25 años de economía de mercado II:transformaciones sectoriales e institucionales en España

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Páginas
450
Año
2004
Referencia
83
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Uno de los cambios más importantes que se han producido en España en los últimos 25 años ha sido el abandono del intervencionismo estatal característico de épocas pasadas y el creciente protagonismo de la iniciativa privada (mediante la liberalización de los mercados de bienes, servicios y factores), con la consiguiente supresión de las trabas que impedían, tradicionalmente, la adecuación de la oferta a los retos impuestos por el aumento de la competencia y la revolución tecnológica. De hecho, el actual ciclo expansivo que disfrutamos, con tasas de crecimiento del PIB y del empleo muy superiores a las registradas en las naciones de nuestro entorno, incluso en momentos de debilidad de la actividad económica a escala mundial, se debe, sin duda, al éxito de las reformas estructurales acometidas, encaminadas a liberalizar el tejido productivo y adaptarlo al nuevo entorno competitivo y global, máxime en el contexto de la eurozona, donde la flexibilidad de los mercados es fundamental para afrontar posibles choques asimétricos.

 

La integración de España en los mercados mundiales, en particular nuestra entrada en la Comunidad Europea (CE) en 1986, ha transformado profundamente el funcionamiento de nuestra economía. En primer lugar, la apertura exterior ha obligado a nuestras empresas a reforzar su competitividad, con el fin de asegurar su supervivencia en un mundo caracterizado por la creciente globalización, por lo que ha sido necesario introducir una serie de cambios, tanto en su organización como en sus procesos de producción. En este sentido, en los últimos 25 años la economía española ha asumido el reto de incorporar el concepto de calidad al proceso productivo, con lo que ello supone de aumento de la eficiencia y mejora del bienestar. En segundo lugar, la entrada en la CE también ha obligado a asimilar el marco normativo comunitario. En particular, se ha producido un cambio importante en materia de contabilidad empresarial, de modo que los cambios y avances experimentados en estos años, no sólo en el terreno normativo sino también en el tecnológico, han posibilitado la mejora considerable y la mayor transparencia de la información contable proporcionada por las empresas españolas. En tercer lugar, hemos asistido, a lo largo del último cuarto de siglo, a una profunda transformación y modernización de la estructura productiva y ocupacional de nuestro país, lo que nos ha acercado a los patrones de los países más desarrollados de nuestro entorno. La intensa terciarización de la economía española se debe, por un lado, a la relevancia del sector turístico en nuestro país, y, por otro, a la tendencia a la externalización, por parte de las empresas industriales, de actividades de servicios que antes se realizaban en el seno de la misma empresa y al recurso creciente a los servicios especializados a las empresas (gestión, asesoría, informática, etc.), lo que ha permitido, a su vez, mejorar la competitividad del sector industrial.

El proceso de consolidación fiscal de los últimos años, fruto, especialmente, de los esfuerzos de contención y racionalización del gasto público, ha permitido mejorar la asignación de los recursos, potenciando aquellas partidas de gasto que más inciden sobre la competitividad del tejido productivo y el potencial de crecimiento de nuestra economía: la inversión en capital físico, humano y tecnológico. Por lo que respecta a la contención del gasto público, destaca la importante moderación, en estos años, de las dos principales partidas por volumen (gasto autonómico y social). Por un lado, los nuevos sistemas de financiación autonómica y local de los años 2001 y 2002, respectivamente, dotan a las Administraciones Territoriales de mayor corresponsabilidad fiscal y estabilidad financiera, y, por otro, se ha perfeccionado, a lo largo de estos años, el Estado del Bienestar, dando cobertura y protección a los ciudadanos ante riesgos e incertidumbres, lo que ha requerido un notable esfuerzo por parte de las Administraciones Públicas, aunque no fue hasta mediados de los años 90 cuando la Seguridad Social se sometió a un necesario proceso de saneamiento, a través de la introducción paulatina de las medidas recogidas en el Pacto de Toledo de 1995. Estas medidas han mejorado la proporcionalidad y, por tanto, la justicia del sistema de pensiones, al reforzar su viabilidad futura. En cualquier caso, el sistema público de pensiones, basado en el principio de reparto, se encuentra en entredicho debido, fundamentalmente, al paulatino envejecimiento de la población en España. Por lo que se refiere a los ingresos públicos, la consolidación presupuestaria ha permitido reducir la presión fiscal estructural, lo que ha incidido positivamente sobre la competitividad de nuestro tejido productivo, la iniciativa privada y el dinamismo de la actividad, sin suponer una merma de ingresos para las cuentas públicas, sino todo lo contrario (efecto Laffer), como consecuencia de los incrementos de las bases imponibles, procedentes de la coyuntura favorable y de la reducción del fraude.

Las familias españolas han mejorado su bienestar en los últimos años como consecuencia del proceso de creación de empleo, si bien es cierto que el mercado de trabajo en España sigue presentando una serie de singularidades que le diferencian del resto de Europa, tales como el superior nivel de paro y de temporalidad, así como la baja tasa de actividad, especialmente de las mujeres. Ello es consecuencia de problemas estructurales, como la rigidez del mercado laboral o los excesivos costes laborales, lo que genera una fuerte segmentación entre trabajadores temporales e indefinidos, y, a su vez, fomenta el empleo de baja cualificación y la inversión en los sectores menos productivos. La importante creación de empleo de estos años ha sido posible gracias a las distintas reformas laborales, que han supuesto un avance decidido hacia la flexibilización de nuestro mercado de trabajo, pero también gracias a la moderación salarial, fruto, en gran medida, del consenso social.

En el último cuarto de siglo se han llevado a cabo transformaciones estructurales importantes, con el fin de adaptar nuestra oferta a los requerimientos de un mercado competitivo y global. Así, la introducción de competencia en determinados sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, etc.) ha eliminado tensiones en los precios y reducido los costes de nuestro tejido productivo, lo que ha acelerado el ajuste estructural e incentivado el proceso innovador, todo lo cual se ha traducido en un importante beneficio, en términos de eficiencia y crecimiento económico. Las medidas liberalizadoras también han apostado por la reforma y modernización del sector público empresarial, mediante una política de privatizaciones, que, desde 1996, se ha configurado paralelamente, por un lado, a una política de desregulación, tendente a fomentar y liberalizar la actividad económica, y, por otro, a una política de neorregulación, con la que se pretende introducir un nuevo marco de relaciones entre el Estado y las empresas reguladas, con el fin de lograr mayores dosis de competencia en los sectores afectados. Y es que las políticas de liberalización y privatización han obligado a desarrollar, simultáneamente, un adecuado sistema de defensa de la competencia que asegure el libre juego competitivo de los agentes que intervienen en el mercado, puesto que las restricciones a la competencia, derivadas de la regulación ineficiente, tienen elevados costes en términos de mayores precios y menores tasas de crecimiento.

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