De las bondades de la Unidad de Mercado

Artículo de opinión de Almudena Semur, Gerente del IEE, en Expansión el 11 de diciembre de 2013.

 

Qué duda cabe de que nuestro país goza de un nivel de descentralización de los más altos de Europa lo que aporta innumerables ventajas. Pero que nadie se llame a engaño. En esta “desorganizada” organización del Estado de las Autonomías en la que a menudo se confunde soberanía con autonomía, no supimos ponerle límite al asunto, y entre otras cosas,  estropeamos la preservación de la Unidad de Mercado en España. Nadie en su sano juicio puede negar que diecisiete regulaciones distintas lastran la capacidad para  generar riqueza de nuestros agentes económicos. El acervo legislativo de las CCAA, auténtica Torre de Babel administrativa sin parangón en otras economías, ha provocado la fragmentación del mercado único convirtiéndolo en submercados regionales o locales que pesan como una losa sobre nuestro mercado interior en detrimento del crecimiento económico. Tal diversidad normativa, la mayoría de veces contradictoria, se extiende caprichosamente a lo largo de nuestra geografía, ya sea por cosas tan simples como el etiquetado, o ya sea por las diferentes normativas relacionadas con la seguridad ambiental, o con la composición del  producto.

Con el objeto de favorecer la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, principio que, por otra parte, ya funciona en la Unión Europea, se ha aprobado la Ley de Unidad de Mercado, que no solo impulsara nuestro PIB en 1,52% en diez años, lo que supone un incremento anual del 0,15% al año, equivalente a 1.500 millones de euros, sino que nos hará mucho más atractivos al favorecer la inversión exterior. Pero a pesar de que su aprobación supuso un paso de gigante en la vorágine reformista en la que estamos inmersos, las opiniones suscitadas fueron  para todos los gustos en su  trámite de aprobación parlamentaria. Para unos, la medida, no hacía otra cosa que consolidar la radicalización del gobierno en su afán centralizador de las competencias y desregulaciones que hoy están en manos de las CCAA. Lo que se pretende, decían, es pasar de un de un mercado “convenientemente regulado” que satisface el interés general, a favorecer los intereses de un “mercadillo”. Lloraba la gran voz del coro griego. Por favor, no estamos en un zoco tejiendo alfombras. Se trata de fortalecer nuestro mercado sin obligar a un empresario o a un fabricante de ámbito nacional a instalar distintas  líneas de producción que le suponen  mayores costes y menor aprovechamiento de las economías de escala por tener que cumplir distintas normativas, ya sean estatales, autonómicas o locales. Al fin y al cabo son los empresarios los que nos van a sacar de la crisis, por lo que no resulta conveniente reducir su potencial de crecimiento.

Por el contrario, para otros, la ley no es centralizadora, lo hubiera sido, si se hubieran unificado competencias. La ley se ha quedado corta. Clamaban.

Otras voces, como no podía ser de otra manera, y sin mover un ápice la ceja no dudaron en señalar que la ley no suponía ninguna “simplificación normativa.” Y eso que se han analizado 6.500 normas con posible impacto en la unidad de mercado proponiéndose la eliminación o modificación de 2.700. Esta ley,  rugía el león del Gran Circo Ruso, “lo que busca es una recentralización competencial del nacionalismo centralista español creando facultades para suspender la autonomía”. Esta ley, concluía, “es una competencia desleal a las empresas catalanas”.

Ante tamaña afirmación, probablemente más de uno pensará que las empresas catalanas cuyo socio principal es España, no son ONGS, y lógicamente, lo que querrán es obtener beneficios  y que se den las condiciones mas favorables en el mercado para poder operar con su principal socio que, dicho sea de paso, es con el que ganan mas dinero. De sobra sabe el empresariado catalán de las bondades que se derivan de un mercado integrado y amplio, y de los perjuicios que puede ocasionar su ruptura. Las ventajas de economías de escala, la división del trabajo y la intensidad de la competencia conducen, sin lugar a dudas,  a menores costes de producción, a una mejora de la productividad y de la eficiencia lo que repercute en la creación de empleo y de bienestar para los ciudadanos. Precisamente, hace cincuenta años, estas fueron las razones que dieron origen a la creación de la Unión Europea. No tendría ningún sentido que después de haber abierto nuestro mercado a la Unión Europea por medio de la integración en un mercado único, lo cerráramos debido a la transferencia de competencias a las CCAA. Un mercado no puede  integrarse en otro más amplio como es el de la Unión Europea y fragmentarse, al mismo tiempo, como es el caso del nuestro. Esto, no solo no tiene sentido, sino que es imposible.