Hacia la alfabetización digital

Artículo de opinión de Almudena Semur, Secretaria General del IEE, en el número de mayo de 2018 de la revista Directivos y Empresas

La digitalización permite a los gobiernos redistribuir los recursos prioritarios, así como buscar la eficiencia de los procesos burocráticos, lo que se traduce en una mejora del potencial económico, tanto local como internacional. El propio ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó que gracias al grado de digitalización de la AA.PP., se había podido gestionar con eficacia la aplicación del artículo 155 en una de las Administraciones más grandes de España, como es la Generalitat de Cataluña. En efecto, y en lo que a digitalización se refiere, la misma ha permitido un elevado grado de coordinación entre Administraciones públicas en el ámbito de aplicación de leyes de estabilidad presupuestaria, en una Administración como la nuestra, que se caracteriza por ser una de las más descentralizadas del mundo. Un informe de la Comisión Europea de 2017 referido al progreso digital en Europa nos coloca en sexto lugar respecto al grado de interacción entre autoridades públicas y ciudadanos, al ascender a un 40% los usuarios que utilizan, de manera activa servicios de Administración Electrónica. Estos buenos resultados de España se deben a la Ley 18/2015, que garantiza la reutilización y la transparencia de los datos. No obstante, debemos mejorar determinados indicadores como los basados en formularios pre-cumplimentados, así como la información accesible a la Administración Electrónica.

Aun así, queda camino por recorrer, y las AA.PP. deben transformarse digitalmente para poder ofrecer los servicios que solicitan las empresas y los ciudadanos, así como para lograr mayor grado de eficiencia eliminando barreras burocráticas. Trayendo a colación los procesos burocráticos, nuestro país, por ejemplo, sigue siendo líder en hiperregulación. ¡Por legislar que no quede! Solo hace falta contar las páginas de los boletines oficiales publicados. Como señala la revista El Empresario, si imprimiéramos el papel de los boletines oficiales, tanto estatales como autonómicos, desde que estalló la crisis en 2008 hasta la actualidad, nos toparíamos con 10 millones de páginas impresas, o el equivalente a 7.000 libros del tamaño del Quijote. Una barbaridad. Este acervo legislativo ha llevado, incluso, a que algún ayuntamiento legisle a qué hora pueden ladrar los perros. Un espejo donde mirarnos sería Estonia, país en el que casi todos los servicios pueden realizarse on line, y se tardan unos 15 minutos en montar una empresa, frente a los 13 días que se tarda en nuestro país, lo que nos sitúa en el puesto 86 del ranking Doing Business.

La Administración tendrá que ser tractor del desarrollo digital posicionándose en la vanguardia del uso de las nuevas tecnologías. El papel de la Administración en materia de empleo, sanidad, educación y en lo relacionado con la competitividad de las empresas hace que resulte prioritaria su propia transformación digital. Algunos organismos ya han realizado esfuerzos digitales (Hacienda, Sanidad, Servicios Sociales, RTVE); sin embargo, hay otros sectores como Justicia, Educación, y buen aparte de los Ayuntamientos, que necesitan un buen empujón para el desempeño digital. No basta solo con la inversión tecnológica, sino que, además, para poder avanzar será prioritario centrarnos en la formación, así como en el mercado de trabajo. Piense el lector que el 65% de los estudiantes actuales trabajarán en empleos que todavía no existen, por lo que aquellas sociedades que no se tomen suficientemente en serio la educación en todos los ámbitos de la vida de las personas van a tener serios problemas en el futuro. Para afrontar este enorme cambio, debe implicarse la sociedad en su conjunto, incluyendo a los agentes involucrados en la educación escolar, en la formación para el empleo y en la educación universitaria. Las empresas y las AA.PP., por su parte, tendrán la obligación de participar activamente en este proceso de cambio social; no en vano, los cambios tecnológicos están creando necesidades dentro de las empresas que no son atendidas por la educación universitaria. De hecho, a los directivos de determinadas empresas les cuesta encontrar candidatos aptos para los puestos que están ofertando, circunstancia que no deja de resultar paradójica dado el alto porcentaje de desempleo que hay en nuestro país, lo que, a todas luces, supone un derroche de talento potencial y de recursos inaceptable. Como medida para tratar de cerrar esta brecha será fundamental orientar la formación para el empleo. En los próximos años el 90% de los puestos de trabajo van a requerir de un cierto nivel de competencias tecnológicas y de habilidades digitales. De hecho, la Comisión Europea considera que el desfase entre oferta y demanda de cualificaciones puede ocasionar que 825.000 puestos de trabajo se queden sin cubrir en el año 2020 dentro del ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Unión Europea.

Los líderes empresariales no son ajenos a esta problemática, de ahí que la Comisión Digital de CEOE haya elaborado un “Plan para la Digitalización” de la sociedad española en el que se trazan las líneas maestras para que nuestro país pueda sumarse al conjunto de países europeos que lideran la digitalización. Alcanzar los objetivos dictados en dicho plan, en 2025, implicaría que el PIB de ese año sería un 3,2% mayor, además de crearse 250.000 empleos adicionales. De ahí que los líderes empresariales soliciten un acuerdo político para la digitalización. Resulta fundamental que líderes políticos estén convencidos de la importancia de la transformación digital. Son estos líderes los que pueden impulsar los cambios normativos e institucionales que permitan eliminar barreras para la digitalización de las AA.PP. y de la sociedad en general.