La deuda más cara

Artículo de Joaquín Trigo, Director General del IEE, publicado el 24 de julio en El Mundo

 

La semana se inicia con la prima de riesgo de la deuda Española superando claramente el 635. La petición de rescate de la comunidad Valenciana se ve como una irrupción a la que se añadirán otras que, como esta primera, evidenciarán las dificultades de sanear las cuentas públicas del conjunto del Estado Español.

 

El Gobierno español ha tenido buen cuidado en ayudar a los ayuntamientos, reducir costes y aumentar los ingresos. En este proceso ha procurado minimizar los daños y repartir los sacrificios, cosechando manifestaciones y críticas. Vistas desde el resto de la UE las medidas adoptadas son unos paliativos suaves. Entre otras cosas porque ellos ya los han hecho y les cuesta entender por qué aquí no se hacen. Los próximos ajustes se valorarán del mismo modo, a menos que incluyan grandes despidos, venta de edificios, reducción del número de ayuntamientos y entidades subcentrales, eliminar partidas de gasto innecesarias … y al tiempo, generar nuevos ingresos.

 

Los dos envites van en la buena línea, sólo les falta contundencia y sin ella, las apariciones  semanales de alguna comunidad autónoma o ayuntamiento con dificultades, o los problemas de otros países ya intervenidos, pueden y en realidad lo hacen, crear inquietud. Sin cuestionar lo hecho, las medidas siguientes no deberían demorarse porque toda dilación lleva al aumento del volumen y del coste de la deuda. Aún es posible frenar el proceso si se recurre a las mismas acciones de los países que fueren intervenidos. Para evitarlo hay que adelantarse, drásticamente, en la reducción de costes y la ampliación de ingresos para eliminar lo que se pueda del principal pendiente y, así, aminorar la deuda y rebajar su coste.

 

En su momento los países nórdicos redujeron el número de administraciones subcentrales, enajenaron propiedades y derechos, recortaron prestaciones y aumentaron exacciones. En Alemania también se pasó por un proceso delicado al hacer la fusión con los Landers del éste. Las exigencias impuestas a Irlanda, Portugal y Grecia, salvando las diferencias, exceden con mucho a las nuestras y las situaciones también difieren. Convendría dar pasos como los expuestos y, además imponer tasas especificas a las posesiones de no residentes que las alquilan parte del año, con coste superior a los tenedores radicados en paraísos fiscales y deslindando según sus peculiaridades. Aún más, el gobierno aún no ha apelado directamente a la población para que aporte su grano a la superación de esta situación.