace ya medio siglo, al proceso de construcción europea, el cual ha consistido, en lo económico, en la supresión de las barreras que limitaban la libre circulación de personas, mercancías y capitales, y en la armonización de las regulaciones que producían el efecto de fragmentar el mercado, todo ello con el objetivo de crear un mercado único, mucho más amplio que los mercados nacionales originarios, de forma que se pudieran materializar las ventajas derivadas de un mejor aprovechamiento de las economías de escala, de la división del trabajo y de una competencia incrementada. Por esta razón, todos los Estados con una estructura política descentralizada se dotan de mecanismos jurídico-constitucionales para garantizar que el uso de las competencias atribuidas a las escalas regionales o locales de gobierno no va a traspasar los límites de la unidad de mercado.
La trascendencia del principio de unidad de mercado, por lo tanto, no solo procede del hecho de que la unidad económica es una de las expresiones de la unidad nacional, de tal modo que la ruptura de aquella implica la ruptura de esta. También procede de su importancia como factor clave de competitividad. Sobre todo para una economía como la española, con graves carencias competitivas. De ahí la preocupación que ha despertado la deriva que está tomando el siempre inacabado proceso de construcción autonómica en nuestro país. La asunción de cada vez más competencias por parte de los gobiernos autónomos, y el uso que de ellas están haciendo estos, amenaza con romper la unidad de mercado, un lujo que nuestra economía no puede permitirse en un entorno mundial globalizado y fuertemente competitivo.
Son muchos los ejemplos de medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas con efectos potencialmente desintegradores sobre la unidad de mercado: la obligación de que los trabajadores conozcan una lengua regional, lo que limita la libre circulación de los mismos dentro de todo el territorio; normas de etiquetado, embalaje e instrucciones, que tienen que estar escritas en dichos idiomas, o diferentes normativas de seguridad, medioambientales o de composición de los productos, que obligan al fabricante a instalar líneas de producción diferenciadas, lo que supone mayores costes y un menor aprovechamiento de las economías de escala; diferentes interpretaciones de las normas por parte de las instancias judiciales de cada territorio, lo que hace que los mismos hechos económicos sean interpretados de diferente manera en cada región, creando inseguridad jurídica; diferentes regulaciones de los colegios profesionales y del régimen de los profesionales liberales, que puede fragmentar el mercado único al impedir que estos ejerzan su profesión en todo el territorio sin tener que cumplir más requisitos que los exigidos en su colegio, y un largo etcétera. En definitiva, las empresas que deseen implantarse en todo el territorio nacional deben contratar diecisiete gabinetes jurídicos distintos, lo que multiplica sus costes y ejerce un efecto disuasorio sobre la inversión extranjera.
El origen del problema se encuentra, en gran medida, en el obsesivo afán regulatorio de las autoridades autonómicas. La intromisión normativa de los gobiernos autónomos tiene un alcance que supera con creces cualquier límite razonable. Muchas actividades económicas se regulan hasta el más mínimo detalle, siendo esta la causa fundamental de la introducción, absolutamente innecesaria y arbitraria, de requisitos y barreras inútiles cuyo único resultado es obstaculizar la actividad económica y fragmentar el mercado nacional, sin aportar realmente nada beneficioso a la sociedad.
Pero ¿cuándo se traspasan los límites de la ruptura de la unidad de mercado? Se puede considerar que una normativa autonómica rompe la unidad de mercado cuando impide la libre circulación de mercancías y de factores productivos, y cuando crea distorsiones a la competencia. En este volumen se analiza, particularmente, el impacto desintegrador de la normativa autonómica en tres ámbitos concretos: el lingüístico, la distribución comercial y la tributación.
En suma, este trabajo pone de manifiesto la existencia de un problema al que los poderes públicos no prestan la atención que merece y establece una serie de puntos de referencia que ayuden a centrar el debate. Es necesario encontrar los mecanismos que nos permitan alcanzar el punto de equilibrio que garantice la consecución de las ventajas de la descentralización territorial sin renunciar a la unidad de mercado. Para ello, puede ser necesario instrumentar algún mecanismo institucional que encauce el proceso, como, por ejemplo, la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de normativas comunitarias, semejante al principio que se aplica en el seno de la UE con respecto a las normativas nacionales, así como la creación de un organismo, al estilo del Servicio de Defensa de la Competencia, cuya función sea vigilar la compatibilidad de las legislaciones regionales con la unidad de mercado.

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