La huelga con razón o sin ella

Artículo de Joaquín Trigo, Director General del IEE, publicado el 17 de marzo en El Economista

 

Un paro laboral general es costoso, no sólo porque reduce la producción y deteriora la imagen del país sino que, con nuestras normas y prácticas, siempre hay grupos que fuerzan conductas legítimas sea informando o exhibiendo herramientas fuera de su ámbito. En el caso actual, además, la huelga trata de frenar el acercamiento de la normativa laboral española a las pautas que rigen en la UE.

 

La nueva normativa facilita la contratación, entre otras cosas, porque en caso de caída de ingresos o ventas durante nueve meses consecutivos, el despido sería más fácil y barato. Esto se presenta como una reducción de empleo, cuando lo que realmente frena la contratación es el riesgo de tener que despedir pagando cantidades muy por encima de la media de la UE, precisamente en plena caída de ingresos, con lo que se consigue perder empleos y empresas.

 

En los últimos tres años el número de procesos concursales fue de 5.096 en 2009, de 4.855 en 2010, y de 6.755 en 2011. En estos casos la inmensa mayor parte de las empresas no fue capaz de recuperarse y los trabajadores cobraron de FOGASA, poco y tarde. Sin embargo se insiste en que la nueva ley abarata el despido, cuando lo que busca la norma es el mantenimiento activo de las empresas, sin lo que no hay empleo actual ni futuro.

 

Otras alegaciones de los convocantes cuestionan que se elimine la autorización de de la DG de Trabajo para EREs, despidos y reducir la jornada. En realidad, la añoranza de la autarquía, con sus interventores sindicales, es un freno a la atracción de empresas extranjeras y un estímulo a la deslocalización de las nacionales. La posibilidad de tener convenio propio evita la dependencia de circunstancias incontrolables y eso mismo también se favorece cuando las pautas del trabajo se ajustan a las características de cada empresa, de sus actividades y clientes.

 

Las empresas contratan para producir, crecer y prosperar. Un despido injustificado genera malestar en la plantilla, con lo que la calidad de la producción y las relaciones internas se degradan e inciden negativamente en la relación con los clientes. A renglón seguido, el consejo de administración exige explicaciones de modo que las decisiones arbitrarias o mal fundamentadas acaban siendo penalizadas. Esta pauta es disuasoria y está en línea con el reconocimiento de las aportaciones de diverso tipo que pueden hacer todos los trabajadores, y que dejan de aportarse desde el momento en que son tratados de forma inadecuada.

 

Los cambios adicionales, como la supervisión del absentismo injustificado, tratan de evitar abusos, porque quienes lo hacen perjudican a los compañeros, a la empresa, a los clientes, a los profesionales de la sanidad que pierden el tiempo con cuentistas y tienen menos tiempo para atender a todos los demás ciudadanos –realmente enfermos- que ven reducido el tiempo que se les puede dar.

 

La negociación de los temas que, según se alega, justifican la huelga, tiene una larga trayectoria que trata de frenar el acercamiento de las leyes y prácticas españolas a las de la UE. Tras la última norma, queda mucho más por hacer, desde el papel asignado a los “liberados”, que ejercen incluso en las Administraciones Públicas hasta la propia ley de huelga, que debería asegurar servicios mínimos que nunca se han cumplido.