Medidas urgentes para una situación excepcional

Artículo de opinión publicado por Gregorio Izquierdo, Director General del Instituto de Estudios Económicos, y Nicolás Vicente Regidor, Investigador Asociado del Instituto de Estudios Económicos, en Invertia el 30 de marzo

Las narrativas de una desaceleración pausada de la actividad en las principales economías, que eran moneda común entre las previsiones de los organismos internaciones hace apenas dos meses, se han visto truncadas por la epidemia global causada por el virus COVID-19, más conocido, por su morfología, como coronavirus. La situación de emergencia sanitaria que acaece en muchos países del mundo, entre los que se encuentra España, ha dado lugar a medidas destinadas a asegurar un distanciamiento social con el fin de contener la curva de infectados, incluyendo cuarentenas y restricciones de movimientos, que se encuentran condicionados a causas de primera necesidad.

Esto ha provocado un receso en la actividad, ya sea por la prohibición de llevarla a cabo, o por la ausencia de demanda ante la situación de aislamiento e incertidumbre (ahorro por motivo precaución) en la que se encuentra la población. Pero este shock combinado de oferta y demanda no acaba aquí. A ello hay que agregarle las disrupciones en las cadenas globales de valor, que impiden contar a tiempo con los bienes intermedios necesarios, generando cuellos de botella en los procesos de producción. En este contexto, muchas empresas están experimentando un intenso descenso en sus ventas, ya sea por la ausencia de clientes o de inputs intermedios para producir, cuando no por imperativo legal.

En esta situación de excepcionalidad, la prioridad debe ser apoyar a estas empresas para facilitar que puedan cubrir sus necesidades de circulante, evitando, en la medida de lo posible, tensiones de liquidez que puedan devenir en una cadena de impagos.  Tras varios intentos, parece que los hacedores de política económica empiezan a consolidar una actuación decidida con salvaguardar nuestro músculo productivo, compuesto por empresas que son viables en situaciones normales, pero que pueden enfrentar un estrechamiento de su liquidez en el corto plazo. No hay que olvidar que es este tejido empresarial el que genera y mantiene empleo, por lo que garantizar la supervivencia del primero es preservar igualmente el segundo.

En este contexto, el Gobierno español, ha anunciado recientemente una línea de avales de hasta 100.000 millones de euros, el 8% del PIB, que está en consonancia, algo por debajo, con las garantías puestas en marcha por otros países europeos como Alemania (más de 1 billón contando ayudas directas, casi el 30% de su PIB, aunque indicó que el apoyo es ilimitado), Francia, (300.000 millones o el 12,5% de su PIB) o Reino Unido (el equivalente a 360.000 millones de euros o el 14% de su PIB). A su vez, a efectos de liberar liquidez, se ha aprobado también un diferimiento de 6 meses de las obligaciones fiscales para las pymes y autónomos más afectados. 

La disponibilidad del primer tramo de esa línea de avales, que se acordó en el Consejo de Ministros del pasado martes, de 20.000 millones de euros, es absolutamente indispensable como punto de partida. Sin embargo, es muy posible que resulte insuficiente. En este sentido, lo primordial es que las cuantías aseguradas y los importes concedidos sean lo suficientemente amplios como para que ninguna empresa que los necesite y que cumpla los criterios se quede atrás.

En paralelo a las medidas de los gobiernos, más de cincuenta bancos centrales en todo el mundo han flexibilizado su política monetaria para tratar de acomodar las condiciones financieras a una situación como la actual. El Banco Central Europeo adquirirá bonos por un total de 1,1 billones de euros este año, el equivalente al PIB español. Por su parte, en su última intervención, la Reserva Federal, ni siquiera quiso establecer límites y recalcó que comprará “la cantidad (de activos) que sea necesaria”.

Aunque aún es pronto para hacer estimaciones precisas del impacto del COVID-19 sobre nuestra economía, será casi imposible esquivar un episodio contractivo en el conjunto del año, concentrado sobre todo en el primer y segundo trimestre. No obstante, la intensidad de esta contracción dependerá de muchos factores como son: la duración de las medidas de aislamiento, que a su vez está relacionada con el éxito en la contención del contagio; el grado de acierto de las medidas de política económica que se tomen; el nivel de progresividad de la posterior recuperación de la actividad, y el alcance final del virus también en el resto de países, en especial, entre nuestros socios comerciales. En este sentido, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo ya anticipan recesión para la Unión Europea, aunque apelan a la transitoriedad de la misma y a una ágil recuperación posterior.

No cabe duda de que nos encontramos en una situación compleja y delicada, un reto desde el punto de vista social, sanitario, humano y económico. Pero hay un halo de esperanza. Lo observamos en China, un país que lleva más tiempo combatiendo esta epidemia y que poco a poco recupera su ritmo normal de actividad. La buena noticia es que el enfriamiento de la actividad no se ha producido, como en la pasada crisis, debido a la acumulación de desequilibrios, lo que invita al optimismo con respecto a la velocidad del ulterior repunte, en la medida en que sea más ágil la reasignación de factores productivos. Cuando consigamos contener la epidemia, será absolutamente crucial evitar errores en el diseño de la política económica, que terminen por agravar la situación actual. De ello depende que la recuperación sea rápida o nos sumamos en una época de crecimiento anémico.