Subida de impuestos para financiar el aumento de gasto

Artículo de opinión de Almudena Semur, Secretaria General del IEE, en diario El Economista el 8 de septiembre de 2018

Tras el árido paisaje estepario por el que tuvo que pasear la sociedad española para remontar la durísima recesión, durante cuatro ejercicios (2014-2017), tuvimos un crecimiento vigoroso con tasas superiores al 3% y por encima de la media de la UE (3,1% frente a 2,6% en 2017). Los últimos datos confirman la llegada de la esperada desaceleración. Seguiremos creciendo, pero no con el vigor de otras épocas, y a la vuelta de la esquina, aterrizara la retirada de estímulos del Banco Central Europeo con el encarecimiento de los costes de financiación que conlleva.

Continuar con el proceso reformista, seguir por la senda de consolidación fiscal y reducir nuestro porcentaje de deuda sobre PIB, debería ser prioritario. Piense el lector que los esfuerzos de contención del gasto público han sido considerables en nuestro país. Con la crisis económica el nivel de gasto público había alcanzado una cifra récord del 48,1% en 2012. Desde entonces, ha disminuido siete puntos gracias a la disciplina del gasto, disciplina que debería mantenerse en  el futuro.

Pero, hete aquí,  como en el inicio de curso, el nuevo ejecutivo trae consigo un ramillete de propuestas dirigidas a incrementar el gasto público sin pensar en las consecuencias que puedan acarrear en un futuro no tan lejano. Al fin y al cabo,  ya le tocará a otro bailar con la más fea. Y es que hay que contentar a esa amalgama de agentes populistas que culpan de todos sus males a la globalización. Que sube el precio de la gasolina por poner un ejemplo, la culpa, como no podía ser de otra manera es de las grandes multinacionales, pero hay amigo, cuando baja el precio; ¿De quién será la culpa? Que sube el paro; la culpa será de los empresarios;  pero cuando baja, quién tendrá la culpa. El caso es protestar por cualquier cosa, con el último grito de tecnología en la mano sin detenerse a pensar en cómo funcionan las reglas de la economía de mercado, y en que la culpa de sus males, no es la globalización sino los problemas domésticos.

Anuncian que el incremento de gasto público será financiado mediante un aumento de impuestos con el objetivo reducir la desigualdad y mejorar la distribución de la riqueza, objetivos sin lugar a duda, muy loables. Pero nada se dice sobre como producir más y mejor que los demás con el fin de ganar competitividad y generar empleo. La mejor manera de combatir la desigualdad es creando empleo. Un Informe del Banco de España pone de relieve que la mayor fuente de desigualdad durante la crisis económica  fue el desempleo. “El mantenimiento de una tasa de paro elevada, incluso en las épocas de mayor bonanza, hizo que la desigualdad en términos de renta bruta per cápita antes de la crisis también fuera elevada en España en comparativa internacional.”

A las primeras de cambio dijeron que se pondría  un impuesto al diesel por ser un carburante contaminante. Medida antisocial donde las haya, con claro efecto recaudatorio, especialmente en el corto plazo y con efectos muy reducidos a nivel medioambiental. Sin embargo esta medida le permitiría al gobierno recaudar  2.100 millones de euros más (600 millones de forma escalonada), si finalmente se equiparase el diesel  al precio de la gasolina.

Tampoco han dudado en dejar a las empresas e instituciones financieras a los pies de los caballos anunciando una subida del impuesto sobre sociedades mediante la creación de un tipo mínimo del 15%, que todavía no se sabe cómo se instrumentará. Pero lo que es por todos sabido, es que en el caso de aprobarse esta medida, nuestro país se convertiría en un lugar menos atractivo para los inversores que buscarían nuevos destinos. Amén de la  merma de competitividad que acarrearía a las empresas e instituciones financieras a las que no les quedaría otro remedio que ajustar sus cuentas de resultados. Ajuste que   repercutiría negativamente tanto en la inversión como  en el empleo, así como en la concesión de crédito a familias y empresas necesitadas de financiación. Alegan para justificar la implantación de tal medida, que el nivel actual de recaudación del Impuesto sobre Sociedades sólo alcanza los 20.000 millones de euros, cifra equivalente a la registrada en 2002 y la mitad del máximo alcanzado en 2007. Pero no tienen en cuenta que el motivo de la lenta recuperación de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades respecto a 2007, obedece fundamentalmente a la bajada de beneficios empresariales. No se puede comparar la recaudación del año 2007 con la actual. El año 2007 fue excepcional debido a los beneficios vinculados a la burbuja inmobiliaria, y esos niveles de beneficio, no se volverán a obtener, incluso a pesar de la recuperación del sector inmobiliario. Las empresas que sobrevivieron  han tardado en cicatrizar las heridas de la crisis. Un informe de la CEOE sobre la tributación empresarial señala, que de la cifra de empresas activas en 2017, todavía un 59% de las mismas,  prevé tener bases imponibles negativas frente a un 41% que tendrá bases imponibles positivas.

Cierto es que en nuestro país existe un problema de recaudación y que los ingresos fiscales se sitúan 8 pp por debajo que en Europa (38% frente 46%), pero no hay que penalizar a las empresas y a la banca por ello. La aportación de las empresas a las arcas del Estado según Eurostat, es considerablemente superior a la media europea. Prueba de ello, es que el porcentaje de los ingresos públicos que aportan respecto del total, es del 30,4% mientras que la media de la eurozona es del 26,2%. En cuanto al tipo real que soportan,  el informe “Paying Taxes” que PWC  y el Banco Mundial elaboran anualmente señala que en el 2016, las empresas soportaron una carga tributaria con un tipo real del 46,9% sobre beneficios frente a la media de la Unión Europea del 40,9% , esto es, 6 puntos porcentuales a la media.

Existen otras formulas para incrementar la recaudación. Mucho más conveniente sería combatir la economia sumergida o explorar otros impuestos que nos hagan converger con Europa en materia impositiva  en los que la fiscalidad en España es menor.  Según la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), Hacienda recauda un 23% menos de lo que podría por culpa de la economía sumergida en España. Esto son 70.000 millones de euros, lo que equivale al 6% del PIB del país, prácticamente la misma cantidad que se necesita para pagar el gasto público en Sanidad de todo un año.

En definitiva, nos ha costado mucho llegar a donde estamos. Han desaparecido los vientos de cola externos que tanto ayudaron a impulsar nuestro crecimiento. Hemos pasado de crecer a ritmos del 3% a ritmos del 2,5% Sería bueno estar ojo avizor ante posibles shocks adversos, no perder competitividad mediante subidas impositivas, continuar el proceso de consolidación fiscal   y reducir la deuda pública. Nuestro país no puede perder la confianza que tanto nos costó recuperar.