La inflación, la incertidumbre y los nuevos impuestos frenarán la recuperación de las empresas

El Instituto de Estudios Económicos prevé que la economía española crezca un 3,9% este año y un 2,5% en 2023.  

El retraso en la normalización del Excedente Bruto de Explotación con respecto a nuestros principales socios europeos lastra, a su vez, la recuperación económica española en términos comparados.  

Las subidas anunciadas de impuestos al sector financiero y energético podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica de casi 5.000 millones de euros, es decir, cuatro décimas de PIB de 2021, y una pérdida de 72.000 empleos.

Madrid, 21 de julio de 2022. El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado el Informe semestral de Coyuntura Económica “La inflación y la incertidumbre frenan la recuperación de las empresas”. El informe recoge que la economía mundial continúa marcada por las presiones inflacionistas y las señales de desaceleración en el ritmo de crecimiento, en un entorno de elevada incertidumbre, y destaca el retraso en la recuperación de la económica española de los resultados empresariales, que son la variable más rezagada.

Incertidumbre, inflación y desaceleración del crecimiento tanto a nivel global como doméstico

La mayor preocupación en el momento actual es la inflación y su persistencia en niveles elevados, que está acelerando la respuesta de los bancos centrales. En este contexto las autoridades monetarias se encuentran en la búsqueda de un complejo equilibrio: tratar de contener paulatinamente la inflación mediante el endurecimiento de la política monetaria sin intensificar el proceso de ralentización de la economía, provocar una recesión, o incrementar en exceso el riesgo de sostenibilidad de las finanzas públicas, en aquellos países que cuentan con un saldo fiscal negativo y un elevado endeudamiento.

La economía española también participa de la tendencia global, de manera que la recuperación que inició en 2021 está perdiendo intensidad. Aunque se esperaba una ralentización del crecimiento, el dato de Contabilidad Nacional para el primer trimestre supuso una sorpresa negativa, ya que el 0,2% de tasa intertrimestral representa un significativo freno para la recuperación de la economía. De esta forma, la actividad económica, en el primer trimestre de 2022, todavía continúa un 3,6% por debajo de los niveles prepandemia.

La composición del crecimiento introduce, asimismo, ciertos elementos de preocupación, como son la caída del consumo de las familias, el aumento del gasto público y la notable reducción acumulada de la productividad. Por su parte, el fuerte crecimiento de los inputs energéticos ha llevado a la balanza por cuenta corriente a registrar en el primer cuatrimestre del año un déficit de ‑4,1 miles de millones, frente a los 0,5 miles de millones de superávit del mismo periodo del año anterior. Aunque en el escenario central se prevé un equilibrio por cuenta corriente para este ejercicio, si persiste este aumento de los precios energéticos que importamos del exterior, es posible que se registre un déficit en la balanza por cuenta corriente por primera vez en 10 años.

La favorable evolución del empleo en el sector privado denota el esfuerzo que están realizando las empresas para contratar nuevos trabajadores en un contexto marcado por la elevada incertidumbre. Sin embargo, hay que destacar que, en términos de horas trabajadas, estas se sitúan cerca, aunque todavía por debajo, de las cifras precrisis (-0,5%). El buen comportamiento del empleo en los últimos meses ha permitido que el paro continúe descendiendo en lo que va de año, de forma que, actualmente, ya hay menos de 3 millones de parados registrados. En los próximos meses, se espera que el mercado laboral continúe mostrando un comportamiento positivo, favorecido por la estacionalidad propia de la temporada estival.

La economía española afrontará el final de 2022 y el comienzo del año 2023 con una enorme incertidumbre. Es previsible que el PIB en España no alcance el 4% de crecimiento este año y se sitúe por debajo del 3% en 2023. El crecimiento de los precios puede situarse, en media, en registros cercanos al 8% en 2022, si bien el menor dinamismo de la actividad y la normalización de algunos factores deberían contribuir a un descenso en 2023 hacia tasas de inflación por debajo del 3% el próximo ejercicio.

Ahora bien, todo este escenario está sometido a riesgos a la baja. Una de las claves, en este momento, es no iniciar una espiral precios–salarios. En los agentes sociales está la responsabilidad de que no se produzcan efectos de segunda ronda en la economía a través de la negociación colectiva de los salarios, donde la moderación y la prudencia tienen que jugar un papel clave. Además, una de las grandes vulnerabilidades de la economía española sigue siendo la situación del sector público por la magnitud del déficit (en el entorno del -5% del PIB) y la deuda pública (117% del PIB), a la que hay que sumar el déficit estructural (alrededor del -4% del PIB). El proceso de normalización de la política monetaria y el consecuente encarecimiento de las condiciones de financiación, que se amplifica por el aumento de la prima de riesgo, hace que cada vez sea más necesario establecer una estrategia fiscal a medio plazo que sea creíble, realista y que integre todas las medidas de política económica, incluido el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La realidad de los beneficios empresariales: la variable más retrasada en la recuperación

Recientemente, en la búsqueda de culpables sobre los que poder descargar la responsabilidad del fenómeno inflacionario, se ha abierto una controversia que ha relacionado, erróneamente, el incremento de los precios con los beneficios empresariales. Se trata de un argumento técnicamente incorrecto y muy peligroso para la necesaria recuperación económica, que, recordemos, todavía permanece incompleta. 

Los resultados empresariales son claramente la variable más rezagada en la recuperación, de manera que aún no han recuperado los niveles previos a la crisis pandémica, al contrario que los costes laborales y los impuestos netos de subvenciones. La pérdida acumulada del Excedente Bruto de Explotación comparando con el nivel de 2019 era de casi 100.000 millones de euros a cierre de 2021(casi 65.000 en 2020 y casi 34.000 en 2021), mientras que la del Excedente Bruto de Explotación de las sociedades no financieras era de casi 75.000 millones.  Además, estos indicadores (EBE y EBE de sociedades no financieras) se sitúan todavía claramente por debajo de los niveles previos a la pandemia, con una brecha del -6,2% y del -8,8% respectivamente. De igual modo, con los datos de la Central de Balances del Banco de España, se observa que tanto los beneficios brutos de explotación, como el resultado neto ordinario, se situaban a cierre de 2021 todavía un -24% y un -52% por debajo de los niveles precrisis, y casi un tercio del total de empresas se encuentran en pérdidas. 

En el lado contrario, la notable caída de la productividad en un contexto favorable de la remuneración de asalariados ha generado un importante aumento de los costes laborales unitarios, que no han dejado de crecer desde el inicio de la pandemia, y se encontraban, a cierre de 2021, un 5,8% por encima de los niveles de finales de 2019. Ello ha provocado que, con respecto a la situación previa a la pandemia, las rentas salariales hayan ido ganado peso en el PIB mientras que los beneficios empresariales lo han perdido, ampliándose la brecha existente entre ambas, desde los 2,8 puntos (2019) hasta los 5,5 puntos (2021).

Es fácil inferir que la variable que peor se ha comportado (los resultados empresariales) no puede ser la responsable de los incrementos de los precios (deflactor del PIB), sino, por el contrario, deben serlo aquellas variables que sí han sido más dinámicas (sobre todo costes laborales). Así, los costes laborales unitarios explicarían hasta un 83,4% de la variación del deflactor entre 2019 y 2021, mientras que los resultados empresariales apenas explicarían el 11,7%. Por su parte, llama la atención que, pese a su reducido peso en el total del PIB, los impuestos netos de subvenciones explican hasta el 35% de la variación del deflactor en el ejercicio 2021. En cualquier caso, en el período reciente, los niveles de crecimiento del deflactor del PIB son muy inferiores a los de otros indicadores como el IPC. Puesto que el deflactor de las importaciones resta al deflactor del PIB, esto refleja que una buena parte de la inflación actual es importada, debido a las tensiones a nivel internacional en distintas materias primas y cadenas de suministro, un motivo más para no culpar a nuestro tejido empresarial que, precisamente, es uno de los grandes perjudicados de estas tensiones comerciales globales.

A excepción de Portugal que experimenta una caída similar, la evolución de los resultados empresariales (aproximados con el EBE) en España durante los últimos dos años muestran el peor comportamiento de toda la Unión Europea. Así, en la práctica totalidad de países europeos, el EBE no solo ha recuperado los niveles anteriores a la crisis, sino que los ha sobrepasado ampliamente. De igual modo, en el conjunto de la UE-27 el EBE se sitúa un 5% por encima de los niveles previos de 2019 (frente al -6,2% en España). Tan sólo Italia, Portugal y España presentan un EBE todavía inferior al de antes de la pandemia.

Esta situación es especialmente preocupante porque la evolución del PIB nominal se encuentra estrechamente vinculada a la evolución del Excedente Bruto de Explotación. O, dicho de otro modo, sin recuperación empresarial no hay recuperación económica. En este sentido, el retraso en la normalización del EBE con respecto a nuestros principales socios europeos lastra, a su vez, la recuperación económica en términos comparados. Por ello, lo que se debe de hacer es favorecer la normalización de estos resultados empresariales, en lugar de introducir aún más obstáculos a este proceso.

Además del mal comportamiento de beneficios, y tal como señala el Banco de España en diversos análisis, se observa también una contracción de los márgenes, que refleja que todas las fuertes presiones en costes que sufren las empresas no se trasladan a precios finales. Por último, cabe destacar que el principal beneficiado del proceso inflacionario es el sector público, ya que, con las mismas tarifas impositivas, ve incrementada su recaudación, y reducidos sus ratios de déficit y deuda pública, por la mayor actividad que tiene lugar en términos nominales. La recaudación, en términos de PIB, se ha incrementado desde el 39,3%, en 2019, hasta el 41% a finales de 2021; es decir, un incremento de la presión fiscal de casi dos puntos. Además, en los primeros meses de 2022 se han registrado niveles récord de recaudación, con un incremento en el acumulado hasta mayo del 27,7% con respecto al mismo período del ejercicio 2019 (precrisis).

Las nuevas subidas de impuestos introducen más incertidumbre y destruirán actividad y empleo

Por todo lo anterior, carece de toda lógica. Primero señalar a los beneficios empresariales como los responsables del episodio inflacionario (cuando son la variable más rezagada); y segundo, plantear medidas de aumentos impositivos (cuando la recaudación está en máximos) sobre este tejido empresarial que suponen intensificar las presiones en costes que ya está sufriendo y lastrar aún más la recuperación económica. A pesar de ello, el Gobierno ha anunciado recientemente, en el debate sobre el estado de la nación, la creación de dos nuevos impuestos sobre los denominados “beneficios extraordinarios” de algunas compañías del sector energético y del sector financiero.

Este tipo de medidas, sobrevenidas y repentinas, son un peligroso precedente contrario a los principios fundamentales de las buenas prácticas regulatorias, en concreto los principios de estabilidad y predictibilidad, y, por lo tanto, generan incertidumbre e inseguridad jurídica, lo que afecta negativamente a la inversión (y, por tanto, a la actividad económica y el empleo). Además, contribuyen a la minoración de la riqueza y rentas de los accionistas (con la consecuente menor tributación por esta vía), y empujan los precios al alza. Es decir, son impuestos ineficaces, ineficientes y que alimentan la inflación.

Se debe tener en cuenta que estas medidas no solo afectan a los sectores concretos sobre los que se focaliza, sino que se extienden a otros sectores productivos, de manera que la merma de actividad y empleo se deja sentir sobre el conjunto de la economía, especialmente cuando se trata, como en este caso, de sectores con un importante efecto arrastre sobre la economía. Con base en estimaciones a partir de las tablas input-output, se calcula que estas subidas de impuestos empresariales podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica total de casi 5.000 millones de euros, es decir, cuatro décimas de PIB de 2021, y una contracción del empleo del 0,4%, lo que se corresponde con una pérdida de casi 72.000 ocupados. Además del impacto directo e inmediato sobre los sectores afectados, una buena parte de este impacto negativo se debe al citado efecto arrastre de estos sectores y su transmisión al resto de la economía a medio plazo.

La política económica debe centrarse en evitar efectos de segunda ronda que realimenten las subidas de precios

En este contexto, las medidas de política económica deben estar centradas en contener y minimizar, en la medida de lo posible, las presiones inflacionistas y sus consecuencias, evitando efectos de segunda ronda que contribuyan a agravar la subida de precios. Dado el endurecimiento de la política monetaria, es primordial el compromiso activo con los objetivos de estabilidad marcados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para lo que será fundamental una senda creíble de consolidación fiscal a medio plazo. Para lograrla, la mejora de la eficiencia del gasto público es perentoria, dado el elevado margen de mejora que tenemos en este ámbito. De igual modo, medidas de oferta, orientadas a la reducción de costes, y al fomento de la actividad empresarial, la inversión, y la productividad, son claves en el contexto actual. Por último, cualquier tipo de iniciativa planteada, así como el marco regulatorio ya existente, debe cumplir con los principios de buenas prácticas, preservando la seguridad jurídica, evitando introducir incertidumbre adicional, y contribuyendo a mejorar la confianza de los agentes.