Las reformas necesarias

Artículo de opinión firmado por el Director general del IEE, publicado el 10 de noviembre en el diario La Razón

La ralentización económica que está viviendo la economía mundial nos llega mejor preparados que la anterior crisis. Todavía tenemos superávit exterior (algo inédito en esta posición cíclica), inflación contenida, y mantenemos un diferencial positivo de crecimiento con nuestro entorno. Si nuestras bases siguen sólidas y nuestros desequilibrios tradicionales controlados, es gracias a las reformas estructurales realizadas en el pasado, que nos han dotado de mayor resiliencia ante perturbaciones adversas. Baste citar el ejemplo de la última reforma laboral, que redujo la tasa de paro estructural y mejoró la sensibilidad del empleo al incremento del PIB, de suerte que ahora los niveles de crecimiento necesarios para crear empleo se han recortado significativamente.

Una reforma clave que aún está por abordar, a la vista de nuestro déficit público estructural, es la de la garantía de la sostenibilidad de nuestra deuda pública, para lo que resulta obligado continuar con la consolidación presupuestaria de una forma compatible con el crecimiento económico. Por ello, en estos momentos, sería especialmente contraproducente subir los impuestos, en especial, los que ya se encuentran en niveles más elevados que en nuestro entorno, como es el caso del impuesto de sociedades, y de la imposición patrimonial (patrimonio y sucesiones). En su lugar, el ajuste presupuestario debería recaer por el lado del gasto, a través de la mejora de la eficiencia del gasto público, incorporando criterios de racionalidad, disciplina presupuestaria y de evaluación continua.

La política económica debe retomar la creación de un entorno favorable a la empresa mediante la implementación de nuevas reformas estructurales. Nuestra peor coyuntura, después de varios períodos de expansión del producto por encima de su potencial, pone en evidencia el problema que ha supuesto la reciente complacencia con el parón reformista, cuando no el equivocado planteamiento de deshacer el camino ya andando. Las nuevas reformas deben facilitar suficiente flexibilidad a las empresas para su adaptación a los constantes cambios a los que se enfrentan: digitalización, sostenibilidad, demografía, etc. A su vez, el gobierno debe apostar por políticas que configuren incentivos apropiados para la adecuada disponibilidad de los factores más críticos para el crecimiento, como son el capital humano, tecnológico, institucional y físico. La competitividad debe ser, de una vez por todas, el eje prioritario de nuestra política económica para ayudar a que nuestras empresas asuman su responsabilidad como motor de progreso a través de la inversión empresarial y la creación de empleo.