Salvar el tejido empresarial

Artículo de opinión de Íñigo Fernández de Mesa, Presidente del IEE y Vicepresidente de la CEOE, el 3 de abril en La Razón

La recuperación de la economía mundial que se esperaba para 2020 se está viendo truncada por la magnitud y la extensión de la crisis sanitaria del Covid-19, o como se conoce, «la crisis del coronavirus». Las consecuencias económicas se manifiestan en varios ámbitos, y son mayores de las inicialmente previstas, teniendo un impacto extraordinariamente elevado en la actividad de las empresas, en el empleo, en los mercados financieros internacionales y en las materias primas, con el petróleo en la cabeza.

La gravedad de la situación ha provocado la implementación de medidas extraordinarias que tienen por objetivo restringir la movilidad de las personas para evitar los contagios. Estas medidas para frenar la crisis sanitaria tienen un grave efecto secundario, obligando a la actividad económica a parar en algunos casos o, en otros, a ralentizarse hasta situarse en los mínimos imprescindibles. En España, fueron los centros educativos y después los establecimientos turísticos, de restauración, de ocio, deportivos y del comercio minorista los que primero tuvieron que cerrar sus puertas; desde el pasado lunes, todas aquellas personas que no trabajen en actividades o servicios esenciales, o bien en sus cadenas de suministro, también deberán permanecer en sus casas, con lo que buena parte de la construcción y la industria manufacturera también reducirá al mínimo su producción.

Con estos datos, aquellas previsiones del 1,5% que se barajaban para la economía española han quedado en el olvido y, a día de hoy, ya no hay duda de que el impacto sobre la actividad y el empleo será muy intenso, como ya están revelando los datos de paro registrado del mes de marzo, y habrá que afrontar una recesión.

Además, quedan por delante muchas incógnitas para poder dar respuesta a cómo será la salida de este episodio contractivo. Entre ellas, cuánto tiempo se prolongarán las restricciones de movilidad de las personas, Facilitar la gradual adaptación de las empresas es prioritario para preservar el mayor número de empleos posible y lograr una recuperación ágil cómo se restablecerá la normalidad para las familias y para las empresas, con qué intensidad se recuperará la economía y algunos de sus sectores, cuestiones para las que todavía es pronto aventurar una respuesta.

En este caso, el análisis debe hacerse teniendo en cuenta que la economía se enfrenta esta vez a un «shock de impacto». Por este motivo, se presume que, pese a la transitoria virulencia, la recuperación en un escenario como el actual debería ser más rápida que cuando asistimos a un final de ciclo del tipo de la pasada Gran Recesión. No obstante, para que esta hipótesis sea cierta, es decir, para que el impacto sea de verdad temporal y no devenga en una crisis más grave, resulta crucial que las medidas adoptadas, durante y con posterioridad a esta situación, sean las propicias.

Al parón obligatorio, hay que agregarle también la debilidad de la demanda debido al estado de confinamiento y a la incertidumbre existente, así como las disrupciones en las cadenas de valor que malogran el habitual «timing» de algunos procesos productivos. En este contexto, resulta crucial preservar el tejido productivo, apoyando a las empresas que hayan visto constreñida su liquidez para que puedan atender sus compromisos a corto plazo, y evitar así una posible espiral de impagos.

El Banco Central Europeo ha manifestado contundentemente su apoyo, en las dos líneas básicas en las que tiene capacidad de actuación: por un lado, aliviando las condiciones de financiación, sobre todo del soberano, pero también, directa e indirectamente, de las empresas. Por el otro, relajando los criterios para prestamistas y prestatarios para asegurar que esa mayor liquidez llega a las empresas más afectadas por la situación actual.

Con el fin de lograr este segundo objetivo, el Gobierno español ha anunciado la creación de una línea de avales de hasta 100.000 millones de euros (el 8% del PIB), de las que se ha desbloqueado un primer tramo de 20.000, que favorezca la concesión de crédito que las empresas afectadas por la situación actual puedan atender sus necesidades de liquidez. Es una medida que va en la buena dirección, aunque debe contar con margen para ampliarse en caso de que sea necesario. Pero tanta importancia reviste las medidas coetáneas a la situación de excepción, como las que son planteadas para el escenario que tendrá lugar cuando finalice la situación de emergencia.

Desde ese momento, la situación será de transición, pues resulta ingenuo pensar que los niveles de producción y consumo vuelvan, de la noche a la mañana, a la normalidad. En este contexto, lo que necesita el tejido productivo es margen de actuación y mecanismos flexibles para una gradual adaptación de su estructura productiva al nuevo entorno. En este ámbito, hemos conocido alguna medida que va en la dirección opuesta, es decir, en la de adicionar rigideces al tejido productivo, que pueden profundizar y agravar la recesión. Tales el caso de la medida que imposibilita temporalmente el despido por causas objetivas, y que puede abocar a algunas empresas a una situación de insolvencia al no poder conciliar su estructura de costes con los nuevos niveles de ingresos.

A nadie se le escapa que la dramática noticia que supone el cierre de una empresa lleva aparejada, de facto, el inmediato cese de todos los trabajadores. Si queremos de verdad preservar el máximo empleo posible y sentar las bases para la generación futura de nuevos puestos de trabajo, la prioridad debe ser la de conservar el tejido empresarial actual, dotándole de los dinamismos que la situación requiere. De lo contrario podrían sentarse las bases para un período de lánguido crecimiento.