Reformas en marcha

Artículo de Joaquín Trigo, director general del IEE, publicado el 26 de febrero en La Vanguardia.

 

Los cambios en la normativa laboral dan pie a esperar una situación homologable con la vigente en la UE. Las áreas más necesitadas de adecuación a la economía abierta y la UE son la laboral y el gasto público. Acerca de la primera sorprende la rapidez con la que se puede perder el empleo, de modo que en 2007 el paro afectaba al 8,26% de la población activa. Esa tasa de paro era la menor desde 1980 pero en el cuarto trimestre de 2011 llegó al 22,85% de la población activa. Esta última cifra sólo la supera –entre los países que cuentan con una información homologable- Sudáfrica. Esta situación no es única; también en 1985 el 21,5% de la población activa estaba en paro y en 1994, según datos del INE se llegó al 24,12%.

En momentos de crecimiento la colocación sube, pero lentamente, de manera que para pasar desde el 24,15% de 1994 hasta el 8,26% de 2007 pasaron 13 años, mientras que para perderla bastó con cuatro. Una tasa de paro como la del 8%, excepcionalmente buena en España, coincide con la registrada en países como Japón y Estados Unidos en sus peores momentos. Un aspecto relevante y positivo del mercado laboral español es el aumento de la tasa de actividad, esto es el número de personas que trabajan o buscan empleo, en proporción al total de personas en edad activa que, en los años mencionados pasó desde el 58,9% al 73,9%, esto es, un aumento del 25,4%, mientras que en la UE (de 12 miembros) creció un 10,4%, pasando del 64,9% al 71,7%. Este cambio, debido en buena parte al aumento de las mujeres que trabajan fuera del hogar y a la inmigración, eleva significativamente la proporción de personas que desean emplearse en algo más de siete millones, esto es un 47%. Esto es, una mayor proporción de parados dentro de una población mayor.

El “2012 Index of Economic Freedom”, que elabora The Heritage Foundation, analiza diez criterios relevantes que puntúan entre 0 y 100, y que correlacionan positivamente con la renta per cápita de cada país. La media de las puntuaciones de España es de 69,1. Los aspectos peor valorados son el gasto público y la libertad laboral. Si la puntuación de estos dos aspectos estuviera en la media de la puntuación de los ocho restantes la nota media subiría a 75,3 con lo que España estaría en el cuarto lugar de Europa y el 15 del mundo y conseguir eso es posible.

El gasto público puede ordenarse en pocos años si hay voluntad y hay conciencia de que el número de ayuntamientos y autonomías en España duplica al de ayuntamientos y Landers en Alemania. Que las ayudas, subvenciones … mejoran su eficiencia y aportación si se quedan en la mitad, pero bien seleccionadas. Si se ajusta el gasto a los recursos disponibles mejora la calidad media … Parte de esta sobriedad necesaria se comienza a aplicar y eso permitirá –no de inmediato- reducir la carga fiscal de empresas y familias.

La segunda parte es delicada porque afecta directamente a las personas y sus creencias. Decía Ortega que el conocimiento lo tenemos pero las creencias nos tienen a nosotros. Una de estas comporta la convicción de que un alto coste de despido protege a los empleados y no afecta a la contratación. La evidencia del paro actual prueba que sin demanda se reduce el empleo, por cara que sea la indemnización, pues de no hacerlo, desaparecería la empresa y su plantilla. Es así porque la actividad empresarial convierte recursos actuales en productos y servicios que se esperan vender más tarde a precio mayor que su coste. Esa expectativa puede cambiar por muchas causas externas a la empresa, innovaciones, apertura de fronteras y otras que pueden hundir a un negocio próspero. Si, llegado el caso, se sabe que hay dificultades para reducir el nivel de empleo y de la actividad, esas barreras de salida actúan preventivamente para no contratar empleados, a menos que sea por un tiempo breve.

Esta pauta es nefasta para la empresa porque se pierden conocimientos y experiencia. También lo es para el empleado, que tiene que iniciar una nueva adaptación. El coste de la salida es una barrera que se anticipa y actúa como una barrera de entrada aún más dañina que el despido.

El origen de la rigidez laboral remite a la época de la autarquía: economía cerrada, poca innovación, alta emigración, capacidad de devaluar la moneda y baja tasa de actividad. De eso solo queda ahora la emigración, que es lo debería evitarse. Para eso está el empleo, pero sin demanda no lo hay. De ahí la conveniencia de que el sector público reduzca sus excesos para que las familias tengan liquidez y capacidad de compra. Aún así quedan muchas cosas que remiten al pasado, como el aumento de bajas laborales cuando mejores son la sanidad y la prevención, una regulación eficaz de la huelga, el papel de los liberados -presentes también en los ministerios- y otros.

La mejora de la contratación y del gasto público pondría sus indicadores al nivel de los restantes (derechos de propiedad, libertad fiscal, prevención ante la corrupción, libertad económica, calidad de la moneda, libertad de comercio de inversión y de financiación). La posición de España podría mejorar hasta el nivel de Luxemburgo: el 4º de Europa y el 13 del mundo … podría si la seriedad, trabajo y persistencia barren el oportunismo, la dependencia de las AA. PP. y las expectativas de recibir algo a cambio de nada.