La unidad de mercado como reto pendiente para la libertad de empresa. Índice de Libertad Económica 2022

  • España se sitúa en el puesto 41 a nivel mundial de los 184 países analizados en el Índice de Libertad Económica (ILE) en 2022. Centrándonos en los 38 países de la OCDE, España ocupa el puesto 29, un 6,2% por debajo de la media, mientras que se encuentra un 5,9% por debajo del promedio de la UE-27.
  • Esta mala posición se ve condicionada por el comportamiento de variables que están influidas por políticas que se implementan en clave nacional, como son la carga impositiva, el gasto público y la salud fiscal, mientras que las variables donde España alcanza las mejores clasificaciones son las que están determinadas principalmente por nuestra pertenencia a las instituciones europeas.
  • En el ranking de libertad de empresa, España ocupa la posición 32 dentro de los 38 países de la OCDE, con una puntuación (93,3 puntos) un 6,7% inferior a la de la media de la OCDE y un 6,5% menor que el promedio de la UE-27.
  • La reducción de la fragmentación normativa y la consecución de una verdadera unidad de mercado supondría una mejora de la libertad de empresa y un impulso sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre el 1,5% y el 3% del PIB.

  • La Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid sienta un valioso precedente a imitar por el resto de comunidades autónomas para lograr la unidad de mercado “de abajo hacia arriba”, y favorecer así la libertad de empresa.

Madrid, 7 de noviembre de 2022. El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado la Revista del IEE “La unidad de mercado como reto pendiente para la libertad de empresa. Índice de libertad Económica 2022”, donde se recogen un año más los resultados de dicho índice, elaborado por la fundación Heritage, y adaptado al español por el Instituto de Estudios Económicos.

El análisis muestra que España presenta un elevado margen de mejora cuando se compara con los países de nuestro entorno, además de haber experimentado un deterioro en el último año. España se sitúa en una modesta posición 41, dos puestos por debajo de la clasificación de 2021, claramente por detrás de la mayor parte de los países desarrollados, y con una puntuación un 19,2% inferior a la de Singapur, país que encabeza el ranking. Centrándonos en los 38 países de la OCDE, España ocupa el puesto 29, un 6,2% por debajo de la media, mientras que se encuentra un 5,9% por debajo del promedio de la UE-27.

La mala posición de España a nivel mundial en cuanto a libertad económica se ve condicionada, principalmente, por el comportamiento de variables que están influidas por políticas que se implementan en clave nacional, en concreto, las relativas al tamaño del Estado, como son la carga impositiva, el gasto público y la salud fiscal. En todas ellas es donde nuestro país obtiene las peores clasificaciones, situándose en la zona muy baja del ranking. Por el contrario, la estabilidad monetaria, la apertura comercial y la facilidad inversora son las variables donde España alcanza las mejores clasificaciones, las cuales están determinadas principalmente por nuestra pertenencia a las instituciones europeas. En esta misma línea, la reciente evolución desfavorable en este indicador de libertad económica estaría explicado fundamentalmente por el deterioro de la salud fiscal, con elevados niveles de deuda y déficit públicos, y también, por un cierto empeoramiento de las variables de buen gobierno.

En cuanto a la libertad de empresa, nuestro país ha experimentado cierta mejoría en relación con 2021, debido, en buena medida, a que se contabiliza un apoyo de los fondos europeos para la inversión empresarial (de nuevo una palanca europea y no doméstica). No obstante, continúa en la zona baja, en concreto en la posición 32 dentro de los países que componen la OCDE, con una puntuación (93,3 puntos) un 6,7% inferior a la de la media de la OCDE y un 6,5% menor que el promedio de la UE-27.

Desde el IEE creemos que el mal comportamiento de España en estos indicadores debería invitar a la reflexión y al establecimiento de medidas tendentes a mejorar esta situación, ya que sabemos que existe una estrecha relación positiva entre libertad económica y calidad de vida, como se refleja en que el PIB per cápita medio de las economías con nivel muy alto de libertad económica es más de diez veces superior al de la media de los países donde la libertad económica es muy baja. Además, también se observa una relación positiva con el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, en el que se refleja, por ejemplo, que aquellos países con mejores resultados en cuanto a libertad económica presentan una esperanza de vida casi veinte años superior a la de los países con los menores niveles de libertad económica. Por otro lado, una mayor libertad económica también se relaciona con una mejora en aspectos como la innovación o la democracia.

La Unidad de Mercado como reto pendiente de la libertad de empresa

Un elemento clave para la mejora de la libertad económica y, en especial, para garantizar la libertad de empresa es la del establecimiento de un marco regulatorio adecuado, y dentro de este, en España adquiere un papel muy relevante la cuestión de la fragmentación del mercado interior. En las últimas décadas se ha producido una gran proliferación normativa en nuestro país, que configura un marco legislativo excesivamente complejo, con los consiguientes perjuicios y costes para el tejido empresarial y la actividad económica, que ha venido impulsado por la potestad legislativa de las comunidades autónomas, cuya normativa supone el 70% del volumen total de normas. La potestad legislativa de las comunidades autónomas no es mala en sí misma, pero cuando se emplea de manera contraria a los principios de buenas prácticas regulatorias, se convierte en el contexto idóneo para que aparezca el fenómeno de la fragmentación regulatoria y, por tanto, un quebranto de la unidad de mercado. Esto supone un deterioro de la calidad del marco normativo y un impacto negativo sobre la libertad de empresa, dificultando la actividad económica, la creación de empleo y, en definitiva, el bienestar social a largo plazo.

Esta fragmentación normativa genera sobrecostes para las empresas, obligando a estas a dedicar un importante volumen de recursos a entender y cumplir con toda esta regulación. Esto supone una fuga de recursos que no pueden ser destinados a su actividad principal. Además, un elevado nivel de dicha fragmentación provoca incertidumbre e inseguridad jurídica, afectando negativamente a la confianza de los agentes y al dinamismo de la actividad económica. Todo ello genera obstáculos y trabas para la iniciativa y el desarrollo empresarial; es decir, supone tanto una barrera de entrada como una barrera al crecimiento de nuestras empresas, produciendo una pérdida de competitividad y de productividad, para las empresas y para el conjunto de la economía. También hay que indicar que el efecto restrictivo sobre la movilidad geográfica de empresas y trabajadores disminuye el bienestar de estos trabajadores y lastra la productividad. Por último, los consumidores también se ven perjudicados por esta fragmentación, ya que estos efectos negativos se trasladan en forma de mayores precios finales y una menor variedad, calidad y cantidad de los productos y servicios disponibles.

El cumplimiento de cargas administrativas derivadas de esta fragmentación normativa supone costes para las empresas de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB, mientras que la liberación de estos recursos y la mejora del marco regulatorio que se deriva de una reducción de la fragmentación normativa supondría un impulso sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre el 1,5% y el 3% del PIB. Un impacto positivo que puede ser incluso superior si se produce también una mejora en clave europea, es decir, si otros países también llevan a cabo reformas de esta índole y se avanza en la consecución del mercado único europeo.

Los esfuerzos realizados en España en materia de reducción de la fragmentación normativa han estado centrados en la transposición de la Directiva de servicios que tenía por objeto eliminar obstáculos normativos y lograr un verdadero mercado único interior europeo para las actividades de servicios. Y, por otro lado, en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado del año 2013 que buscaba una simplificación de cargas y una reducción de la fragmentación normativa también en el ámbito de los mercados de productos. En ambos casos, los avances han sido lentos y su alcance limitado. A lo que hay que añadir que, en junio de 2017, y en posteriores sentencias, el Tribunal Constitucional declaró nula aquella parte del articulado de la ley que estaba relacionada con el principio de eficacia nacional o licencia única, lo que suponía tumbar uno de los dos pilares sobre los que se sustentaba la ley.

En cualquier caso, seguir avanzando en la aplicación de la parte que queda vigente de la Ley de Unidad de Mercado permitiría reducir parte de la fragmentación normativa existente, mediante la aplicación de los principios de buenas prácticas, que facilitarían reducir las cargas administrativas y mejorar la calidad del marco regulatorio.

Nueva Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid

La Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid representa una importante iniciativa en la consecución de una verdadera unidad de mercado, ya que supone recuperar el espíritu del anulado principio de la eficacia nacional, o licencia única, recogido en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, al permitir a las empresas establecidas legalmente en otra región española operar libremente en territorio madrileño sin ningún requisito adicional. Esta norma pretende intentar alcanzar el objetivo de la unidad de mercado de abajo arriba. Ello sienta un precedente de buenas prácticas muy valioso en lo que se refiere al establecimiento del principio de confianza mutua, que supone el reconocimiento de la regulación que diseñan otros gobiernos regionales.

Es una ley innovadora y transformadora, que supone simplificar y eliminar de manera automática cientos de páginas de regulación. Según las estimaciones del Gobierno regional, esta ley permitiría un impulso al crecimiento económico del orden del 2% del PIB durante la próxima década, la creación de 50.000 empleos y una recaudación adicional para la región, como consecuencia de este aumento de la actividad y del empleo, de en torno a 4.000 millones de euros. Por todo ello, esta Ley de la Comunidad de Madrid debería servir como ejemplo a seguir para otras regiones, adquiriendo un compromiso firme con la unidad de mercado, y, por tanto, con la libertad de empresa. Y es que, si esta medida fuera adoptada por el resto de comunidades autónomas, se lograría reparar el principio de eficacia en todo el territorio nacional anulado por el Tribunal Constitucional, mediante una técnica legislativa que resulte plenamente compatible con nuestro ordenamiento jurídico.


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