El presidente del IEE se ha reunido con el Defensor del Pueblo

El presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; y el vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre; se han reunido esta mañana con el Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, para instarle a que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo.

Durante la reunión, se ha entregado un escrito al Defensor del Pueblo que ha sido suscrito por los presidentes de las organizaciones territoriales de ámbito autonómico de CEOE y avalado por la Junta Directiva de la Confederación. Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM, ha indicado en dicho documento que desde su organización «nos sumamos a la solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo. Abogamos por la supresión del Impuesto de Patrimonio en España ya que penaliza el ahorro, genera doble imposición, ha desaparecido en la práctica totalidad de los países y apenas tiene capacidad recaudatoria, y pedimos a las Comunidades Autónomas que, siguiendo el buen ejemplo de la Comunidad de Madrid, se bonifique al 100% mientras no sea eliminado de la regulación estatal».

El pasado mes de noviembre el IEE y CEIM presentaron el informe ‘La tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional’. En el que ponía de manifiesto que una subida fiscal del Impuesto de Sociedades, Patrimonio e IRPF, como se presentaba en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, afectará directamente a la competitividad empresarial, tan dañada por la crisis económica derivada del COVID-19, y en consecuencia, a la generación de empleo y al Estado del Bienestar.

Durante la presentación se destacó por qué la Comunidad de Madrid debe ser un referente en las políticas tributarias a aplicar en España y no al contrario. El informe ponía de manifiesto las siguientes evidencias:

  • Si se aplicara una armonización de la imposición patrimonial para la Comunidad de Madrid, esto supondría una pérdida de competitividad que a medio y largo plazo implicaría una contracción mínima del 2% del PIB para Madrid y del 0,5% del PIB nacional.
  • A la vista de las experiencias de otros países como Alemania y Francia, una subida del Impuesto sobre Patrimonio podría tener, en el medio y largo plazo, un efecto neto negativo sobre el conjunto de los ingresos públicos.
  • La corresponsabilidad fiscal forma parte intrínseca de la naturaleza de las autonomías, más aún cuando conviven un régimen común con regímenes forales.
  • Las Comunidades Autónomas deben tener el derecho y la obligación de ejercer la corresponsabilidad fiscal, que no es otra cosa que tener libertad para poder reflejar las preferencias de sus ciudadanos en el diseño de los gastos e ingresos públicos.
  • La corresponsabilidad fiscal es una palanca de mejora de eficiencia del sector público que no deja de ser la gran reforma pendiente de nuestra administración.
  • Es importante no penalizar el ahorro porque cumple un papel fundamental como motor de la inversión, de la productividad y del crecimiento a largo plazo, y, por ende, de la prosperidad y bienestar social.
  • España se sitúa como una de las economías de la OCDE con un tratamiento tributario más lesivo en el ámbito del ahorro y la imposición patrimonial es de las más elevadas, en un entorno internacional en el que la tendencia es a la desaparición o bonificación de estos tributos.
  • La actual tributación efectiva sobre el ahorro en España genera problemas de doble imposición y supuestos de confiscatoriedad.
  • El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto especialmente contraproducente, que no existe en ningún otro país dentro de la UE, por los significativos costes que incorpora al ahorro, la inversión y la actividad. De hecho, a medio y largo plazo algunos estudios contemplan que su impacto neto sobre la recaudación global acaba siendo negativo.
  • El Impuesto sobre Sucesiones no existe o funciona de forma residual en la mayor parte de los países de la UE. De hecho, el tipo medio del impuesto dentro de la OCDE es del 15%. La fuerte incidencia negativa que tiene este impuesto sobre la supervivencia de las empresas en los procesos de transmisión generacional obliga a exonerar del mismo a las empresas familiares tal y como se hace en la mayor parte de Europa.
  • Madrid es, junto a País Vasco, la región que tiene uno de los sistemas tributarios más atractivos del país y, por ello, ambas tienen una mejor clasificación en el Índice de Competitividad Regional de la Comisión Europea, situándose junto a Navarra, en la fase 5 de desarrollo, es decir, en el máximo nivel de una clasificación que va de 1 a 5, dentro de la ordenación de la Comisión Europea.
  • Madrid es la Comunidad Autónoma que más aporta al resto de España en términos fiscales, siendo la más solidaria con el resto de las regiones. En concreto, contribuye con más de 19.000 millones de euros, siendo Cataluña la segunda que más aporta, con algo menos de 10.000 millones.
  • Madrid es la región en donde mejor se cumple con las obligaciones tributarias de toda España, tal y como demuestra sus menores niveles de economía sumergida. Frente a un promedio para España del 23,1% de su peso en el PIB, en Madrid supone un 16,2%.
  • Los ciudadanos madrileños ya son los que más impuestos por persona aportan en España: un 32% más que la media de España.

Descargar informe:

La tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional