El crédito al consumo en España

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Páginas
464
Año
2005
Referencia
85
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El crédito al consumo es el destinado a financiar la adquisición de bienes o servicios por parte del consumidor final, es decir, que van a ser empleados para usos que no están relacionados con la actividad empresarial o profesional del comprador. Actualmente se encuentra en proceso de tramitación un nuevo Proyecto de Directiva (COM (2002) 443-final 2002/0222) sobre Crédito al Consumo, objeto de gran controversia, que sustituirá a la anterior Directiva de 1987 y que va a marcar el futuro de este sector a escala comunitaria. La nueva Directiva tiene por objeto armonizar las legislaciones nacionales en materia de crédito al consumo con el fin de crear un mercado único en el que las entidades financieras puedan desarrollar actividades transfronterizas en igualdad de condiciones en cualquier país de la Unión Europea. En cualquier caso, la legislación que finalmente se apruebe debe garantizar un nivel adecuado de protección al consumidor que no comprometa en exceso la eficiencia económica, condición que no parece cumplir el Proyecto actual.

En cuanto a la importancia cuantitativa de este mercado, las deudas vivas por crédito al consumo en España ascendían, en 2004, a 62.274 millones de euros, según cifras del Banco de España. Su volumen ha crecido de manera constante a lo largo de los últimos años, aunque, desde 2000, el ritmo se ha moderado algo, pasando de representar un 5,9 por 100 del PIB corriente en 1997 a un 7,7 por 100 en 1999, nivel en torno al cual se ha mantenido relativamente estable en los años posteriores. Este porcentaje se encuentra dentro de la media comunitaria, pero muy por debajo del nivel alcanzado en Alemania, el Reino Unido o Suecia, y lejos del de Estados Unidos.

El crédito al consumo desempeña un papel de importancia clave en la economía, eleva el nivel de bienestar de los individuos al permitirles distribuir su consumo de manera uniforme a lo largo de su ciclo de vida, tomando prestado en las etapas de bajos ingresos y ahorrando en las de mayores rentas. Al mismo tiempo, impulsa el desarrollo de numerosas ramas de la industria al hacer efectiva una demanda que sería muy inferior en caso de que los consumidores tuvieran que disponer siempre de liquidez suficiente para afrontar el pago del importe de la compra. Finalmente, aumenta la eficiencia del sistema económico en su conjunto, al canalizar recursos en manos de individuos con capacidad para generar ahorro hacia individuos cuya capacidad de pago es insuficiente, ensanchando la frontera de posibilidades de producción de la economía. Por todo ello, es de crucial importancia que el mercado de crédito al consumo funcione de forma eficiente y ágil.

En el sector crediticio se presentan algunos fallos de mercado que pueden generar ineficiencias y conducir a éste a un resultado inferior al óptimo, entre los que se destacan la asimetría de la información y las externalidades. Otro problema es el endeudamiento excesivo de los consumidores, puesto que esta situación puede generar una serie de costes para el conjunto de la sociedad que no son tenidos en cuenta por las entidades financieras a la hora de conceder préstamos. La solución a estos fallos de mercado se ha afrontado tradicionalmente mediante la introducción de regulaciones destinadas a favorecer el acceso del prestamista a información sobre el solicitante de crédito y a mejorar la protección de los consumidores. El problema de la regulación como mecanismo para corregir los fallos de mercado es que, en numerosas ocasiones, crea distorsiones que suponen unos costes mayores que los derivados de los propios fallos del mercado que se pretenden subsanar, alejando el resultado económico aún más del óptimo social.

La introducción de cualquier regulación debe ser muy cuidadosa, puesto que la creación de distorsiones e ineficiencias va a afectar negativamente al conjunto del sector crediticio. Por ello se requiere la realización de un análisis coste-beneficio en el que se tengan en cuenta, por una parte, las ganancias en términos de eficiencia económica derivadas de la implantación de una determinada normativa; y, por otra las pérdidas generadas por otras ineficiencias que la misma puede generar.

Se impone la necesidad de contrastar los costes con los beneficios derivados de un mayor control del nivel de endeudamiento. La nueva regulación puede limitar excesivamente la capacidad de innovación financiera, puesto que puede imponer unos costes excesivos sobre ciertos productos que no precisan de tantas cautelas en cuanto al control de la solvencia del solicitante. Puede darse también la posibilidad de que las exigencias derivadas del principio de préstamo responsable puedan poner en peligro la existencia de algunos productos crediticios, y debilitar el funcionamiento de ciertos mecanismos de auto-selección por los que los propios solicitantes de crédito se clasifican en distintos grupos de riesgo, y que permiten a las entidades reducir sus costes fijos. En definitiva, los costes de esta medida se materializan en mayores costes para la entidad y menor oferta de productos financieros adaptados a las necesidades y a las características de diferentes grupos de consumidores, y por tanto, en tipos de interés más elevados, mayores restricciones al crédito, menor excedente social y pérdida de eficiencia económica.

Las cifras indican que el crédito al consumo no es responsable más que de una mínima parte del endeudamiento de los hogares españoles, y que dicho endeudamiento se mantiene en unos niveles muy moderados en relación con la riqueza, debido al fuerte incremento del valor de la vivienda, que constituye el principal activo de los hogares españoles, de modo que no cabe hablar de un problema de sobreendeudamiento, y mucho menos en relación con el crédito al consumo. No parece encontrar justificación una regulación que va a imponer importantes costes sobre el sistema crediticio y sobre el conjunto de la economía cuyo objetivo es solucionar un problema que en realidad no existe.

De los resultados de una encuesta realizada a un colectivo de expertos cuya actividad está relacionada con el mercado del crédito al consumo se estima que, de implementarse la totalidad de las reformas valoradas, este tipo de crédito se podría llegar a contraer aproximadamente en un 15 por 100, lo que representa un punto porcentual de PIB, teniendo en cuenta que esta modalidad de endeudamiento supone el 7,8 por 100 de la economía. Estas cifras ilustran la importancia de comparar el coste económico de la introducción de medidas regulatorias con sus posibles beneficios, puesto que de otro modo se pueden imponer unos costes al conjunto del sistema económico superiores a los que resultan de los fallos de mercado que se pretenden corregir, como es el caso de gran parte de las disposiciones contempladas en el proyecto original de Directiva de Crédito al Consumo.

Se puede concluir que el elevado grado de satisfacción de los consumidores con los productos crediticios, la confianza que despiertan y las escasas reclamaciones planteadas ponen claramente de manifiesto que el grado de protección actual de que disfrutan los consumidores es más que suficiente. Por tanto, los escasos beneficios que puede generar un reforzamiento de dicha protección no justificarían los costes en forma de pérdida de eficiencia que dichas medidas pueden imponer al conjunto del sistema económico.

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