La fiscalidad en el sector agrario

12,00

Páginas
200
ISBN-13
987-84-88533-72-2
Año
2004
Referencia
648
Autor
Enrique Abellá, Luis Manuel Alonso, Ricardo Calle, etc
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El presente libro reúne los trabajos presentados (previa actualización y revisión de los mismos) en las jornadas sobre la fiscalidad en el sector agrario, organizadas conjuntamente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto de Estudios Económicos, con motivo de la preparación del Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural, y celebradas en Madrid el 5 de marzo de 2003. El artículo 130.1 de nuestra Constitución señala que “los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”. Esto supone, en consecuencia, un reconocimiento de las especiales necesidades de fomento que presenta el sector primario y una imposición a los poderes públicos de promover su modernización y desarrollo.

Entre los medios empleados por la Administración para fomentar la actividad agraria se encuentra la política tributaria. En este sentido, el tributo puede promocionar e incentivar ciertas actividades a través del establecimiento de beneficios fiscales, siempre y cuando el tributo incorpore un índice de capacidad económica y satisfaga los criterios económicos o sociales amparados por la Constitución, requisitos ambos que pueden concurrir en los beneficios fiscales al sector primario. Por una parte, el propio artículo 130 de la Constitución reconoce que los niveles de renta que se registran en estas actividades son inferiores a la media, mientras que, por otra, su finalidad última responde a intereses generales, como son el desarrollo de todos los sectores económicos y la equiparación de la renta. El establecimiento de beneficios fiscales para el sector agrario puede presentar cierta justificación constitucional, aunque suponga una excepción al principio de generalidad (artículo 31.1), tal y como ya se recogió en los antecedentes de la Ley 49/1981 del Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y de los Jóvenes Agricultores, y en la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

En cuanto a la fiscalidad del sector agrario en la imposición directa, el rendimiento de las actividades económicas en el IRPF contempla dos regímenes de determinación de los rendimientos: el de estimación directa (normal o simplificada) y el de estimación objetiva. La posibilidad de aplicación del régimen de estimación objetiva a las actividades del sector primario se justifica en que se trata de contribuyentes titulares de explotaciones de carácter familiar, con enormes dificultades a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias. La complejidad en la aplicación del régimen de estimación directa en este tipo de actividades se deriva de la obligatoriedad de determinar la base imponible por remisión al resultado contable, obtenido mediante la aplicación de las normas mercantiles, poco adecuadas para las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras.

Una de las novedades más significativas de la actual regulación del IRPF, en cuanto a la estimación objetiva, es la posibilidad de deducción de las amortizaciones, concretada en una reducción sobre el rendimiento neto previo en función de una tabla de amortización acelerada. No obstante, existe una cierta divergencia entre los coeficientes máximos de amortización aplicables en estimación directa y objetiva. Esta diferencia podría corregirse adecuando los coeficientes de amortización de la estimación directa. En cuanto a la libertad de amortización, además de los supuestos generales incluidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, las únicas previsiones específicas para el sector primario son las contenidas en la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, por la que gozan de libertad de amortización los elementos de inmovilizado material o inmaterial de las entidades que tengan la calificación de explotaciones asociativas prioritarias, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su reconocimiento como explotación prioritaria.

Al analizar el régimen aplicado a las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos a las mismas, se constata el elevado coste fiscal que presenta para el agricultor la transmisión de los terrenos sobre los que desarrolla su actividad. Los únicos beneficios fiscales aplicables a la transmisión de terrenos afectos a explotaciones agrícolas son los previstos en la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que, en cualquier caso, son muy limitados y se encuentran supeditados al cumplimiento de un buen número de requisitos. Por ello, sería conveniente la introducción de la exención de las ganancias derivadas de elementos afectos a la condición de reinversión.

Por lo que respecta a la imposición indirecta, el IVA se encuentra armonizado a través de Directivas comunitarias, por lo que las posibilidades del Estado para introducir beneficios fiscales en este impuesto son muy limitadas. Por ello, en este ámbito, las propuestas se centran en la introducción de mejoras técnicas, permitidas por la normativa comunitaria, en dos aspectos de gran interés para el sector: el tratamiento de las subvenciones a efectos de este tributo y la actual configuración de las compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. En el primer caso, en el sector agrario es muy frecuente la percepción de subvenciones públicas, como consecuencia de la política agraria común. El problema es determinar si las subvenciones pueden considerarse siempre vinculadas directamente al precio y, por tanto, incluidas en la base imponible, por lo que debe revisarse la doctrina administrativa. En cuanto al importe de la compensación en el régimen, en la actualidad se determina en función del tipo de producto entregado, sin tener en cuenta otra diferencia fundamental que existe entre los productores: la que se produce entre aquellos cuyos productos están subvencionados y los que no. Por ello, al igual que se tienen en cuenta las subvenciones, por ejemplo, a efectos de aplicación de la regla de prorrata, deberían tomarse también en consideración a la hora de fijar el importe de la compensación. En otras palabras, los productos no subvencionados deberían recibir una compensación superior a la que reciben los productos subvencionados.

En relación con los tributos locales, las propuestas se limitan al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), por ser el único que presenta un gravamen sobre las explotaciones agrícolas, dadas las exenciones existentes en los Impuestos sobre Actividades Económicas (IAE) y sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). En el IBI las exenciones relacionadas con el sector agrario son escasas, por lo que la gran mayoría de las explotaciones agrarias se ven obligadas a soportar el gravamen adicional que supone este tributo, lo que no sólo va en contra de la protección constitucional de las explotaciones agrarias sino que, además, implica una discriminación para este sector. En consecuencia, sería necesaria una mayor amplitud para las exenciones relacionadas con los inmuebles rústicos, que deberían extenderse a todas las explotaciones agrícolas o, al menos, establecerse un sistema de bonificaciones en función de los niveles de productividad de las fincas, que llegase a la exención total para las que alcanzasen niveles óptimos.

Peso 0.752 kg

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