La necesaria reforma de la financiación autonómica

Artículo publicado por Almudena Semur, Coordinadora del Servicio de Estudios, el 27 de noviembre en Expansión

 

Tanto Cataluña como otras comunidades autónomas han venido denunciando ciertos defectos del actual sistema de financiación y que el mismo necesita una revisión dentro del marco constitucional. Pero cosa bien distinta fueron las exigencias esgrimidas por la Generalitat de Cataluña para que el Gobierno central tuviera que aceptar un giro tan radical y diera el visto bueno a las medidas introducidas en el Pacto Fiscal, medidas que quedaban extramuros de nuestra Constitución, al pretender trasladar los privilegios del concierto vasco o Navarro a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esto es, la Generalitat de Cataluña, a través de su Agencia Tributaria propia, asumiría la regulación, gestión, recaudación e inspección de los tributos y aportaría a las arcas del Estado una cantidad que se negociaría cada cinco años de una manera bilateral. La cantidad aportada cubriría el coste de las competencias no transferidas y otra parte se destinaría a cubrir su porcentaje de solidaridad prefijado por la voluntad de las autoridades catalanas.

La propuesta impulsada por la Generalitat, además, pretendía pasar de un sistema de relaciones fiscales basado en la Constitución donde las comunidades autónomas deciden conjuntamente con el Estado a través del Consejo de Política Fiscal, a un sistema de relaciones bilaterales a través de una comisión mixta Estado–Generalitat, mas propia de estados soberanos.

Cierto es que el sistema de Financiación actual adolece de determinados fallos y necesita de una revisión en profundidad, pero más cierto es que nuestros dirigentes políticos han ido condicionando las sucesivas reformas del modelo a apoyos políticos en épocas electorales. Por ello, buena parte de la reforma no solo tendrá que suplir las carencias del actual sistema en cuanto al arbitrario reparto de las transferencias del Estado a las comunidades a través del Fondo de Suficiencia; además, tendrá que ir encaminada a forzar que nuestras autonomías tengan un mayor compromiso de responsabilidad fiscal en cuanto ala recaudación delos tributos, y en cuanto a determinados recortes en las necesidades de gasto.

Tal y como está diseñado nuestro sistema de financiación, un ciudadano de Cataluña o Madrid, por ejemplo, paga mas por IRPF que uno de Extremadura o de la Rioja con un mismo nivel de ingresos. Pero esto es debido a que nuestro actual sistema permite que las comunidades tengan capacidad para aumentar o disminuirla tarifa en el tramo autonómico del impuesto, o puedan elevar los mínimos exentos. Aunque a los ojos del ciudadanos siga persistiendo la idea de que una buena parte delos tributos que recaudan acaba en las arcas de los gobiernos autonómicos. Tal es el caso de la mitad del rendimiento del IRPF, del IVA o delos Impuestos especiales. Además de tener cedido totalmente el impuesto sobre TransmisionesPatrimonialesyActosJurídicosDocumentados,Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Matriculación.

La reforma del actual sistema de Financiación Autonómica no tendrá que ir solo dirigida a suplir los déficits de la actual sistema tanto en materia de equidad como de eficiencia, sino que tendrá que forzar que las Comunidades Autónomas cumplan y sean responsables con los compromisos adquiridos.

La nueva ley de estabilidad Presupuestaria supuso un buen paso e incluyó una serie de medidas que regulan la posible intervención de aquellas Comunidades Autónomas que no cumplan sus compromisos de estabilidad presupuestaria de forma grave y reiterada. Pero faltan mas pasos. Como señala Ángel de la Fuente, falta reforzar la efectividad de la norma. Para ello, sería conveniente automatizar de alguna manera el proceso de intervención en caso de llegarse a la suspensión de pagos de alguna administración territorial y fijar explícitamente los principios que deberán guiar la gestión de las administraciones intervenidas hasta que éstas normalicen su situación financiera.