Crisis de la deuda soberana

Artículo de Juan E. Iranzo, vicepresidente del IEE, publicado en el número del 31º aniversario del Nuevo Lunes el 20 de febrero de 2012.

 

Las perspectivas para la economía mundial han empeorado sensiblemente desde el verano, debido a la persistencia de ciertas debilidades en las economías desarrolladas y, sobre todo, por el agravamiento de la crisis de la deuda soberana en Europa, que ha llegado hasta el punto de que los mercados comiencen a descontar una posible ruptura del euro. Los efectos de esta crisis sobre la economía real ya han comenzado a sentirse, por la vía de un tensionamiento de las condiciones de crédito y del aumento de la incertidumbre. La forma en que los gobernantes europeos han encarado esta situación ha sido errónea. Los rescates solo han servido para reducir la presión sobre los países incumplidores para que realicen los necesarios ajustes de sus Cuentas Públicas. Ni los eurobonos ni la intervención del Banco Central Europeo, a través de una compra masiva de deuda, son la solución, porque con ello se contribuye a incrementar el riesgo moral y a aumentar la inflación. La única salida pasa por un compromiso, sin fisuras, con la reducción del déficit y con la implantación de ambiciosas reformas estructurales que incrementen la productividad y la capacidad de crecimiento a largo plazo.

En efecto, la recuperación de las economías desarrolladas, que al comienzo del 2011 parecía un hecho consolidado, ha sufrido un brusco frenazo, especialmente en Europa, como consecuencia de varios factores: la persistencia de los problemas en el sistema financiero, el lastre que para muchos países supone la absorción de sus burbujas inmobiliarias y de su elevado endeudamiento privado, y, por encima de todo, el recrudecimiento de la crisis de la deuda soberana.

Esta última, que se inició en Grecia y posteriormente se extendió a Portugal y a Irlanda, se ha amplificado y ha terminado por contagiar a otros países periféricos, fundamentalmente Italia y España, aunque algunas economías centrales, como la francesa, la belga o la austriaca, también han sufrido notables incrementos en las primas de riesgo de su deuda pública. La estrategia seguida hasta ahora por los Gobiernos europeos, consistente en expresar su compromiso de no dejar que ningún país quiebre, y en rescatar a los países en riesgo de impago -aunque fueran claramente insolventes, como sucede con el caso de Grecia-, ha sido un error. No solo no ha solucionado la crisis, sino que, además, ha generado un problema de riesgo moral: los países sin voluntad política, incapaces de implementar las medidas de ajuste necesarias para corregir su déficit, cuyo origen está en el aumento irresponsable del gasto público financiado con deuda, sienten que, en cualquier caso, van a ser salvados por Alemania y por el resto de los socios, de modo que no tienen por qué asumir el elevado coste político de dichas medidas.

La única salida a esta situación consiste en la demostración de un compromiso firme e inquebrantable de todos los Gobiernos con el objetivo de reducción del déficit, mediante la aprobación, por parte de cada uno de ellos, de una hoja de ruta clara y precisa que enumere medidas fiscales y presupuestarias concretas, así como las reformas estructurales que se van a llevar a cabo, un calendario y los objetivos que se deben cumplir así como la Ley de oro. La introducción de sistemas de mutualización de la deuda, como el eurobono o como la garantía parcial de pago mediante la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) adoptada el pasado mes de octubre, no es la solución, puesto que sigue adoleciendo de un problema de riesgo moral.

En cuanto a una implicación más explícita y decidida del Banco Central Europeo en la adquisición de deuda pública, además del riesgo moral, generaría un problema de inflación, puesto que la capacidad de esterilización de dichas compras no es ilimitada y terminaría por disparar la liquidez. Además, las actuaciones emprendidas hasta ahora ya han comprometido seriamente la independencia de la institución y su credibilidad como firme garante de la estabilidad de precios, que debe constituir su único objetivo. Con respecto a Grecia, no tiene sentido prolongar por más tiempo una situación que es insostenible. Incluso con la quita aprobada en la cumbre de octubre, dada la limitada capacidad de crecimiento de una economía tan poco competitiva y con tantas deficiencias estructurales, en pocos meses volverá a encontrarse en la misma situación financiera. No puede ser que los demás socios europeos sigan prestándole dinero. Si lo que preocupa es el impacto de su impago sobre los balances de las entidades financieras, deberían ser éstas las asistidas financieramente por Europa, pero no el Gobierno griego.

 

La dificultad que, en el contexto actual de indecisión política y de desconfianza, afrontan las entidades bancarias para refinanciar su deuda y encontrar capital con el que sanear sus balances está generando ya un problema de restricción crediticia. Los efectos contractivos sobre la actividad económica y sobre el comercio internacional de dicha restricción del crédito ya han comenzado a sentirse. Otra vía por la que la crisis de la deuda está afectando a la economía es a través del deterioro de las expectativas de los agentes económicos y del aumento de la incertidumbre hasta niveles paralizantes. Todo ello explica, en buena medida, el deterioro que han sufrido los indicadores económicos a partir del verano.