Impacto económico de las medidas adoptadas en el contexto de la presente crisis

El IEE señala que, gracias a los avales del ICO, se podría tener un impacto directo positivo sobre la actividad de hasta el 3,2% del VAB y de 663.000 empleos adicionales.
Por su parte, Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), podrían estar ya generando un impacto directo sobre la actividad de hasta un 0,7% del VAB y de 151.000 empleos adicionales.
Según el informe, la caída de la actividad podría estar situada dentro del intervalo entre el 8,4% y el 13,1%, en función del momento en el que se implementen las medidas y su materialización total o parcial. Esto equivaldría a una pérdida de empleo comprendida entre los 1,7 millones y los 2,6 millones de ocupados.
Desde el IEE se pide alcanzar, lo antes posible, una normalización económica en la que no haya restricciones a la actividad económica, además de acometer mejoras y «reformas», medidas de oferta que impulsen el crecimiento potencial a largo plazo de la economía española y que ayuden a reconstruir la demanda agregada.

Madrid, 02 de junio de 2020. El Instituto de Estudios Económicos ha lanzado el informe ‘Impacto económico de las medidas adoptadas en el contexto de la presente crisis’ ocasionada por el COVID-19. El documento indica que, pese al súbito y cuantioso impacto de la actual crisis, nuestros fundamentales económicos continuarán siendo los mismos que posibilitaron la anterior recuperación. Por tanto, es básico mantenerlos en el tiempo sin incurrir en errores de revertirlos, como sucedería si volviéramos al marco laboral de la pasada década. Desde el comienzo de esta crisis sanitaria y económica se han tomado medidas relevantes. Entre ellas se encuentra el apoyo a la financiación privada de los sectores afectados mediante avales del ICO.

Según el impacto económico, las medidas directas de apoyo a la empresa son las que están teniendo los mayores efectos multiplicadores, en términos de sostenimiento de producción, actividad y empleo. Este factor se explica por el gran impacto de las medidas por todo el circuito económico, puesto que su efecto multiplicador depende de un elevado número interrelaciones que se producen entre los distintos sectores de actividad a través de sus eslabonamientos. Dichos eslabonamientos cuantifican la capacidad de arrastre de cada uno de los sectores económicos, tanto como oferente de sus productos al resto de sectores que como demandante de los productos de los otros sectores.

De esta forma, gracias a las líneas de financiación privada avaladas, se podría tener un impacto directo positivo sobre la actividad de hasta el 3,2% del VAB y de 663.000 empleos adicionales. Y a más largo plazo, incorporando todos los efectos económicos producidos por las distintas interrelaciones sectoriales, estas líneas de financiación del ICO podrían tener un impacto adicional indirecto e inducido sobre la actividad de hasta un 8,6% del VAB y de 1.651.000 empleos adicionales.

El documento también recoge el impacto de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que podrían estar ya generando un impacto directo sobre la actividad de hasta un 0,7% del VAB y de 151.000 empleos adicionales. Si estos se ampliaran hasta diciembre, para poder así cubrir las necesidades de los sectores más afectados, entonces tendrían un impacto adicional de hasta un 1% de VAB y de 212.000 empleos añadidos, que habría que sumarse al impacto del primer tramo. Y, a más largo plazo, a los efectos directos ya comentados habría que añadir otros efectos indirectos e inducidos derivados de las relaciones intersectoriales que supondrían, según se contemplen ERTE hasta junio o hasta diciembre, entre un 1,9% y 4,6% del VAB y una mejora (o menor caída de empleo) de entre 377.000 y 906.000 empleos a tiempo completo.

El informe prevé una caída inicial para la actividad en España, para el 2020, calculada a partir de un modelo multisectorial, que resultaría en un orden directo mínimo del 13,1% del VAB y en una pérdida de 2,6 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. El problema es que este impacto no sería el definitivo, sino que habría que incorporar al impacto directo neto conjunto estimado de la crisis del COVID-19 también los efectos de las medidas que podrían evitar una pérdida directa de hasta un 4,7% del VAB y de 965.000 empleos (el 5,2% del empleo), así como los efectos adicionales indirectos e inducidos a más largo plazo que son especialmente relevantes para poder interpretar la inflexión esperada para el 2021, con una significativa recuperación de la actividad y del empleo perdido en este ejercicio.

Según el IEE, nuestra prioridad debe ser alcanzar, lo antes posible, una normalización económica en la que no haya restricciones a la actividad económica. En este caso, la demanda podría recuperar la senda previa al virus y/o cambiar alguno de sus comportamientos. En esta fase de cambio estructural es donde sería deseable acometer mejoras y “reformas” de los fundamentales económicos, si así se pretende. Esto es, medidas de oferta que potencien el crecimiento potencial a largo plazo de la economía española y que ayudan, a su vez, a reconstruir la demanda agregada.

Por último, el informe indica que es necesario incorporar una reflexión de la orientación y priorización sectorial de las posibles medidas de política económica. Desde una perspectiva de corto plazo, las medidas de política económica deben priorizar la preservación del tejido productivo más afectado por la crisis, como, por ejemplo, el turismo y la hostelería, pero a medio y largo plazo deben incorporarse también medidas que, a su vez, favorezcan la transformación estructural y la modernización de nuestro país, teniendo en cuenta que tendrán un mejor resultado, en términos de actividad y empleo, si se materializan en apoyo a las empresas de los sectores con mayores multiplicadores, como puedan ser, por ejemplo, la digitalización, la transición ecológica o la reactivación de las industrias citadas con más valor añadido. En cualquier caso, tanto a corto como a medio o largo plazo, es imprescindible que no se introduzca ningún obstáculo regulatorio o carga administrativa que suponga un aumento adicional de los costes sobre las empresas que impidan o limiten la adaptación y reorientación de las mismas ante el nuevo escenario económico que se abre tras la crisis del COVID-19.

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