Situación y perspectivas de la economía española ante el nuevo gobierno

Artículo de opinión de José Luis Feito, Presidentedel IEE, en el número 4 de la revista El Empresario

La economía española proseguirá su expansión vigorosa y más intensa que la del promedio de países de la eurozona, alcanzando ritmos del crecimiento del PIB alrededor del 2,8% y del 2,3% en 2018 y 2019 respectivamente, según las previsiones del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Un proceso de expansión que tiende a desacelerarse como consecuencia, esencialmente, del despliegue de fuerzas exteriores contractivas y de la ausencia de reformas internas de suficiente intensidad como para contrarrestar dichas fuerzas.

Los impulsos contractivos especialmente dañinos para nuestra economía proceden del ascenso y previsible estabilización del precio del petróleo y otras materias primas en torno a niveles superiores a los del pasado reciente y de la progresiva normalización de los tipos de interés. De ellos,  el más nocivo para nosotros es el movimiento alcista de los tipos de interés. Su impacto, sin embargo, en ausencia de una nueva crisis del euro o de confianza en nuestro país, no será apreciable hasta 2020. De ahí la previsión de la continuidad de la inercia expansiva de nuestra economía durante este año y buena parte del siguiente. Pero a medida que se vayan manifestando plenamente estos efectos contractivos, de la misma manera que en su día multiplicaron las consecuencias expansivas de las reformas y los ajustes efectuados, irán disminuyendo el crecimiento de la economía, acercándolo a su ritmo potencial (en torno al 1,5%), a no ser que se instrumenten nuevas reformas. Evidentemente, la desaceleración será más intensa si, además de no hacer reformas adicionales, se deshacen en parte o totalmente alguna de las ya realizadas.

La economía española se haya inmersa ya, y así seguirá hasta 2020, en un periodo preelectoral, periodos éstos propicios para políticas fiscales expansivas (como la diseñada en el presupuesto de 2018), y para retrocesos de reformas impopulares pero imprescindibles para el bienestar de la sociedad a medio y a largo plazo (como ha ocurrido en el ámbito de las pensiones, al volver a la indexación al IPC y eliminar virtualmente el factor del sostenibilidad).

El escenario macroeconómico del IEE para 2018 y 2019 está construido sobre la base del mantenimiento de los presupuestos expansivos del PP para este año por el nuevo Gobierno del PSOE y en la prórroga de dichos presupuestos para 2019. En ambos años, especialmente en 2019, estimamos que no se cumplirán los objetivos de déficit contemplados en el programa de estabilidad. Igualmente, el escenario presupone que no se modifica para peor ni la reforma laboral ni el marco tributario y regulatorio. Cualquier error en estos ámbitos tendría, además, de inmediatos efectos negativos en la confianza y ritmos de avance de los niveles de actividad y empleo, un coste reputacional perdurable y difícil de reparar para nuestro país. La instrumentación de una política fiscal aún más expansiva de la incorporada en estas previsiones quizá pudiera aumentar algunas décimas el crecimiento del PIB pero a costa de erosionar el crecimiento futuro. Como se ha dicho, los presupuestos de 2018 y, en el mejor de los casos, su prórroga para 2019, ya implican niveles de déficit público excesivos para la vibrante etapa expansiva que está viviendo nuestra economía. Este insuficiente ajuste presupuestario nos pasará factura cuando se debilite la expansión y exigirá reformas y correcciones significativas al Gobierno que salga de las próximas elecciones. En el mundo del euro (de hecho, en cualquier país con un volumen de deuda pública equivalente a su PIB), los costes del ensanchamiento o de la persistencia de los desequilibrios fiscales contrarrestan con creces cualquier aumento transitorio de la actividad económica que puedan ocasionar.

Según nuestras previsiones, la economía española se encamina a una coyuntura complicada en el año 2020. En ese año 2020 nuestras cuentas públicas empezarán a recoger el aumento de las contribuciones al presupuesto de la UE y a los gastos de defensa derivados de la salida del Reino Unido y de la reforma de la PAC, además del impacto de la marcha atrás de la reforma de las pensiones. En ese año, también, vencen muchas concesiones de autopistas de peaje que revertirán  a la administración pública estatal de manera que los costes de mantenimiento de las mismas que ahora se sufragan mediante peajes pasarían al presupuesto a no ser que se decidiera mantener peajes suficientes para cubrir dichos costes. Sobre todo, en dicho año, la retirada de las compras de bonos por el BCE y la progresiva normalización de los tipos de interés que previsiblemente se iniciara en 2019, ocasionará un aumento no despreciable de la carga de intereses de la deuda pública. Si el gobierno resultante de las elecciones generales que previsiblemente se realizarán por esas fechas no es capaz de llevar a cabo las reformas y los ajustes necesarios para preservar la confianza en nuestra economía volveremos a vivir un periodo de inestabilidad.

Para un país con una elevada deuda exterior neta, como es el caso de España, la confianza de los inversores nativos y foráneos, así como de las instituciones internacionales, en la capacidad de dicho país para controlar sus desequilibrios macroeconómicos es la variable clave que determina su devenir económico a corto y medio plazo. Como nos enseña la experiencia de los últimos años, esta confianza se pierde fácil y rápidamente y se gana difícil y lentamente. Es, por eso, vital preservar el estado de confianza actual en la economía española y no defraudar las expectativas con las que los mercados han recibido al nuevo gobierno. Sólo así se podrá seguir avanzando simultáneamente en la reducción del paro y en la mejora de los salarios reales. Todas las aspiraciones políticas, por loables que sean, deben subordinarse a esta meta para no interrumpir la expansión y alejar los riesgos de volver a un pasado que no se debe repetir.