Artículo de Gregorio Izquierdo en Crónica Económica: ‘Una reflexión de actualidad sobre las pensiones’

Artículo de opinión de Gregorio Izquierdo, director general del IEE, en Crónica Económica el 8 de febrero

El sistema público de pensiones español tiene una de las tasas de reemplazo (pensión con relación a la última cotización) más elevadas de toda la OCDE. De hecho, el sistema español de pensiones tiene como singularidad principal, la de su elevada tasa interna de retorno. Esto quiere decir que, contemplada la carrera del trabajador y jubilado en su totalidad, el sistema tiende, por el efecto combinado de su falta de proporción actuarial y el desplazamiento de la esperanza de vida, a dar prestaciones cuyo valor actual superan a las aportaciones. Así, la “rentabilidad” promedio obtenida por las aportaciones de los beneficiarios se sitúa entre el 3% y el 3,7% en función de los años cotizados y la edad de jubilación, niveles muy superiores a los de nuestro crecimiento potencial: que podría estar entre el 1% y el 2%.  

Este modelo sin duda ha favorecido a los actuales beneficiarios del sistema, pero su viabilidad a futuro es una de las continuas y mayores preocupaciones de la Comisión Europea en sus recomendaciones de reformas estructurales para España. La razón es el efecto conjunto del incremento de la tasa de dependencia, el aumento de la tasa de sustitución de las pensiones, la caída de la tasa de empleo y el aumento de la esperanza de vida.  El fenómeno de la longevidad es una gran noticia, cada vez vivimos más años, sin embargo, supone un problema para un sistema público de pensiones, como el español, con una tasa de sustitución tan elevada y con una necesidad de recursos creciente.

En línea con las propuestas de los distintos organismos internacionales, es necesario buscar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema público de pensiones, haciendo frente al reto del envejecimiento de la población. El desafío demográfico y el desequilibrio estructural alcanzado en la actualidad exige una adecuación y el restablecimiento de la naturaleza contributiva del sistema a través de un mayor equilibrio actuarial (proporcionalidad) entre las aportaciones realizadas por cada uno de los trabajadores y su prestación efectiva en cada uno de regímenes del sistema, excepto en aquellos casos que afectan al sistema asistencial. Es decir, ligado íntimamente con el principio de contributividad, consideramos imprescindible que se proceda a reforzar la distribución equitativa del esfuerzo contributivo entre regímenes.

La reforma del sistema de pensiones debe aportar cambios importantes dirigidos a obtener un sistema equilibrado, sostenible e incentivador del empleo. Asimismo, es imprescindible que esta reforma se contextualice desde una perspectiva de equidad intergeneracional, de tal forma, que se gradúen y se repartan las contribuciones y participaciones en el sistema de forma proporcional a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, debemos tener en cuenta que el sistema no sólo está deficitario, sino que además se está financiando con deuda que estamos legando a las generaciones venideras. Por ello, es importante racionalizar los procesos de gestión, control y seguimiento de prestaciones de la seguridad social y aumentar la colaboración público-privada, el desarrollo e incentivación de los planes privados de pensiones como complementarios al sistema público.

Por otra parte, es preciso estimular la previsión social complementaria y, basándose en su naturaleza voluntaria, se debe reformar su marco regulador, facilitando incentivos fiscales y mayor transparencia y disponibilidad. La previsión social complementaria puede ser un elemento realmente efectivo de cara a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, debiendo incentivarse los sistemas complementarios, ya sea a través de la colaboración público-privada, de los fondos y seguros privados.

A diferencia de la economía española, los sistemas complementarios de la Seguridad Social están muy desarrollados en los países de nuestro entorno, presentando, de igual forma, mejores incentivos fiscales. España es uno de los seis países que peor trata los incentivos fiscales a los planes de pensiones dentro del colectivo de los 37 países de la OCDE, ya que nuestros incentivos no llegan al 60% del promedio de los existentes en este grupo. Pero tras la reforma de los PGE-2021, que ha reducido sustancialmente los límites fiscalmente deducibles de aportaciones a planes de pensiones, vamos a retroceder aún más en este ranking.

Es incuestionable la necesidad de recuperar los incentivos al ahorro privado, para los que el tratamiento fiscal de los planes y fondos de pensiones son críticos, de cara a realizar o potenciar el cambio desde un sistema de pensiones basado en el primer pilar, o pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social, a otro en el que el segundo y tercer pilar (pensiones privadas de planes de empresa o individuales) tengan también protagonismo.

En el ámbito colectivo, desde la óptica empresarial, resulta necesario avanzar en modificaciones normativas que incentiven la promoción de estas figuras para las empresas. Se deben introducir aquéllas reformas en el modelo existente que lo conviertan en atractivo para las mismas, lo que supone la realización de actuaciones no sólo en el plano fiscal, sino fundamentalmente en el análisis global de los costes sociales que asumen las empresas, ya que la previsión social complementaria en el ámbito empresarial debe ser contemplada como una herramienta de eficacia para la política de recursos humanos de la empresa, sin que en ningún caso suponga la asunción de costes económicos adicionales a las cotizaciones sociales empresariales.

De cualquier modo, los planteamientos dirigidos a incentivar la previsión social complementaria empresarial no pueden separarse del análisis del sistema público de pensiones, tanto desde la perspectiva de la complementariedad de las prestaciones, como de la condición de las empresas como agentes financiadores mayoritarios de este sistema y su repercusión sobre los costes empresariales. A modo de reflexión de cierre me gustaría reivindicar que el sistema público de pensiones cumple una función esencial en nuestra sociedad de bienestar, pero para que pueda seguir haciéndolo en un futuro es necesario aportar mejoras que puedan complementarlo, precisamente para favorecer su sostenibilidad, suficiencia y resiliencia ante el nuevo escenario. Si no somos capaces de generar inversión, que a su vez favorezca la productividad y el empleo, difícilmente podremos obtener los niveles de crecimiento que garanticen la viabilidad conjunta de nuestro Estado de bienestar.