¡Competitividad!

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Páginas
530
Año
2003
Referencia
80
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España se ha convertido en una economía moderna, plenamente incorporada a la realidad económica global. En este nuevo contexto, nuestros agentes deben tener como referencia continua la búsqueda de la competitividad, entendida ésta como la capacidad para ganar cuota de mercado, tanto en el interior como en el exterior, de forma sostenida en el tiempo. En los países más desarrollados la competitividad no depende tanto de los costes como de las características del producto (diseño, calidad, contenido tecnológico, marca, etc.) y, en general, de la capacidad para innovar, segmentar mercados, producir diferentes líneas de producto en función de las necesidades del consumidor y responder con rapidez a las acciones de los rivales. La evolución de la competitividad depende, de una serie de variables, entre las que destaca el desempeño de las empresas en los mercados (que exige, sobre todo, dinamismo y flexibilidad), pero también el entorno global (dotación de infraestructuras, mercados de capital, nivel tecnológico del país) y las variables institucionales (funcionamiento del mercado laboral, sistema educativo y fiscal, seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica) que creen las condiciones adecuadas para el desarrollo empresarial.
En un marco de creciente integración económica, como es el caso de la eurozona, el peligro de mantener un diferencial de inflación con los restantes socios europeos tiene un coste en términos de pérdida de competitividad. En la práctica, no es posible esa estabilidad de precios sin las necesarias reformas estructurales que doten de suficiente flexibilidad a los mercados de bienes, servicios y factores y sin una adecuada coordinación del conjunto de políticas económicas aplicadas, sobre todo fiscal y monetaria. Por tanto, si la política monetaria del BCE se orienta a garantizar la estabilidad general de precios, la política fiscal debe asegurar un crecimiento ordenado de la demanda agregada que apoye al BCE en la consecución de su objetivo. Asimismo, el fracaso en la corrección de los desequilibrios puede generar incertidumbres, que los mercados financieros podrían traducir en aumentos del riesgo país y, en consecuencia, de los tipos de interés. De ahí la necesidad de recuperar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que garantice un margen amplio de actuación de la política fiscal, permitiendo funcionar eficazmente a los estabilizadores automáticos y desempeñando un papel anticíclico, de modo que ayude a amortiguar fluctuaciones adversas a las que pueda enfrentarse la economía.
El proceso de consolidación fiscal, junto con las reformas estructurales, mejoran la asignación de los recursos públicos, ya que contribuyen a reducir el componente estructural del gasto público y a destinar mayores esfuerzos a financiar aquellas partidas que inciden directamente en la productividad y competitividad del tejido productivo (infraestructuras, I+D+i o educación). Esto permite mejorar el potencial de crecimiento de nuestra economía, crear empleo y, en consecuencia, seguir avanzando en la convergencia real con Europa y en la cohesión territorial. Y es que la adecuada dotación de infraestructuras y de capital público constituye un factor determinante para incrementar la competitividad del tejido productivo y eliminar cuellos de botella que estrangulan el crecimiento económico. En los últimos años, de forma paralela a la mejoría general de la actividad económica y de la mayor holgura de las finanzas públicas, hemos asistido a una sostenida y gradual recuperación de la inversión, a través de las diversas partidas que recogen la misma en los Presupuestos públicos.
La partida de la inversión pública que tiene una incidencia más directa sobre la competitividad de la economía es la de infraestructuras, que es la que mayor atención ha recibido en los últimos años. En el caso de España, el efecto multiplicador de las infraestructuras sobre el tejido productivo es muy significativo, debido, precisamente, a nuestro retraso relativo respecto a otras regiones europeas más avanzadas. Por otra parte, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) constituyen un poderoso instrumento, tanto en su vertiente estratégica de fomento de la competitividad, como en su vertiente de cohesión social y territorial. Por ello, su difusión, no sólo es un elemento imprescindible para incrementar la competitividad y el dinamismo de una economía basada en el conocimiento y la mejor garantía del propio desarrollo económico, sino que también permite eliminar los posibles riesgos de fractura social entre los que tienen y los que carecen de acceso a la información. El desafío para España consiste en superar la etapa de crecimiento basado en la inversión y en la tecnología importada y entrar en la etapa basada en la innovación y en la producción de bienes y servicios de tecnología punta, porque es ahí donde reside la fuente principal de las ventajas competitivas.
Junto con la eliminación de los desequilibrios fundamentales de la economía, también se ha optado por dotar de mayor protagonismo a la iniciativa privada y a la competencia (mediante la liberalización de los mercados de bienes, servicios y factores), eliminando, así, las trabas que impiden la adecuación de la oferta a los cambios impuestos por el nuevo entorno. A este respecto, las políticas estructurales de oferta van encaminadas a incrementar la concurrencia en los mercados y, por consiguiente, a flexibilizar la economía como medio de adaptación ante las circunstancias cambiantes del entorno y, por ello, se intentan recuperar los sistemas de incentivos como motores del funcionamiento de la economía, a través de la innovación, la asunción de riesgos, el trabajo y el ahorro. En este sentido, ha sido necesario restar protagonismo a la intervención pública y eliminar regulaciones administrativas innecesarias o erróneas que restringen la competencia y restan eficiencia en la asignación de recursos.
La aplicación de políticas de oferta tiene como objeto liberalizar y flexibilizar el tejido productivo y adaptarlo al nuevo entorno competitivo y global, caracterizado por la revolución tecnológica, máxime en el contexto de la eurozona, donde la flexibilidad de los mercados es fundamental para afrontar posibles choques asimétricos. La introducción de competencia en determinados sectores (energía, telecomunicaciones, suelo, etc.) elimina tensiones en los precios y reduce los costes de nuestro tejido productivo, lo que acelera el ajuste estructural, incentiva el proceso innovador y se traduce en un importante beneficio, en términos de eficiencia y crecimiento económico. En el caso de España, se han llevado a cabo transformaciones estructurales importantes para adaptar nuestra oferta a los requerimientos de un mercado competitivo y global, pero es necesario intensificar y acelerar el proceso de liberalización de sectores clave como transportes, telecomunicaciones y energía y también introducir reformas que intensifiquen la competencia en otros sectores.
En definitiva, la promoción de la internacionalización de nuestras empresas, junto con la mejora de su nivel tecnológico, mediante la elevación de la calidad del sistema educativo y la potenciación de la inversión en infraestructuras y en I+D+i, constituyen las vías para elevar la competitividad de nuestra economía y, en consecuencia, su crecimiento y su aportación al bienestar social. En este sentido, la próxima ampliación de la UE no debe ser interpretada como una amenaza para la economía española, sino como una oportunidad, puesto que, además de suponer una ampliación del mercado potencial para nuestros productos, deberá servir de acicate para que, tanto desde el sector público como desde el privado, se tomen medidas encaminadas a la mejora de la productividad y al desarrollo de ventajas competitivas que nos permitan orientar nuestra estructura productiva hacia los sectores o actividades más dinámicos y creadores de valor añadido.

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