Unos presupuestos cortoplacistas

Artículo de opinión de Gregorio Izquierdo, director general del IEE, en Cinco Días el 14 de octubre

En un momento, en el que organismos independientes como el FMI o la AIREF han revisado sustancialmente sus previsiones, el Gobierno ha mantenido para los PGE unas proyecciones macroeconómicas que están superadas de partida. La inversión empresarial, que es el principal determinante del crecimiento a largo plazo, sigue sin normalizarse. De hecho, la tan anunciada recuperación de la brecha de empleo por la crisis se desvanece cuando en vez de hablar de afiliación entramos en el detalle de la afiliación efectiva del sector privado. Además, el consumo privado, cuando lo seguimos a través del habitual índice de comercio minorista lleva cinco meses seguidos estancados.

Más allá del inevitable impacto negativo sobre la liquidación futura y credibilidad de los presupuestos, es preocupante que se esté dando ya por superada una crisis que las empresas apenas han empezado a salir, con la consiguiente distorsión en la escala de prioridades y en la orientación de la política presupuestaria. El gasto público se sitúa en máximos históricos, con un aumento del gasto en operaciones no financieras del 2,5% en los presupuestos. Si bien es deseable que las inversiones públicas y las trasferencias de capital puedan crecer más de un 10%, es necesario que estos fondos europeos se asignen a los proyectos con mayor impacto potencial sobre el crecimiento.

No se entiende bien que sigan aumentando los gastos de funcionamiento de la Administración, con fuertes crecimientos en el empleo público (doscientos mil ocupados en dos años) y en la compra de bienes y servicios (aumento del 14,6% sin fondos europeos) con la consiguiente hipoteca a futuro del gasto público. Añádase a ello que sin aprender de los errores anteriores se repita de nuevo los diversos “cheques” de trasferencias corrientes a colectivos concretos al margen de los criterios tradicionales de equidad o eficiencia.  

Lo peor, es que la presión fiscal recaudatoria seguirá elevándose con un aumento en términos consolidados de los ingresos públicos del 12,7% y por lo tanto muy por encima del crecimiento del 8,6% contemplado para el PIB nominal. Resulta especialmente inoportunas la reducción de la deducibilidad de las aportaciones a planes de pensiones y  la aprobación de un tipo mínimo del Impuesto sobre sociedades, medida esta última  del todo inexplicable, cuando la recaudación del impuesto sobre sociedades ha aumentado en este año un colosal 38%.  Además, de nuevo se han elevado en un 1,7% las bases máximas de cotización a la Seguridad Social.

Dado que la suspensión de las reglas fiscales y la política de compras de nuestra deuda pública (ya tiene casi un tercio) del BCE no son indefinidas, no hubiera estado de más haber empezado una estrategia sostenible y creíble que ayudara a revertir nuestra abultada deuda pública de sus máximos actuales. Es obligado evitar subidas adicionales de impuestos, cuyo mero anuncio es ensimismo contractivo, y que nos alejan de la cada vez más necesaria competitividad fiscal. Además, han de posponerse reformas equivocadas como la anunciada ley de vivienda que comprometan negativamente nuestro potencial a futuro, y que parecen que han sido la moneda de cambio de estos PGE. Pero lo que no debemos retrasar más es el inicio de una consolidación presupuestaria estructural que debe basarse exclusivamente en la eficiencia del gasto público para asegurar su sostenibilidad a futuro.