Cambio de tercio

Artículo de opinión de Almudena Semur, Secretaria General del IEE, en diario El Economista el 28 de diciembre de 2018

Acabamos el año inmersos en una etapa de incertidumbre  en la que los nubarrones nos impiden vislumbrar con claridad, tanto a nivel global, como a nivel doméstico por dónde irán las cosas en lo que a economía se refiere. Si echamos  un vistazo al continente europeo, el panorama no puede ser más desolador. A las amenazas  proteccionistas al comercio   que ponen en riesgo la continuidad del crecimiento económico  a buen ritmo,  se le une  la insularidad  de un Reino Unido que apenas crece y  cuyos dirigentes ya están anunciando  medidas  para  enfrentarse a una salida sin acuerdo de la UE.  Francia, por su parte,  ya tiene bastante con gestionar su  crisis de chalecos amarillos. Italia, con  su gobierno populista y euroescéptico sigue alimentando el debate sobre la permanencia del país en la UE. Según estimaciones (de agosto) del Centre for European Policy Studies (Bruselas), el llamado ‘riesgo de redenominación’ (es decir, la probabilidad de un Italexit) explica la mitad del aumento de las primas de riesgo. Mientras que  Alemania, además de andar algo revuelta,  le está costando recuperarse del impacto de la nueva regulación en materia de emisión de gases para los automóviles, principal factor que explica el deterioro de las expectativas empresariales.

España, tampoco se libra, con un Gobierno en clara minoría y nada predecible  en cuanto a las futuras políticas económicas que hay que llevar a cabo. Hasta ahora, todo  han sido parabienes.  Y es que gracias a la fuerte inercia del crecimiento nos hemos situado en 2018 en la cabecera  de la Eurozona, con una tasa en torno al 2,6 %, ritmo bastante inferior  que en años anteriores. Pero esta inercia en 2019 será mucho menor. Según nuestras previsiones, el crecimiento apuntará en torno al 2,1%. Sin embargo, y a pesar de que las condiciones serán menos favorables, nos encontramos con un Gobierno que gastará más y aumentará el déficit público, a costa de subir los impuestos a los beneficios empresariales, y a las rentas del trabajo y del capital, además de anunciar la reversión  de  reformas en el ámbito laboral, o de pensiones. Justo el camino contrario que deberíamos recorrer para no perder la confianza que tanto nos costó recuperar.

Y digo el camino contrario porque la credibilidad en la economia española se puede resentir. Hemos sido poco ambiciosos en la reducción del déficit para los ritmos de crecimiento que hemos tenido. Seguimos  gastando  más de lo que recaudamos, lo que  nos impide rebajar el nivel de endeudamiento público muy cercano al 100%  del PIB. En un futuro próximo,  nos constara mucho mas financiar nuestra deuda por la subida de tipos del BCE. Y si tenemos en cuenta que un elevado porcentaje de los tenedores de nuestra deuda son no residentes, una  política fiscal que no genere confianza, y que revierta las reformas llevadas a cabo, puede dañar nuestro crecimiento y volver a colocarnos en una situación complicada por no disponer de ningún  margen de maniobra para utilizar la política fiscal de una manera  contracíclica. Huelga decir, el dañino impacto que generaría sobre el bienestar de la sociedad y especialmente en los individuos  con menores rentas en una economía como la nuestra, en la que a pesar de haber corregido desequilibrios,  todavía le quedan  determinadas bombas de relojería por abordar, como son la sostenibilidad de las  pensiones, la reducción de la tasa de paro, los  gastos crecientes en sanidad, o la reforma del sistema educativo.

La ralentización del crecimiento en 2019, también repercutirá en el empleo, cuya tasa disminuirá en 5 decimas su ritmo de creación respecto al 2018, apuntando hacia el 1,9%, equivalente a 358.939 puestos de trabajo a tiempo completo, lo que dejara una  tasa de desempleo media anual del 14,2%. Nada favorecerá para disminuir esta tasa la aprobación de la subida del salario mínimo  en un 22,3% respecto a su actual cuantía. Todo lo contrario, actuará como un arma de destrucción masiva,  no solo  en la creación de empleo a tiempo completo, sino que  fomentará la contratación temporal así como  la economía sumergida, además de elevar el paro estructural de aquellos jóvenes y con menor nivel de cualificación.  Y es que el poder político podrá establecer por ley un salario mínimo  determinado, pero son las empresas las que determinan el número de personas que contratan a ese nivel salarial.

Como también dañará a la creación de empleo el destope de las cotizaciones sociales. Una subida en torno a un 7% de las bases máximas de cotización, conllevará un gasto adicional en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social de 1.500 millones, además de lastrar la competitividad exterior de nuestra economia. Cabe recordar que los empresarios españoles  pagan  por cotizaciones sociales a la Seguridad Social  más que el promedio de la Unión Europea tanto en porcentaje de PIB como en recaudación impositiva.

Pero aquí no queda la cosa, las anunciadas subidas  impositivas que se pretenden llevar a cabo para financiar el  aumento del gasto público,  bajo el argumento de que la presión fiscal de la economía española es baja en comparación con el resto de países de la UE ,  y aun más  reducida,  si la comparación se realiza con los países más avanzados de Europa, desincentivaran la inversión, y obligaran a las empresas, que ya pagan unos impuestos muy altos,  a ajustar sus plantillas ante la subida de costes que se les avecina, a la vez que mermara su competitividad. Cierto es que nuestro nivel impositivo en 2016,  ultimo año para el que existen datos, fue 5,6 puntos porcentuales inferior,  33% del PIB, frente  a un promedio de la UE del 38,9%. Pero más cierto es que tenemos una menor renta per cápita, concretamente  8 puntos por debajo de la media de la UE 28, distancia que se amplía a 25 puntos si nos comparamos con los países  avanzados. Por tanto, si la proporción de ingresos impositivos en porcentaje de PIB  es menor que la del  resto de nuestros vecinos europeos, es por la menor cuantía de  nuestro PIB per cápita. Aumentar nuestro PIB per cápita es realmente a lo  deberíamos aspirar. Para ello,  sería necesario que las empresas, auténticos motores de la generación de riqueza,  pudieran mantener  un elevado nivel de inversión  en capital fijo sin que esto  se viera mermado por subidas impositivas. Solo así,  produciendo más y mejor que los demás, será posible aumentar nuestro PIB per cápita,    sustentar crecimientos salariales y  aumentar el empleo.